El diputado nacional de la UCR, Diego Mestre, presentó un proyecto de ley que propone deducciones con un tope de hasta 500 mil pesos. Alcanza a todo tipo de préstamos hipotecarios, incluidos los tomados con cláusulas UVA e UVI (que se actualizan por inflación).
Plantea modificar la Ley 20.628 de Impuesto a las Ganancias, con el objetivo de que se puedan deducir los intereses correspondientes a créditos hipotecarios otorgados para compra o construcción de viviendas con un tope de hasta 500 mil pesos.
La modificación está apuntada a los créditos UVA y UVI. La propuesta de Mestre prevé la posibilidad de deducir de Ganancias la totalidad de la cuota de dichos créditos, “aportando un respiro a quienes se han comprometido con una inversión para obtener su techo propio”.
“El Estado debe acompañar a los trabajadores con medidas que ayuden a la economía de aquellos que han tomado créditos hipotecarios, especialmente a quienes tienen los denominados créditos UVA y UVI que han quedado atrapados con obligaciones abrumadoras, por los efectos de una macroeconomía compleja a nivel mundial que afecta al monto de las cuotas”, argumentó el legislador cordobés.
En ese sentido, agregó que “una familia que tomó uno de esos préstamos hace sólo tres años hoy debe 132% más que entonces. El ajuste permanente, a través de la inflación, de los créditos UVA y UVI ha creado una situación de presión descomunal sobre quienes quieren acceder a su vivienda”.
Y explicó que, según el proyecto, “en el caso de los créditos UVA y UVI no solo se deduce el valor de los intereses, sino el correspondiente al ajuste del capital, más el capital propiamente dicho”.
“El esfuerzo fiscal por parte del Estado se verá compensado con la reactivación de la actividad de la construcción, que genera miles de empleos a lo largo del país, y se compensa con el inmenso beneficio social que significa crear la posibilidad para que miles de argentinos accedan a su vivienda propia”, fundamentó Mestre.
Mestre afirma finalmente que “el Congreso debe crear las condiciones para que los trabajadores argentinos puedan cancelar sus créditos hipotecarios sin dificultades adicionales, más allá de los movimientos de los mercados mundiales o el desempeño macroeconómico de la región”.
