El legislador provincial, Walter Gispert (Frente Cívico), presentó un pedido de informes al Poder Ejecutivo en la Legislatura Unicameral por las muertes de Samuel Tobares y Jonathan Romo, ambas ocurridas durante operativos de la Policía de Córdoba.
“La provincia de Córdoba vuelve a estar bajo tensión ante dos nuevos hechos que reavivan el debate sobre la posible violencia institucional: las muertes de Samuel Tobares, en Villa Parque Siquimán, y Jonathan Romo, en La Falda. Ambos fallecieron bajo custodia policial, lo que derivó en la detención de agentes involucrados y en una fuerte preocupación social”, expresó Gispert a través de un comunicado de prensa.
“De acuerdo con los reportes periodísticos, Tobares —de 34 años— murió luego de ser interceptado, golpeado y detenido por efectivos de la Policía de Córdoba. Las pericias confirmaron múltiples traumatismos y dos agentes fueron imputados. En un antecedente cercano, Romo —de 35 años— perdió la vida por asfixia mecánica, hecho por el cual seis policías fueron detenidos, cuatro de ellos acusados de homicidio calificado”, recordó el legislador del departamento Punilla.
Agregó que “pese a la rápida intervención judicial, organizaciones sociales, referentes barriales y vecinos de Punilla sostienen que la responsabilidad no se agota en los policías acusados. Alertan sobre fallas profundas en la formación policial, en los mecanismos de control internos y en la conducción política del Ministerio de Seguridad.
Sigue diciendo que “en toda la región de Punilla, vecinos y organizaciones vienen reclamando mayor control institucional, formación en derechos humanos y protocolos específicos para intervenir en situaciones de crisis. La comunidad cordobesa exige respuestas y políticas claras que garanticen seguridad sin violencia”.
Plantea luego que “estos hechos no pueden naturalizarse ni tratarse como casos aislados. Lo que está en discusión es la responsabilidad del Estado provincial en garantizar la protección de los ciudadanos y la prevención del abuso institucional”.
Por último, señala que “a esta situación se suma la reciente aprobación de una Ley que habilita a los cuerpos de Seguridad Ciudadana municipales a intervenir en tareas de represión con tan solo tres meses de preparación” y advierte que “esta medida genera inquietud en diversos sectores sociales que reclaman mayor profesionalización, supervisión y preparación de quienes intervienen en situaciones críticas”.
—
SUSCRIBITE A DOSSIER360.
HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.
RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.
CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.
