La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) regional Córdoba repudió el procesamiento y elevación a juicio de 27 estudiantes universitarios por la toma de dependencias de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) en 2018.
Dice el documento dado a conocer por el organismo de DD.HH. que “exactamente a 100 años de la Reforma Universitaria de 1918, paradójicamente en la ciudad de Córdoba, resulta inadmisible que, por circunstancias semejantes acaecidas en el año 2018, se haya procesado penalmente a 27 estudiantes que replicaban una toma pacífica de universidades de todo el país”. Recuerda que los alumnos “irán a juicio por esa toma”, acusados como “coautores del delito de usurpación por despojo”.
La APDH califica de “deleznable y abusivo” al “proceder del poder judicial, quien de oficio procesó a los referidos estudiantes con absurdos reproches penales, contando con la venia de las autoridades universitarias y el Consejo Superior de la UNC quienes de manera artera brindaron el listado de las y los estudiantes que intervenían en la toma pacífica”.
Agrega, en ese sentido, que “a este accionar, lo consideramos como un acto atroz en contra del derecho de la protesta pacífica y la historia de nuestra Universidad Nacional de Córdoba, que no pueden ser ignoradas, olvidadas ni menospreciadas”.
Recuerda que “ese Poder Judicial Federal que lleva años en tramitar y sin resolver numerosas causas de lesa humanidad, hoy con premura pretende juzgar a las y los estudiantes”, y señala que “el uso de la prepotencia y tácticas ejemplificadoras de limitación en el libre ejercicio de derechos constitucionales, pretenden profesar un amedrentamiento al movimiento estudiantil, disciplinar a los manifestantes y ciudadanía en general, con el claro intento de criminalizar y/o sancionar la protesta social, con el asalto al garantismo de los derechos adquiridos fatigosamente por los estudiantes del 18 y por las demás conquistas posteriores, en especial la contribución que ello hace al debate democrático, derechos que son inabdicables para la comunidad universitaria y para nosotros como institución defensora de los derechos humanos”.
Plantea que “en la coyuntura actual, en un contexto institucional derruido por el actual gobierno nacional, con el desfinanciamiento de las Universidades Públicas, el cierre de otras tantas, el desmantelamiento de la educación pública y el atroz ajuste sobre los Servicios de Radio y Televisión de la UNC, observamos que ningún funcionario judicial actúa de oficio para limitar estas terribles y dilemáticas situaciones que recortan derechos de las mayorías y que se traducen en atropellos ilegales”.
Por último, expresa que “desde APDH Regional Córdoba bregamos y hacemos un llamado a la sociedad, en general; y al poder judicial federal interviniente, en particular, a ejercitar y defender: la Educación Superior pública, gratuita, inclusiva y de calidad; el reconocimiento de la acción colectiva de la protesta y manifestación, el derecho de peticionar y la libertad de expresión como derechos constitucionales inalienables y bases de reivindicaciones ciudadanas; y a desterrar la criminalización de la protesta colectiva”.
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