El Sindicato Único de Obreros y Empleados Municipales (SUOEM) rechazó este miércoles a través de una nota dirigida al intendente Daniel Passerini y el viceintendente, Javier Pretto, la creación del Ente de Fiscalización y Control, cuyo proyecto fue aprobado en primera lectura por el Concejo Deliberante de Córdoba Capital. La iniciativa contó con la adhesión de los concejales de Hacemos Unidos por Córdoba, la UCR y el Pro, y el rechazo del Frente Cívico y el FIT.
El Ente que se crea podrá autorizar, habilitar, fiscalizar y controlar el funcionamiento de los comercios y espectáculos. Se trata de funciones que en la actualidad se encuentran en manos del Estado municipal.
Luego de la aprobación en primera lectura, el cuerpo deliberativo someterá el proyecto a audiencia pública y posteriormente deberá tratarlo en segunda lectura.
Para el gremio municipal, que expresó su oposición al Ente desde fines del año pasado, el Ente es “Un grave retroceso que aumenta el gasto público y pone en riesgo a las y los trabajadores municipales”.
Señala, en el documento dado a conocer a la Prensa, que “dado el desatino y desubicación del gobierno municipal, que, en el marco de una terrible crisis económica, parece perdido, creando sin explicaciones un ente costoso a modo de cueva de habilitaciones, que atenta contra las buenas prácticas administrativas, crea conflictos de interés y retrocede en el tiempo, el SUOEM expresa su rechazo total al proyecto”.
Agrega que “para solucionar las críticas que Passerini le hace al ex intendente Martín Llaryora en su paso como intendente (pero con sus mismos funcionarios que omite denunciar), no son necesarias nuevas capas burocráticas, sistemas de inspección y habilitación que funcionen a espaldas de la ciudadanía ni aumentar el gasto público. Tampoco es necesario atentar contra los derechos de las y los trabajadores municipales”.
En esa línea, el SUOEM sostiene que “el Ente afectaría directamente las condiciones laborales municipales” y exige “la suspensión del tratamiento del proyecto hasta tanto se cumplimente con lo estipulado en la Ley de Asociaciones Sindicales”.
LOS RECLAMOS
El SUOEM advierte que “el art 3 inciso i) del proyecto al referirse a las funciones del Ente, importa un agravio real para el ejercicio legítimo de la función de los inspectores municipales, un palmario desconocimiento del carácter jurídico que la Jurisprudencia local le asigna a las actas de infracción labradas por inspectores municipales, como actos administrativos que gozan de presunción de legitimidad y veracidad”.
Precisa que “la posibilidad que el “ENTE” pueda modificar los efectos de un acta de infracción y otorgar o no el carácter de acta “verificada, segura e inmodificable”, desnaturaliza y deslegitima el ejercicio de la función por parte de los inspectores municipales, avasalla la normativa municipal respecto del contenido de las actas de infracción y el proceso de faltas plasmado en la Ordenanza 12010 (Organización de los Tribunales Administrativos Municipales de Faltas) , y atenta en contra de la objetividad y transparencia con la que el Estado Municipal está obligado a actuar”.
Dice también que la iniciativa “resulta ambigua, vaga e imprecisa en relación a los recursos humanos que ejercerán el poder de policía municipal en cumplimiento de las funciones que pretenden atribuirse al llamado Ente Municipal de Fiscalización y Control, en relación también al carácter jurídico de Ente, su carácter de persona jurídica distinta de la Municipalidad de Córdoba, el carácter jurídico de las relaciones de empleo que vinculen al ente con los trabajadores y trabajadoras que presten funciones en su ámbito”.
Puntualiza, en ese sentido, que “resulta impreciso el carácter de las transferencias posibles de agentes municipales que hoy cumplen funciones de inspectoría en las distintas Direcciones de Control que conforman el organigrama municipal, lo cual violenta gravemente el derecho a la estabilidad de los empleados públicos municipales que la Municipalidad de Córdoba está obligada a garantizar conforme el artículo 186 de la Constitución de la Provincia de Córdoba, ya que el concepto de estabilidad comprende el ejercicio de las funciones”.
Finalmente, el gremio rechaza la creación del Ente y solicita que “se cumpla con lo estipulado en la Ley de Asociaciones Sindicales Ley 23.551, garantizando a esta asociación sindical nuestro derecho de discutir el proyecto en representación de los trabajadores municipales y resguardo de las condiciones de trabajo”.
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