El Interventor del Enargas, Federico Bernal, presentó una nueva denuncia penal contra el ex ministro de Energía Juan José Aranguren y otros seis ex funcionarios de su cartera, por supuestas anomalías detectadas en las auditorias y revisiones que habrían producido un perjuicio a los usuarios por más de US$ 1.343 millones, a través de los incrementos injustificados de tarifas.
El Enargas informó que la decisión fue tomada tras las auditorias realizadas a las empresas Transportadora Gas del Sur y la distribuidora Camuzzi Gas, a lo que se habría sumado “una serie de irregularidades y vicios administrativos”, lo que llevó al ente a recomendar al Poder Ejecutivo Nacional “declarar nulas las resoluciones de la Revisión Tarifaria Integral” para ambas licenciatarias.
La primera denuncia contra Aranguren -también realizada por Bernal- había sido presentada a fines de junio pasado, cuando objetó el mecanismo implementado para definir las tarifas de gas en 2018, ya que no se permitió la libre negociación del precio del gas entre las empresas productoras y distribuidoras, como establece la denominada Ley del Gas 24.076.
En la nueva presentación, junto con la recomendación de carácter administrativo, Bernal imputó a Aranguren y otros funcionarios por los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con la función pública y administración fraudulenta debiendo responder en calidad de coautores.
En las imputaciones están mencionados también Daniel Perrone, exsubinterventor y posterior director de Enargas; Andrés Chambouleyron, exsubsecretario de Coordinación de Política Tarifaria; David Tezanos, exinterventor de Enargas; Andrés Ferraris, exdirector nacional de Política Tarifaria y luego director Nacional de Economía de los Hidrocarburos.
La presentación comprende además a Juan Manuel Carassale, exjefe de Gabinete del Ministerio de Energía, y Graciela Cristina Bevacqua, exdirectora técnica del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).
Según la denuncia, se habría “manipulado y establecido arbitrariamente el factor de actualización de la base tarifaria de las licenciatarias del servicio público de transporte y distribución de gas por redes muy por encima del que hubiera surgido de un procedimiento administrativo correcto y transparente”.
Este mecanismo habría permitido derivar en “ingresos excepcionales e ilegales a las empresas de transporte y distribución del gas por un mínimo de 1.343 millones de dólares” que impactaron en las tarifas de los usuarios, aseguró Bernal en la denuncia.
El interventor precisó que la denuncia “incluyen mails en los que los mismos exfuncionarios denunciados hablaban que el factor de actualización debería rondar el 24, o menos, sin embargo el número que se tomó fue de 33, y es lo que hoy se sigue reflejando en las facturas”.
“Ese incremento artificial significó un incremento del 3.300% para este componente tarifario”, aseveró el funcionario.
De acuerdo con lo expresado por la intervención del Enargas, esta disposición habría permitido “asegurarles a dichas empresas un ingreso indebido solventado por los usuarios y las usuarias al pagar periódicamente las facturas de gas”.
El ente regulador aclaró que la denuncia se dirige también contra todas aquellas personas que eventualmente se identifiquen como penalmente responsables de los hechos que se pesquisarán.
Tras la presentación judicial, Bernal señaló a la prensa que las maniobras denunciadas revelan “un modus operandi similar al implementado en la causas peajes, es decir incluyendo hipotéticos reclamos ante el Ciadi, de las empresas licenciatarias, por montos también hipotéticos”.
De llegar alguno de esos planteos al organismo internacional dedicado al arreglo de diferencias relativas a inversiones, el interventor consideró que “se verá si gana el Estado o las empresas, pero de ninguna manera esos montos por eventuales reclamos deberían haberse incluido en la tarifa y es lo que siguen pagando hoy los usuarios”.
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