La indagatoria al expresidente Mauricio Macri por supuesto espionaje ilegal a los familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan fue suspendida ayer a pedido de su abogado, quien consideró necesario que se le levantara a su cliente el deber de guardar secreto sobre asuntos de inteligencia, un trámite que fue cumplimentado horas después por un decreto del presidente Alberto Fernández.
Macri ingresó poco antes de las 12 al juzgado federal de Dolores a cargo de Martín Bava junto a su abogado Pablo Lanusse y se retiró casi una hora después sin declarar.
Según explicaron las fuentes, cuando iba a comenzar el trámite se informó que, por su condición de ex mandatario, está obligado a guardar secreto de Estado.
La Agencia Federal de Inteligencia (AFI) informó al juzgado no estar en condiciones de relevarlo de esta obligación ya que el pedido debe hacerse ante el presidente de la Nación Alberto Fernández. Ante esto, la defensa solicitó la suspensión de la audiencia y el juez hizo lugar.
La nueva fecha se fijará una vez que se cumpla con este requisito para que Macri pueda hablar o responder preguntas vinculadas a cuestiones de inteligencia.
Macri llegó a las 10.30, a la sede de la Municipalidad de Dolores, donde mantuvo una reunión con dirigentes del PRO, como Jorge Macri y el jefe comunal, Luis María Camilo Etchevarren.
Desde antes de las 7, comenzaron a llegar a la sede del juzgado, ubicado sobre la calle Buenos Aires en el centro de Dolores, efectivos de la Policía Federal que cortaron la calle y desplegaron un operativo de seguridad, en tanto que se registra una importante presencia de medios de comunicación.
A dos cuadras del juzgado, en la Plaza Castelli, se montó una especie de escenario en el acoplado de un camión, donde se desarrolló un acto de apoyo a Macri organizado desde Juntos por el Cambio (JxC).
A horas de la indagatoria, el tribunal de apelaciones rechazó la recusación con la cual la defensa de Macri pretendía correr de la causa al juez que el 1 de octubre dispuso que se lo convocara a dar explicaciones por el supuesto espionaje a familiares de las víctimas del ARA San Juan.
Macri está imputado desde hace más de un año por supuestas maniobras de espionaje ilegal que, de acuerdo con la investigación judicial, habrían tenido por objetivo monitorear las actividades de las organizaciones de familiares de las víctimas del hundimiento del submarino San Juan “desde la perspectiva de la afectación a la imagen de la gestión de Gobierno”.
Se lo acusa de haber ordenado y posibilitado, entre diciembre de 2017 y finales del 2018, “la realización sistemática de tareas de inteligencia expresamente prohibidas por la Ley 25.520 y sus modificatorias, consistentes en la obtención de información, producción de inteligencia y almacenamiento de datos sobre personas, por su opinión política o su pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias y de derechos humanos”.
“Entre esas tareas de espionaje prohibidas por ley, se le imputa haber ordenado y posibilitado la realización de numerosas de ellas con el propósito de obtener datos personales e información de los familiares y allegados de los tripulantes del submarino ARA San Juan”, dice la imputación que leerá hoy el juez Bava y que ya fue expuesta en el llamado a indagatoria.
Las acciones ilegales “buscaban influir en la situación política e institucional del país, puntualmente respecto a los reclamos que realizaban los mismos por el hundimiento de dicho submarino y la consecuente muerte de sus familiares, como así también apuntaban a conocer sus actividades, los lugares donde se reunían, sus datos personales y los de su entorno, como la identificación de sus referentes”, se indicó en la imputación.
En las declaraciones previas a su indagatoria -como aquellas que le dio al Noticiero 7 de Santiago del Estero- el expresidente Macri intentó desvincularse del supuesto espionaje, cuestionó al juez Bava y dijo que su citación a indagatoria tiene que ver con que el magistrado desconoce cómo trabaja la Casa Militar.
Lo primero que señaló fue que el juez Bava es “manifiestamente incompetente” porque, entre otras cosas, “el ARA San Juan no se hundió en Dolores”, ni él trabajó en Dolores y “los servicios de inteligencia nacionales no trabajan en Dolores”.
En esos dichos, el exmandatario confundió, por lo menos, dos expedientes: aquel en el que se investiga el hundimiento del submarino que tramita ante la jueza federal de Caleta Olivia Marta Yañez, mientras que lo que se investiga en Dolores es el espionaje a los familiares de las víctimas, ocurrido en Mar del Plata.
“Yo no espié a nadie, ni mandé a espiar a nadie. Ni en esta causa ni en ninguna otra”, se defendió Macri, quien se encuentra imputado desde septiembre del año pasado, cuando el primer fiscal que intervino en la causa, Daniel Adler, impulsó la investigación tras la denuncia de la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño.
A pesar de que Macri afirmara que la de hoy fue una convocatoria intempestiva y que él no estaba en el expediente, ya en la denuncia, la interventora de la AFI lo ubicó expresamente como el “responsable de fijar los lineamientos estratégicos y objetivos generales de la política de inteligencia nacional”.
Macri sostuvo que acusarlo por supuestas maniobras de espionaje ilegal “es desconocer cómo funciona la Casa Militar y la custodia del Presidente, que a cada lugar que va tiene que naturalmente saber con quién se va a reunir”.
Pero los documentos que dieron origen a la denuncia contra Macri no fueron elaborados por la Casa Militar ni encontrados en sus oficinas, sino que, según surge de la investigación, estaban en poder de la base Mar del Plata de la AFI, algo que está prohibido por la propia Ley de Inteligencia.
“Todas estas tareas de inteligencia ilegal no contaron con autorización judicial alguna, ni fueron justificadas por órdenes de servicio fundadas en razones de seguridad interior o defensa nacional y se realizaron”, sostuvo el juez en la imputación de Macri.
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