Un año y medio después de que la crisis política y social desatada por el caso de gatillo fácil que terminó con la vida del adolescente Blas Correas lo eyectara del sillón de Jefe de Policía, el retirado comisario General Gustavo Vélez regresa al corazón del poder. Según pudo saber ENREDACCIÓN, en el mes de marzo fue contratado por el Banco de Córdoba, con el cargo de Gerente y un sueldo de casi 700 mil pesos, para que maneje la seguridad y vigilancia de la entidad bancaria.
Vélez estaba a cargo de la fuerza de seguridad provincial cuando en la madrugada del 6 de agosto de 2020 fue asesinado en un control policial, Blas Correas, un adolescente de 17 años. Luego del suceso, jefes y efectivos policiales intentaron encubrir el asesinato. La causa ya fue enviada a juicio con 13 policías imputados. También sucedieron otros dos hechos de “gatillo fácil” durante su jefatura, los de José Ávila y Joaquín Paredes.
De acuerdo a la descripción de su función en la entidad bancaria oficial que preside Daniel Tillard, Vélez se encarga de planificar, administrar y coordinar la seguridad física, monitoreo y vigilancia de la casa central, las sucursales y edificios. A su cargo están, por lo tanto, todos los vigiladores privados y policías que actúan en Bancor.
A través de un comunicado de prensa, la Asociación Bancaria denunció que “con estupor nos anoticiamos de la decisión de hacer lugar en la planta permanente del Banco de la Provincia de Córdoba a uno de los responsables políticos de la Policía de la Provincia al momento de los asesinatos de Blas Correas, José Ávila y Joaquín Paredes, hecho denunciado públicamente por la compañera del Banco Nación, Soledad Laciar, la mamá de Blas”.
Sigue diciendo el texto de La Bancaria, que Bancor contrató “al responsable funcional de los actos más terribles” y “lo hace ingresar por la ventana (sin concurso alguno) para que ejerza el control y la vigilancia de los bienes y personas de la institución”.
Gustavo Vélez fue pasado a retiro forzoso el 1 de noviembre de 2020 con parte de la plana mayor de la Policía Provincial. La decisión del gobernador Juan Schiaretti se produjo a partir del impacto social que generó el asesinato de Blas por parte de efectivos policiales. Si bien la resolución se tomó casi tres meses después del crimen, a medida que la investigación fue destapando el encubrimiento que intentaron realizar efectivos y jefes, el poder político se quedó sin margen.
Cabe recordar que Blas recibió un disparo mortal cuando viajaba junto a cuatro amigos en un Fiat Argo y no se detuvieron en un control policial. Los autores de los disparos fueron los cabos primero Javier Catriel Alarcón (32) y Lucas Damián Gómez (36), quienes están acusados por el fiscal José Mana como coautores de “homicidio agravado por el uso de arma de fuego y calificado por haber sido cometido en abuso de su función por un miembro de las fuerzas policiales” por el asesinato de Blas.
El adolescente Blas Correas, asesinado por efectivos policiales el 6 de agosto de 2020.
Por “encubrimiento por favorecimiento personal y real agravado por la calidad funcional y por la gravedad del hecho precedente y como autores del delito de omisión de deberes de funcionario público, respectivamente, en concurso ideal” fueron imputados el subcomisario Sergio Alejandro González (43), la agente Wanda Micaela Esquivel (33), la oficial ayudante Yamila Florencia Martínez (24), el comisario inspector Walter Eduardo Soria (44), el subcomisario Enzo Gustavo Quiroga (35) y el comisario inspector Jorge Ariel Galleguillo (45).
En tanto, que por falso testimonio y “encubrimiento por favorecimiento personal agravado por la calidad funcional y por la gravedad del hecho precedente, en concurso ideal” fueron imputados el cabo Leonardo Alejandro Martínez (28), el agente Rodrigo Emanuel Toloza (26), el oficial ayudante Ezequiel Agustín Vélez (25) y el cabo Leandro Alexis Quevedo (30).
Finalmente, el comisario Juan Antonio Gatica (45) será acusado en debate oral por “encubrimiento por favorecimiento personal agravado por la calidad funcional”.
Ahora, Vélez, que intentó sortear la crisis provocada por el accionar por fuera de la ley de sus subordinados y que llegó a decir que se trababa “de hechos puntuales”, vuelve a un lugar de relevancia como es Bancor. No es casualidad. Fue designado por Schiaretti el 10 de diciembre de 2015 y permaneció al mando de la Policía hasta el 1 de noviembre de 2020 cuando fue reemplazado por Liliana Zarate Belleti, la primera mujer jefa en 162 años de historia de la Policía cordobesa. Es un hombre de confianza del gobernador y de la mesa chica del PJ provincial, una ligazón que provenía de su carrera policial en el Eter, el cuerpo de fuerzas especiales de la Policía, y de su amistad con Alejo Paredes, otro Eter que fue jefe de Policía y ministro de Seguridad en la gestión de José Manuel De la Sota.
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