La legisladora provincial Luciana Echevarría (MST-FITU) presentó en la Legislatura Unicameral un proyecto de Emergencia Ambiental Provincial y exigió que se declare también a nivel nacional, a raíz de los incendios que azotan la provincia. Echevarría recuerda que “en 5 años perdimos más de medio millón de hectáreas a manos del fuego” y denuncia que “en ese mismo periodo, el gobierno provincial redujo en un 40% el presupuesto del Plan de Manejo del Fuego, las consecuencias de esa política están a la vista”.
También plantea que “aunque digan que no se va a poder construir sobre las cenizas, porque la Ley de Bosques lo prohíbe, sabemos que eso no es así porque ni siquiera el propio gobierno lo cumple, por eso construyó la Autovía 5 sobre la cicatriz del fuego de 2020”.
Echevarría se pregunta luego: “¿Cómo puede ser que nuestra provincia arda todos los años y el gobierno siempre llegue tarde?” y responde que “hay dos opciones: o son inútiles o son cómplices, en cualquier caso, deberían correrse y poner todos los recursos necesarios en manos de las comunidades y organizaciones ambientales, que son quienes verdaderamente quieren resolver el problema y lo están dando todo”.
La legisladora trotskista crítica al presidente Javier Milei, que este miércoles arribó a la Provincia y sobrevoló la zona quemada, al afirmar que “aprovecha los incendios para disfrazarse y hacer campaña electoral. Si realmente le preocupara la situación no desfinanciaría todas las políticas ambientales ni impulsaría el RIGI que arranca por anular las leyes que protegen el ambiente”.
EL PROYECTO
La emergencia ambiental que plantea Echevarría es amplia y no alcanza sólo a situaciones relacionadas con los incendios, sino a un conjunto de actividades económicas que afectan el ambiente.
Entre ellas, en el Artículo 4° del proyecto, explicita las siguientes:
“Prohibición de las actividades altamente contaminantes: A partir de la sanción de la presente ley quedan terminantemente prohibidas las siguientes actividades productivas:
-Fumigación con agrotóxicos.
-Desmonte manual, mecánico, químico o de cualquier otra índole cuya finalidad sea el cambio de uso del suelo.
-Destilación de bioetanol en zona urbana y periurbana
-Vertido de líquidos cloacales sin tratamiento o con tratamiento deficiente a los cursos de agua.
-Modificación o manipulación del curso del agua ya sea de vertientes, ríos, arroyos, etc.
-Apertura de nuevos establecimientos de explotación intensiva de industria cárnica.
La legisladora Luciana Echevarría (MST – FIT Unidad).
-Monocultivo intensivo de especies agrícolas, forestales o industriales en grandes extensiones de tierra sin la aplicación de prácticas de rotación de cultivos o manejo agroecológico que promuevan la regeneración del suelo y la biodiversidad.
-Inicio de mega emprendimientos inmobiliarios sin licencia social”.
Luego propone declarar “la emergencia ambiental en todo el territorio provincial por el plazo de cinco (5) años corridos. (…) Pudiendo prorrogarse por igual plazo a propuesta de la Comisión Ambiental”.
También impulsa la creación de un Fondo de Emergencia Ambiental, integrado por “las sumas correspondientes al impuesto especial creado para tal fin” y detalla como contribuyentes de este impuesto especial a “los propietarios de más de 5000 hectáreas de campo; los propietarios de canteras u otros emprendimientos mineros a cielo abierto; y los propietarios de mega emprendimientos inmobiliarios”. A su vez, específica que “la escala de alícuotas del presente impuesto se determinará en la reglamentación de manera proporcional a la rentabilidad”.
UNA PROVINCIA “DEVASTADA”
En los fundamentos del proyecto de resolución, Echevarría señala que “nuestra provincia ha sido devastada en términos ambientales por años de políticas orientadas al uso de los bienes comunes con fines económicos, para beneficiar a un puñado de empresarios en claro detrimento de las mayorías trabajadoras. El territorio provincial ha sido sometido a un saqueo persistente y continuo que nos deja al día de la fecha un saldo realmente dramático y nos plantea la necesidad de actuar con urgencia para preservar lo poco que aún nos queda”.
Destaca en su presentación que durante los últimos incendios que “están arrasando con lo poco que queda de monte nativo; (…) ya son más de 40 mil las hectáreas afectadas y sigue habiendo focos activos. Éstas se suman al más de medio millón de hectáreas que se perdieron en los últimos 5 años”.
Apunta que “a principios del Siglo XX nuestra provincia tenía 12 millones de hectáreas de bosques nativos originales. Al día de hoy sólo quedan unas 300 mil hectáreas en pie. Es decir, hemos perdido, o mejor dicho se ha desmontado, más del 95% de nuestro bosque. Nuestra provincia tiene el triste récord en las últimas décadas de ser la que más ha deforestado en todo el país, presentando la tasa de desmonte más elevada”.
Detalla que “los factores que destruyen el bosque nativo son la tala selectiva para la obtención de maderas, postes, leña y carbón; los incendios forestales; la sobrecarga animal; la introducción de especies exóticas invasoras; la expansión urbanística para el negocio inmobiliario y la extensión de las fronteras agropecuarias con el monocultivo de soja y maíz. Las dos últimas son las que más incidieron en estos años”.
Precisa que “en 2010 (se aprobó) la Ley de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos n°9814. Pero dicha normativa llegó tarde, pues menos del 5% del bosque nativo quedaba en pie para esa fecha y al no haber voluntad política de implementarla realmente, hoy no es más que papel mojado. En los trágicos incendios del 2020 en el norte cordobés, este hecho fue evidente. Pues han sido zonas rojas las incendiadas sin tener cortafuegos, picadas perimetrales, ni ninguna otra infraestructura necesaria para proteger a nuestro valioso monte, tal como lo requiere la ley. Y luego de eso, en el Valle de Paravachasca un tramo de la Autovía 5 se construyó sobre la cicatriz del fuego, yendo en contra de lo que la Ley establece de la prohibición del uso de fuego para el cambio de uso de suelo”.
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