En una conferencia de prensa realizada este lunes, el vocero presidencial Manuel Adorni anunció que el Gobierno nacional avanzará con la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad, la eliminación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Comisión Nacional del Tránsito y Seguridad Vial, y la concesión de 9.120 kilómetros de rutas, una medida similar a la realizada en los años ’90 por el ex presidente Carlos Menem.
Estas medidas, que serán oficializadas mediante un decreto en el Boletín Oficial, se concretan a horas de que venzan las facultades delegadas otorgadas al presidente ultraderechista Javier Milei por la ley Bases, que finalizan este martes 8 de julio.
La reestructuración incluye la creación de la Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte, que reemplazará a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT). Esta nueva agencia será la autoridad encargada de fiscalizar las concesiones viales y verificará el cumplimiento normativo y contractual, además de investigar accidentes ferroviarios. Las funciones de diseño y planificación de infraestructura vial serán absorbidas por la Secretaría de Transporte y otras áreas del Ministerio de Economía.
La Dirección Nacional de Vialidad, que cuenta con 5.184 agentes (1.091 en Casa Central y 4.053 en 24 distritos viales), será eliminada, una medida que implica un recorte de 100 millones de dólares anuales, según explicó el gobierno. Las tareas de control de la Agencia Nacional de Seguridad Vial pasarán a manos de la Gendarmería, mientras que las funciones de la CNRT relacionadas con el transporte automotor serán asumidas por la Subsecretaría de Transporte Automotor del Ministerio de Economía.
Por otro lado, la Junta de Seguridad en el Transporte (JST) será reformulada como Agencia de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación, limitando su alcance al transporte aéreo civil para cumplir con los estándares de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). Las investigaciones de accidentes automotores serán absorbidas por la Secretaría de Transporte, y las ferroviarias, por la nueva Agencia de Control de Concesiones.
El Gobierno también anunció la licitación de 9.120 kilómetros de rutas nacionales, como parte de la reestructuración del sistema vial. Según el comunicado oficial, el esquema actual de Vialidad Nacional presenta una “dotación elevada” y una “configuración jerárquica extensiva” que generan altos costos operativos y retrasos en la ejecución de proyectos.
RECHAZO
DESMANTELAR VIALIDAD NACIONAL ES UN CASTIGO MÁS AL DESARROLLO FEDERAL
La decisión del Gobierno nacional de disolver la Dirección Nacional de Vialidad no sólo es irracional, es ajuste a sus trabajadores y es una agresión directa al desarrollo armónico del país.
Para La Pampa,… pic.twitter.com/IPIPyT6EA2
— Sergio Ziliotto (@ZiliottoSergio) July 7, 2025
OTROS ANUNCIOS
Además, este lunes se publicó el Decreto 452/2025 por el cual el gobierno unificó las tareas del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) en un único organismo que denominó Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad.
A su vez, por el Decreto 450/2025 desreguló el mercado eléctrico. Entre otros aspectos esta medida, libera la exportación e importación de energía, permite la libre contratación entre privados, otorga la libertad de elegir empresa proveedora e impide sumar a las facturas cargos por tasas municipales.
El gobierno también resolvió que el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) se transforme en una unidad organizativa dependiente de la Secretaría de Industria y Comercio.
Mientras que el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) pasará a ser un organismo que funcionará dentro de la órbita de la Secretaría de Agricultura, al igual que el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) y el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI).
Por otro lado, se disolvieron la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME), el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI) y el Instituto Nacional de Semillas (INASE).
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