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Iniciativa popular, esa fantástica herramienta de participación ciudadana ignorada por el gobierno

El edificio de la Caja de Jubilaciones de la Provincia.

La reforma de la Constitución de Córdoba, en 1987 en sus arts. 30/31/32 incorpora una interesante institución propia de las democracias modernas. La iniciativa popular, consulta popular y el referéndum siendo nuestra provincia pionera en abrir las puertas a la democracia semidirecta. No obstante, esto no mejoró en absoluto la posibilidad de que la ciudadanía tomara parte en algunas de las decisiones de sus gobiernos como su letra y espíritu lo imponen. Al contrario, en sus casi 40 años, en Córdoba hubo una sola consulta popular, demagógica, por cierto, y con marcada intencionalidad política.

Repasemos: En plena crisis política y económica del 2001 y en aquel entendible, aunque polémico reclamo de la sociedad “que se vayan todos”, el ex gobernador De La Sota impulsó una consulta con la finalidad de romper el sistema bicameral, imperdonable en una de las provincias más grandes y pobladas del país. El argumento, artero, por cierto, fue preguntarle a la ciudadanía si querían dos cámaras con 133 miembros, o una sola de 70, prometiendo una drástica reducción en el presupuesto de su funcionamiento. Acompañada con una fuerte campaña tendenciosa por el SI, era cantado el resultado.

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A la luz de los hechos bien podríamos afirmar que lejos de ser una actitud democrática, fue claramente una estrategia en la búsqueda de posicionarse en la provincia a poco de estrenar su tan deseado cargo de gobernador. Quienes le creyeron, a esta altura ya de sobra saben que lejos de un ahorro económico, hoy el presupuesto para 70 legisladores es igual al del año 2001 con el sistema bicameral, aunque se gaste en cuestiones ridículas y altamente cuestionables.

Se estima que en el 2001 con 133 legisladores la planta de personal entre contratados y permanentes rondaba en 1.200 personas, hoy esta legislatura con 70 miembros tiene una estructura alrededor de 1.720. Más claro echémosle agua. Pero además el derroche es gigantesco, ya que además de los contratados ñoquis y fantasmas que puso en evidencia el oscuro manejo de la legislatura con el caso Kraisman, los gastos son tan elevados como ridículos. Solo en homenajes, cortesías y la “mar en coche”, incluido ese ridículo programa “Nuestra Bandera”, asciende a cifras escandalosas por los montos, pero además por la inutilidad de su destino.

Después de casi 40 años por primera vez y en un hecho histórico para Córdoba, un grupo de jubilados presentó un proyecto de iniciativa popular. Este fue acompañado por 38 mil firmas debidamente certificadas, superando ampliamente lo exigido por la ley. Aquí no hubo aparato político, ni recursos económicos, ni estructura gremial para trabajarlo. Hago un paréntesis en la cuestión gremial, porque hubo comprobadas acciones dentro de una de esas organizaciones interesadas en desmovilizar esa iniciativa, por suerte muy excepcionales y sin resultado. La iniciativa fue una “gesta”, aunque parezca exagerado el término, “lo hicieron a puro pulmón” y motivados por la convicción de la legitimidad del recamo y la angustia de ver cómo, en varios años, se les fue quitando lo que les correspondía después de haber aportado y trabajado para el Estado por más de 30 años.

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El proyecto ameritaba un debate profundo respecto del déficit de la caja, sobre derechos adquiridos que se desprenden de la interpretación de la Constitución que establece la “proporcionalidad” para los haberes jubilatorios y de ley 8.024 injusta e interesadamente modificadas por las leyes 10.333 y 10.694 bajo la gobernación de Schiaretti. La primera en los últimos días de diciembre, como siempre hacen los estropicios parlamentarios y la segunda en plena pandemia de covid de manera virtual y sobre tablas. Idéntica estrategia antidemocrática usaron para tratar la iniciativa popular. Y bajo su número de expediente sancionaron la ley de emergencia de la caja.

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Otro paréntesis. “Esta sanción es de dudosa legitimidad”. No hay antecedentes de esta naturaleza en toda la historia parlamentaria de Córdoba. Bajo ese número de expediente, se eliminó el contenido de la iniciativa popular para dar lugar a la mal llamada ley de Equidad que otorgó una discrecionalidad inadmisible al gobierno para modificar el sistema cuantas veces quiera. El comportamiento de legisladores oficialistas y de los otros, aquellos que vendieron su alma al diablo fue lamentable. La sesión, un espanto. Como se dice vulgarmente “entre gallos y medianoche” llegó la trampa. Se burlaron de un instrumento valioso de la democracia semidirecta, y el parlamento pierde una vez más el respeto que debiera conservar.

Como no traer aquí a colación aquellos que presentaron el proyecto de la legalización del juego on line. Pero no quiero desviarme de lo que representó esa iniciativa popular. Inédito no solo en Córdoba, también a nivel nacional (aquí solo hubo algo parecido en otro contexto en el 2002). La iniciativa, fue injustamente vapuleada por los impresentables voceros que eligió el gobernador para descalificarla cuando pretendieron, sin resultado, enfrentar a los jubilados con otros sectores de la población También fue llamativo el desinterés de los medios de comunicación, salvo algunas y muy honrosas excepciones.

El Valle

En el entorno del gobierno festejaron que la iniciativa hubiera pasado casi “sin penas ni gloria”. Se equivocan, ningún jubilado lo va a olvidar. Tampoco los ciudadanos que saben interpretar el art 31 en su letra y espíritu y aquellos medios que siguieron atentamente el desarrollo de la sesión. La ley reglamentaria impone 12 meses dentro de los cuales el proyecto debe ser debatido. Aquí fue girado a varias comisiones, pero solo estuvo en consideración algunas horas.

El procedimiento en un parlamento democrático indica que en casos sensibles como el del sistema previsional contemplado en este caso en una iniciativa popular, se convoca a especialista en la materia, organizaciones gremiales, funcionarios del gobierno, etc. Pero en la Isla de Córdoba, nada de eso ocurrió, aunque paradójicamente todo puede ocurrir, incluso violentar las prácticas de la buena gobernanza, como quedó evidenciado en el reprochable comportamiento de su parlamento.

* Griselda Baldata. Diputada Nacional (MC).

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