Intento de golpe: El caso de Brasil y el problema de la derecha autoritaria en el Continente

Una característica de este Siglo XXI es que los golpes de estado pueden ser “blandos”, “semi-duros” o “duros”. “Líquidos” o “clásicos”. Hay categorizaciones para todos los gustos y, al fin, todos son golpes. Todos alteran el sistema democrático y republicano, sustituyendo a gobiernos populares. La mayoría ha tenido hasta el presente otro modo que el clásico de los ocurridos en Latinoamérica en el Siglo XX, esto es que los militares no han salido de los cuarteles y volteado a los gobiernos electos por el pueblo, pero en muchos casos, han actuado no actuando, lo que dejó a los gobiernos huérfanos de la capacidad de sostener las instituciones. Se sabe la secuencia: La derecha autoritaria genera movimientos violentos que requieren del uso de la fuerza armada del Estado para sofocarlos. Cuando fuerzas de seguridad y militares no actúan, el gobierno cae por su propio peso o comienza a oradarse su gobernabilidad y su capacidad de transformación.

En la actualidad, en casos como el de Perú -con la destitución y encarcelamiento del presidente izquierdista Pedro Castillo- o Paraguay, en 2012, con el controvertido juicio político contra el obispo y entonces presidente Fernando Lugo, fueron las fuerzas de derecha a través del uso de “mecanismos legales” los que forzaron la caída de esas administraciones. En Bolivia, en 2018, cuando fue derrocado Evo Morales, primero la Policía fue liberando las zonas de actuación a los golpistas y luego el Ejército no salió de los cuarteles para defender las instituciones y autoridades democráticas. Ahora, en Brasil, fue la Policía de Brasilia, dirigida por un ex funcionario del ex presidente Jair Bolsonaro la que “liberó” el territorio de la capital para que avancen los golpistas. A la par, manifestantes piden en los cuarteles que el Ejército derroque al electo presidente de izquierda, Luis Ignacio “Lula” Da Silva. Las mecánicas pueden ser variadas, pero tratan de concluir en el mismo lugar: La “eyección” de gobiernos populares o, al menos, su desgaste o debilitamiento.

Muchos analistas y políticos mencionan con acierto la ocupación del Congreso de Estados Unidos por parte de seguidores de Donald Trump en 2021 y el intento de autogolpe de Estado de Trump como un paralelo al caso brasileño. Ocurrió, además, un 6 de enero, a dos semanas del final de mandato del empresario inmobiliario, y mientras el Congreso estadounidense se disponía a ratificar el triunfo del demócrata Joe Biden. Sin embargo, lo ocurrido este domingo en Brasilia tiene más condimentos latinomericanos, que norteamericanos.

En Brasil, la Policía de Brasilia liberó primero y escoltó, después, a los manifestantes que tomaron y produjeron destrozos en el Palacio del Planalto, el Congreso y la Corte. La Policía de la capital brasileña, que es gobernada por un bolsonarista, tiene como jefe al ex ministro de Justicia de Jair Bolsonaro, Anderson Torres. ¿Dónde estaba Torres al momento de la intentona? Según informan las agencias de noticias, en Orlando junto al ex presidente. A ello se suma que manifestantes bolsonaristas se manifiestan frente a distintos cuarteles del Ejército de ese país, reclamando que los militares depongan al gobierno de Lula y repongan a Bolsonaro. Es un intento golpista más allá de que a estas horas pareciera haber fracasado, tanto por falta de apoyo militar como de las principales fuerzas económicas brasileñas.

Como ocurre siempre, detrás del movimiento de manifestantes y fuerzas de seguridad, aparecen intereses económicos. Lula en su discurso desde San Pablo acusó que la financiación del intento golpista provino del “agronegocio”, la “minería ilegal” y “industria forestal”. Estos sectores fueron beneficiados por la política de Bolsonaro de abandono del Amazonas, que produjo la mayor agresión ambiental vista jamás en ese territorio considerado “pulmón” del planeta. Sin embargo, en principio, son capitalistas marginales, no fuerzas económicas centrales del proceso productivo brasileño. Esa cuestión permite entrever que rápidamente será sofocada la asonada golpista.

Pese a ello, lo sucedido en Brasil muestra que la derecha global y los intereses económicos que la sostienen, tanto en términos planetarios como locales, no pueden ser contenidas por los sistemas democráticos y republicanos. Son derechas autoritarias, que no sólo actúan en defensa de los intereses de grandes corporaciones o sectores económicos locales, sino del capital financiero globalizado. También se trata de políticas asentadas en intereses geopolíticos mayores, signados por la nueva “guerra fría”, donde está en disputa la hegemonía mundial entre Estados Unidos y China. Esos motivos son los que explican que se sucedan en casi todo el continente movimientos que condicionan o desgastan a gobiernos populistas o de izquierda o directamente los derrumban.

El caso de Brasil, por su tamaño geográfico y poblacional, por su relevancia económica, y por la contextura de sus fuerzas productivas, es un caso máximo, que excede el nombre de Bolsonaro o la simplificacón de pensar que la promoción de discursos de odio es el problema. Los discursos son una herramienta de la política, el núcleo de la política, la fuerza que le da entidad, es la ideología y el sistema económico representado. El caso de Brasil confirma que los bloques populares serán hostigados o derrocados, sin importar si se trata de gobiernos legítimos, legales y con apoyo social o no. Es una era de convulsiones y disputas extremas.

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