El ministro de Agricultura y Ganadería, Sergio Busso.
El comunicado de la Mesa de Enlace es de una inusual dureza con el gobierno cordobés. “Campos aún anegados, caminos intransitables, crecientes restricciones ambientales que acorralan al productor y una presión tributaria agobiante distinguen el clima de inversión en el que deberá moverse el campo cordobés si se aprueba el Proyecto oficial de Presupuesto para el año entrante”, dice el comunicado de la Mesa de Enlace Agropecuaria de Córdoba (Federación Agraria Argentina (FAA); Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (Cartez); Sociedad Rural Argentina; y por Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro)).
Por su parte, el ministro de Agricultura y Ganadería, Sergio Busso, afirmó que la crítica es “como mínimo, injusta, ya que las entidades saben que el Gobierno de Córdoba siempre estuvo al lado del sector agropecuario, incluso en los momentos más complicados, cuando apoyar al ruralismo significaba un destrato hacia la Provincia desde los estamentos nacionales. Creemos que en estos tiempos hay que ser responsables y adecuar los esfuerzos, cada uno desde su lugar y su ámbito”.
Busso agregó que “no es como dice el documento, eso de que el dinero que pone el agro cordobés no vuelve en infraestructura. Durante 2017 se gestionó una gran cantidad de obras en materia canalera y vial, y para 2018 se continuará con la misma política, ya que se destinarán 1.200 millones de pesos para la realización de obras tendientes a solucionar la problemática de los escurrimientos hídricos y otros 1.100 millones se volcarán a la recuperación, mantenimiento y apertura de trazados viales secundarios y terciarios. Además, se triplicará el presupuesto para conservación de suelos, por lo que seguiremos dotando de equipos e implementos a los consorcios. Todo lo que aporta el agro cordobés en impuestos vuelve al sector”.
Se mide con distinta vara entre las opiniones que se expresan hacia la Provincia por un lado, y hacia la Nación por el otro.” (Sergio Busso).
El presidente Mauricio Macri y el gobernador Juan Schiaretti.
“Además, considero que también se mide con distinta vara entre las opiniones que se expresan hacia la Provincia por un lado, y hacia la Nación por el otro, porque manifiestan que es desmedido el esfuerzo de invertir 350 millones con esta actualización, pero nada dicen de los reiterados pedidos que el gobernador Schiaretti hizo para la eliminación total de las retenciones a la soja, que le quita al sector productivo local nada menos que 21 mil millones de pesos que van al Gobierno Central para su manejo discrecional. Tampoco veo que levanten la voz sobre las equivocadas políticas con respecto a los biocombustibles, específicamente sobre el etanol de maíz”, continuó el ministro.
Los aumentos previstos en el Presupuesto, señala Busso, “se segmentaron en niveles, de acuerdo al tamaño de la propiedad o valuación fiscal. Esto se hizo atendiendo a los propios pedidos de las entidades: en el grupo 1, se pagará un 27 por ciento; en el grupo 2, el impuesto se actualizará un 32,2 por ciento; y en el último grupo habrá un 42,1 por ciento de actualización”.
“Esto es inferior a lo presentado, por ejemplo, por la Provincia de Buenos Aires, con topes de hasta el 57 por ciento en campos del sudeste de esa jurisdicción. Pero también hay que decir que se eximirá el pago del Impuesto de Sellos en los contratos de tambos con usinas lácteas y que habrá una reducción para el caso de los arrendamientos rurales; también que se eliminará la alícuota diferencial de Ingresos Brutos para productos foráneos. Y aunque es algo que ya se viene llevando a cabo, se mantiene la reducción del 30 por ciento en el tributo. Tampoco es menor el dato de que en Buenos Aires se paga Ingresos Brutos a la producción primaria, y en Córdoba no”.
Los productores agropecuarios entienden otra cosa. “La política tributaria que desde algunas provincias se está diseñando para el año 2018 no parece favorecer el imprescindible clima de inversión y crecimiento inclusivo”.
El gobernador de Córdoba (Juan Schiaretti), con su intención ya manifiesta de incrementar el Impuesto Inmobiliario Rural muy por encima de la tasa de inflación y la falta de rediseño de la estructura estatal que tienda a eficientizar el gasto público para comenzar a disminuir la presión tributaria que pesa sobre el sector productivo, se muestra decidido a postergar, una vez más, ese ciclo virtuoso”
“El gobernador de Córdoba (Juan Schiaretti), con su intención ya manifiesta de incrementar el Impuesto Inmobiliario Rural muy por encima de la tasa de inflación y la falta de rediseño de la estructura estatal que tienda a eficientizar el gasto público para comenzar a disminuir la presión tributaria que pesa sobre el sector productivo, se muestra decidido a postergar, una vez más, ese ciclo virtuoso”, cuestionan las entidades.
Según la Mesa de Enlace, el “impuesto territorial en Córdoba se ha multiplicado por seis, tanto en moneda ‘fuerte’ (dólar) como a valor producto pero, claramente, los productores sufren a diario las consecuencias de que ese incremento desmedido del 600 por ciento no haya vuelto en obras de infraestructura que faciliten y potencien su capacidad de generar alimentos y energía para nuestro país y el mundo, al menos con la velocidad de concreción con que el Ejecutivo provincial las imagina y publicita”.
CÓMO SERÁ LA ACTUALIZACIÓN
El Inmobiliario Rural se incrementará de modo segmentado en tres categorías:
-Grupo 1, Pequeños, de menos de 50 hectáreas, que para las autoridades representan el 67%: la suba será del 27%. La valuación deberá ser menor a un millón de pesos. También se incluye en este Grupo, a los campos de entre 50 a 200 hectáreas pero valuadas en menos de 200 mil pesos.
-Grupo 2, Medianos, de 51 a 200 hectáreas, el 23% del total: tendrán aumentos del 32,2%. Se ubica en esta categoría a los campos de entre 51 y 200 hectáreas valuadas entre 200 mil y 3 millones de pesos o de menos de 50 hectáreas pero cotizadas en más de un millón de pesos.
-Grupo 3, “Grandes”, de más de 200 hectáreas, que según los funcionarios son el 10%: recibirán cedulones con incrementos del 42%. En ese segmento estarán los inmuebles de más de 200 hectáreas valuados en más de 1,7 millón de pesos. También las de entre 50 y 200 hectáreas cotizadas en más de 3 millones de pesos o las de menos de 50 hectáreas con valuaciones mayores de 3 millones de pesos.
Los aportes para los diferentes Fondos:
-Se ajustarán un 25% (Fondo de Mantenimiento de la Red Firme Natural (FoMarFin); Fondo Rural para Infraestructura y Gasoductos (Frig); Fondo para Consorcios Canaleros (FCC); y Fondo para Infraestructura de Municipios y Comunas (FIMuC)).
Base Imponible de los campos:
-No se ajustará en 2018. Cabe recordar que el año pasado se aplicó una actualización que, según señaló a Agroverdad del presidente de CARTEZ, Gabriel De Raedemaeker, fue del orden del 1.500%.
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