El diputado macrista del Parlasur Fabián “Pepín” Rodríguez Simón formalizó ayer el pedido para ser considerado refugiado en Uruguay por motivos políticos, luego de anunciar que se quedará en ese país y no volverá a la Argentina para prestar declaración indagatoria en la causa en la que está acusado de extorsionar a empresarios a los que el gobierno de Cambiemos consideró enemigos.
La decisión del operador judicial del ex presidente Mauricio Macri lo coloca en una situación reñida con la Justicia argentina dado que la jueza federal María Romilda Servini le había impuesto la prohibición de salir del país (decisión que fue apelada, pero aún no fue tratada por la Cámara Federal porteña) y, luego de algunas postergaciones, le fijó fecha de indagatoria para el próximo 17 de junio.
Ante el pedido de ser considerado un refugiado político en Uruguay, el dirigente del PRO y Juntos por el Cambio no podrá ser extraditado a la Argentina por un período de 90 días, plazo en el cual el país al que recurrió deberá definir su situación legal, según explicaron fuentes que siguen el caso.
Rodríguez Simón anunció a través de un comunicado enviado a los medios y por medio de una entrevista que le concedió al canal de noticias LN+ que no piensa regresar a Argentina, ya que se considera víctima de una “persecución” y porque tiene “temores fundados de que, si lo hiciera, sería privado indebidamente” de su libertad, con “peligro” para su seguridad.
La principal causa por la que Rodríguez Simón se encuentra imputado es la que tiene como denunciantes a los empresarios Fabián de Sousa y Cristóbal López, quienes lo acusan de ser el promotor de supuestas extorsiones contra ellos y sus empresas perpetradas durante el gobierno de Mauricio Macri.
Por otro lado, la jueza Servini recibió el informe elaborado por la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial de la Nación (Dajudeco) sobre las llamadas entrantes y salientes de un grupo de exfuncionarios acusados de formar parte de la denominada “mesa judicial” de Cambiemos, que habría orquestado las presiones sobre el Grupo Indalo, de López y De Sousa.
Ese grupo de funcionarios incluye a Macri, a Rodríguez Simón, al ex asesor presidencial José María Torello, al ex titular de la AFIP Alberto Abad y al ex director de Vialidad Nacional Javier Iguacel (luego ministro de Energía) y el informe incluye el análisis de los llamados que intercambiaron en 42 momentos distintos, considerados “hitos” para la investigación.
A cargo de la instrucción, porque la investigación no está delegada, Servini ahora deberá resolver si declara a “Pepín” en rebeldía, dado que ya anunció que no piensa presentarse a prestar declaración indagatoria, o si espera a que llegue la fecha prevista para ese acto procesal y allí decide qué hacer.
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