La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) Regional Córdoba, rechazó la construcción de la ruta E64 para unir La Calera con la Ruta 20 a través de la reserva natural de La Calera, ubicado en los terrenos del III Cuerpo de Ejército. También exigió al gobierno provincial que se preserve la Reserva Natural y se busquen los cuerpos de los desaparecidos durante la dictadura cívico-militar que podrían estar enterrados en ese lugar.
Dice el documento de la APDH que el gobernador de la Provincia, Martín Llaryora, ha anunciado la próxima pavimentación del callejón (camino E64) que une la ciudad de La Calera con la Ruta Nacional N° 20 a altura de la ciudad de Malagueño, atravesando la Reserva Natural La Calera (RNLC) ex campo del Tercer Cuerpo del Ejército.
Agrega que “lo que se presenta como una obra vial de carácter vecinal, en realidad anuncia la urbanización y destrucción de una Reserva Natural, porque la pavimentación significa abrirle la puerta a la explotación inmobiliaria, como ha venido ocurriendo en terrenos similares de las Sierras Chicas. Desde hace décadas, esas tierras son apetecidas por las corporaciones inmobiliarias para urbanizar la reserva a fuerza de la instalación de countries o barrios cerrados, como hicieron en los campos aledaños a las ciudades de La Calera y a Malagueño”.
En esa línea, el organismo de derechos humanos demanda a la provincia que “no intervenga sobre la Reserva Natural La Calera pavimentando caminos o promoviendo su urbanización de cualquier otro modo. Evite el daño material, moral, social y cultural que ello ocasionaría, ya que es de imposible reparación ulterior”; pide que “se abstenga de tomar cualquier medida que pueda modificar el lugar, y por consecuencia impida la investigación en causas judiciales presentes y futuras” y que “posibilite, arbitre y ofrezca los medios para que el EAAF (Equipo Argentino de Antropología Forense) pueda realizar una búsqueda sistemática y profunda, para encontrar los restos de los miles de cordobeses enterrados clandestinamente en esos terrenos del ex Tercer Cuerpo del Ejército, siendo una DEUDA no saldada para la sociedad”.
Reclama además que el gobierno provincial tenga en cuenta “la reciente Opinión Consultiva OC-32/25 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que emitió con fecha 03/07/2025, ya que representa una manifestación contemporánea del principio de interdependencia entre los derechos humanos y el ambiente”.
EL DOCUMENTO
Plantea el documento de la APDH que “con casi 14.000 hectáreas al oeste de la ciudad, la RNLC es uno de los sectores de mayor superficie sin cambios de uso del suelo del Gran Córdoba, que tiene bosque nativo en muy buen estado de conservación, y que constituye un pulmón verde en la zona. Su destrucción con una obra como la anunciada, sólo generaría más ecocidio a nuestra provincia, con la implicancia de un daño masivo de destrucción ambiental que puede ser irreversible”.
Resalta que la RNLC “es un pulmón verde esencial para la salud ambiental del Gran Córdoba que debe ser preservado y protegido. Lejos de ello, este camino pavimentado promueve su destrucción y cambio de uso del suelo. Tampoco preocupa al gobierno que el 40% de la superficie de la Reserva se quemó espontáneamente el año pasado destruyendo zonas con bosques añejos irrecuperables, incendio que duró 15 días e increíblemente no podía ser detenido por el Plan de Manejo del Fuego provincial”.
Denuncia que “el Gobierno de la Provincia, por medio de esta presentación sigilosa, intenta ocultar que allí funciono el centro clandestino de detención tortura y exterminio La Perla, el más grande del interior nacional. Se calcula que más de 3.000 prisioneros de la sangrienta dictadura genocida pasaron por allí, y la mayoría se encuentran desaparecidos. Este camino interno que atraviesa los campos del Ejército fue justamente el que usaban los camiones que llevaban personas cautivas a ese centro para ser asesinadas y sus cuerpos ocultados. La Reserva es un enorme cementerio clandestino, donde más de 2.000 personas asesinadas se encuentran enterrados sin identificar. El aparato represivo de los genocidas ha mantenido su “pacto de sangre” para ocultar este crimen”.
Sigue diciendo que “los desaparecidos de Córdoba “se pueden encontrar”, la mayor parte de sus restos están allí y existen muchos indicios del lugar en donde se encontrarían; esta obra anunciada borraría materialmente el sitio. La búsqueda de esos cuerpos es una obligación internacional y una cuestión de lesa humanidad, que no acaba hasta que se encuentren y se haga entrega digna a sus familiares como expresara una de las familiares; al mismo tiempo del derecho del pueblo a conocer la verdad”.
También recuerda que “en el marco de un juicio de lesa humanidad que tramita en el Juzgado Federal 3 de Córdoba, recientemente el Equipo Argentino de Antropología Forense presentó un plan de búsqueda dentro de ésta Reserva, para lugares no explorados aún y cercanos al lugar donde funcionaba el centro de exterminio. Por la información disponible, es altamente probable que los cuerpos estén en los lugares indicados en ese plan de búsqueda. El sitio es una referencia simbólica por su toponimia sobre delitos de lesa humanidad. Su destrucción e intervención implica un menoscabo y pérdida de incidencia colectiva, además de la negación de la identidad, las creencias, la historia y la dignidad de la población local, todo lo cual se conjuga en la relación entre territorio, cultura e identidad, que constituye una vulneración de derechos humanos universales”.
Finalmente expresa que “en vez de avanzar en este sentido de búsqueda de Memoria, Verdad y Justicia, el Gobierno de Córdoba busca pasar la página y terminar esta historia abriendo un plan de entrega de la reserva a las empresas de desarrollo inmobiliario tan cercanas al poder provincial”.
El mapa del camino que se pavimentaría para unir La Calera con la Ruta 20 a través de una reserva natural.
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