Los ministros de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, y de Educación, Nicolás Trotta, rechazaron hoy la posición de “las autoridades que desconocen un mandato de la autoridad judicial competente”, y manifestaron a los colegios privados de los distintos niveles de la Ciudad de Buenos Aires que se encuentra vigente el DNU 241/2021 que suspende la presencialidad escolar.
“Lamentamos que, en el momento de mayor riesgo sanitario y ante la evidencia del crecimiento sostenido de los casos de Covid-19, se genere una situación de incertidumbre que sin dudas aqueja a la ciudadanía y a la comunidad educativa toda, cuando no se respetan las normas federales dispuestas en el marco de una pandemia para cuidar la vida y la salud de la población”, señalaron.
Ambos ministros, en sendas notas que enviaron a las autoridades de entidades de los distintos niveles de la educación privada, ratificaron que el reciente decreto 241/2021 “es una norma federal vigente” por lo cual “corresponde sostener la continuidad educativa en contexto virtual” hasta el próximo día 30 de este mes “en todos los niveles y en todas las modalidades“ del AMBA.
Allí los funcionarios señalan su preocupación por el crecimiento de la curva de contagios por Covid-19, “a lo que se ha sumado una situación de incertidumbre y confusión ajena a la comunidad educativa” y con el fin de “aportar claridad y serenidad, condiciones indispensables para garantizar el derecho a la educación”, ratifican la vigencia del decreto 241/2021.
Los ministros expresan que no desconocen “la confusión que ha generado el dictado de una medida cautelar para continuar con las clases presenciales suspendidas por la norma federal citada, que fuera dispuesta por un tribunal local de la Ciudad de Buenos Aires”, el cual, aseguran, no es competente “para adoptar esa decisión”.
A tal situación se agrega que ayer el fallo de la Cámara porteña fue dejado “sin efecto por la justicia federal”, y que a ello “se suma que también tramita ante la Corte Suprema un expediente iniciado” por el gobierno porteño”, sostienen.
Sin nombrarlo, aluden al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, al referir que “las autoridades que desconocen un mandato de la autoridad judicial competente demuestran una actitud política y jurídica irresponsable”.
“Estamos como siempre a disposición para acompañarlos en el esfuerzo educativo que desarrollan en condiciones tan adversas, y contamos con su compromiso para que no se computen las inasistencias ni se adopten medidas compulsivas; todo ello con el fin de facilitar el trabajo escolar y una satisfactoria convivencia”, manifiestan Soria y Trotta a las autoridades de las entidades educativas.
Las notas fueron remitidas a las autoridades del Consejo Superior de Educación Católica (Consudec); de la Confederación Argentina de Instituciones de Enseñanza Privada (Caiep); Junta Coordinadora de Asociaciones de la Enseñanza Privada de la República Argentina (Coordiep), y de la Junta Nacional de Enseñanza Privada (Junep).
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