La Cámara Federal de Casación Penal rechazó por “inadmisible” un recurso dilatorio que presentó el ministro de Defensa, Oscar Aguad, en la causa en la que se investiga la licuación de la deuda de Correo Argentina de la familia Macri con el Estado (por no abonar la concesión de la compañía de la que era propietario). Aguad está imputado en el caso, al igual que el presidente Mauricio Macri.
La Sala IV de Casación, integrada por Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Javier Carbajo, declaró inadmisibles los recursos presentados por los abogados de Aguad (investigado por su rol como ex ministro de Comunicaciones), su entonces director de asuntos jurídicos Juan Manuel Morocoa, el titular del Correo, Jaime Cibils Robirosa, y el abogado de la empresa Jaime Kleidermacher.
Pretendían con su presentación que se revisara una resolución de la Cámara Federal que les había rechazó una excepción por falta de acción por inexistencia de delito y un pedido de nulidad del requerimiento del fiscal Gerardo Pollicita por el que se los citó a indagatoria.
El pacto entre subordinados de los Macri ubicados en los dos lados del mostrador se firmó el 28 de junio de 2016. Según el dictamen de Boquín, de hacerse efectivo hubiera implicado condonar el 98,87 por ciento de la deuda de la empresa con el Estado. Aguad y los otros tres funcionarios, fueron imputados por Pollicita por los delitos de administración fraudulenta y negociaciones incompatibles con la función pública. Lijo los indagó a fines de marzo, debía resolver sus situaciones procesales en diez días, pero ya pasaron casi seis meses.
A esa investigación, se le agrega que está en marcha una pericia contable de expertos de la Corte Suprema sobre maniobras de vaciamiento y posibles desvíos de dinero durante la etapa concursal (de Correo Argentino residual, propiedad de la familia presidencial). Se analizan los libros contables de Socma y Sideco, controlantes de Correo, y el uso dudoso de dinero de una empresa que se supone inactiva. Además, para controlar el funcionamiento de la compañía, la Justicia designó el miércoles un co-administrador.
EL NÚCLEO DE LA CAUSA
Correo Argentino ofreció pagar 296 millones de pesos (la deuda que tenía en 2002 con el Estado), cuando la acreencia actualizada era de 4500 millones de pesos. Aguad, que en ese momento era ministro de Comunicaciones, y los otros funcionarios habían aceptado el acuerdo.
