La Convención Nacional de la UCR suspendió a los diputados que cambiaron su voto y apoyaron el veto al aumento a los jubilados y al cambio de la fórmula de movilidad jubilatoria, entre otros puntos. También pidió al Tribunal de Ética que analice si corresponde expulsarlos. Los legisladores sancionados son el cordobés, Luis Picat, Mariano Campero (Tucumán), Pablo Cervi (Neuquén) y Martín Arjol (Misiones). En tanto, que la conducta de los dos legisladores que se abstuvieron, Roxana Reyes (Santa Cruz) y Gerardo Cipollini (Chaco), deberá ser considerada por el Tribunal de Ética.
Tanto el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, como el titular del bloque de Diputados de la UCR, el cordobés Rodrigo De Loredo, defendieron a los legisladores que quedaron con un pie afuera del partido.
Cabe recordar que el presidente Javier Milei logró que la Cámara de Diputados ratifique el veto a la reforma de la movilidad jubilatoria que mejoraba los haberes de la clase pasiva. Para ello, consiguió el aporte de diputados de la UCR, el Pro y los partidos provinciales de Salta, Neuquén, Río Negro y Misiones, además de evitar fugas propias. Por esa vía sumó 15 votos y consiguió que la oposición no lograra los dos tercios de los legisladores presentes para rechazar el veto presidencial.
Argumenta la mesa directiva de la Convención radical que toma la medida “conforme dispone el artículo 53 de la Carta orgánica de la Unión Cívica Radical, que faculta a esta Mesa a denunciar ante el Tribunal Nacional de Ética las faltas en la conducta de los afiliados y dirigentes partidarios de todos los distritos cuando, por su investidura, lesionen la dignidad del partido”.
“Dicho artículo también faculta a esta Mesa Directiva a suspender preventivamente al afiliado en circunstancia graves, dejando la decisión final sobre esta media al Tribunal Nacional de Ética”, afirma el comunicado de prensa.
De este modo, resolvió “elevar la denuncia al Tribunal Nacional de Ética del partido, a efectos de que analice la conducta de los diputados nacionales afiliados al partido, Luis Picat, Mariano Campero, Pablo Cervi, Martín Arjol, Roxana Reyes y Gerardo Cipollini en los términos del artículo 53 de la Carta Orgánica”.
Luego dispuso “suspender preventivamente a los afiliados Luis Picat, Mariano Campero, Pablo Cervi y Martín Arjol hasta tanto el tribunal de ética juzgue su conducta de manera definitiva” y solicitó al presidente del Comité Nacional de la UCR, Martín Lousteau, y a los presidentes de bloque de ambas cámaras (De Loredo y Eduardo Vischi) para que “junto con las demás autoridades partidarias, convocando también a los gobernadores de nuestro partido, procuren establecer una mesa de diálogo en la cual se busque unificar criterios en el accionar legislativo y así evitar situación como la aquí analizadas”.
CORNEJO Y DE LOREDO
El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, cuestionó duramente la decisión. “La política de mayorías populares no es para sectas, ni se hace con purgas. La UCR no es una agrupación universitaria, es un partido nacional. Esta decisión está mal. Le pido a las autoridades del partido que asuman la tarea de conducir, no que sean la voz de una facción”, dijo.
“La decisión tomada por la mesa directiva de la Convención Nacional es inédita, de una gran irresponsabilidad y parcialidad selectiva. No es la primera vez que miembros del Bloque votan de manera diferente. Ni en Diputados ni en Senadores. No tiene ningún efecto directo sobre el Bloque de Diputados Nacionales de la UCR. Cualquier decisión sobre la conducta de los diputados que integran nuestro Bloque será tomada entre los pares, buscando siempre los consensos y sin posturas sesgadas dentro de un partido que incluye pluralidad de miradas”, terció De Loredo.
Honremos la historia de nuestro centenario partido con la reflexión y la mesura. Nuestro país demanda unidad, y la UCR debe ser el reflejo de ese camino. Excluir a estos diputados es excluir la representación de miles de argentinos y afiliados.
Hago un llamamiento a las… https://t.co/FvvcuWcp9B— Soledad Carrizo (@MSoleCarrizo) September 16, 2024
QUÉ DECÍA LA LEY VETADA POR MILEI
La ley vetada por el presidente Milei establecía una recomposición del 8,1% en las jubilaciones para complementar el 12,5% de incremento adicional otorgado en abril por el DNU 274/24 del Gobierno, y compensar por ese camino la inflación más alta del año, la de enero, con 20,6%.
También modificaba la fórmula de movilidad para la actualización de los haberes previsionales que contemplaba el índice de inflación como referencia, a la par que establecía un aumento del 50% por variación salarial (RIPTE) en marzo de cada año.
Por otro lado, se instruía a la ANSeS a cancelar la totalidad de las deudas que mantiene con las provincias cuyos sistemas previsionales no fueron transferidos al Estado nacional, como así también con los beneficiarios del SIPA que cuentan con sentencia firme dentro de un plazo de seis meses, prorrogable por seis más.
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