El abogado y representante legal de Natalio Kejner y la empresa Mackentor, Juan Carlos Vega, presentará este miércoles 3 de septiembre el libro “El caso Mackentor: Crimen de lesa humanidad”, publicado por Editorial Astrea. La actividad es gratuita y con inscripción previa. Cuenta con la organización del Colegio de Abogados de Córdoba y se desarrollará en la sala del cuarto piso del edificio de esa institución, en Duarte Quirós 571, a partir de las 17:00. Por su parte, el libro se puede obtener gratuitamente en formato digital en el sitio de Editorial Astrea.
La presentación se realizará en el marco de un conversatorio titulado “El caso Mackentor / La corrupción en la obra pública durante el Terrorismo de Estado” y abordará también “las complicidades judiciales durante la democracia argentina y las complicidades económicas y los grupos económicos que se beneficiaron con la obra pública del Genocidio”.
Del conversatorio, además de Vega, participarán los abogados Jorge Berardo y Eduardo Barcesat, y el periodista y autor de “Mackentor, crónica de una saqueo. Los oscuros negocios de Supercemento, Franco Macri y el Estado”, Fabián García.
Mackentor fue una compañía dedicada a la construcción, con sedes en Córdoba y Buenos Aires, y obras en todo el país, que los militares ocuparon el 25 de abril de 1977 con la excusa de que financiaba a una organización guerrillera, secuestrando a directivos y empleados. Nunca se les pudo probar a sus miembros vinculación alguna con las organizaciones armadas de la época.
La compañía, que tenía como principal accionista a Kejner, y de la que participaban en la propiedad sus equipos técnicos y empleados, era una poderosa empresa constructora en los años ’60 y ’70, equivalente a compañías como Juan Chediack y algo menor que IECSA del grupo Macri, entre otras. La empresa fue ocupada, usurpada y vaciada con la concurrencia de militares y la propia Justicia Federal a través del juez Adolfo Zamboni Ledesma, una actuación que se extendió hasta el pasado 1 de julio de 2025, cuando el Tribunal Oral Federal N°1 de Córdoba, presidido por Carolina Prado y los jueces Cristina Giordano y Facundo Zapiola, dispuso la nulidad de la intervención militar y judicial de 1977 y todos los acontecimientos posteriores. El principal beneficiario de la acción del Terrorismo de Estado fue el grupo Supercemento, cuyos accionistas en esa época eran Franco Macri, Filiberto Bibiloni y Julián Astolfoni. Esta compañía se quedó con una fábrica de caños perteneciente a Mackentor y la obra del Segundo Acueducto Villa María-San Francisco, una de las principales obras públicas de la época.
Cabe recordar que el TOF N°1, integrado por los jueces Jaime Díaz Gavier, Julián Falcucci y José Camilo Quiroga Uriburu, había condenado en 2016 a Luciano Benjamín Menéndez como coautor mediato intermedio penalmente responsable de los delitos de allanamiento ilegal (dos hechos) y usurpación por turbación del dominio (un hecho) todos en concurso real entre sí. La CSJ recordó en su resolución de noviembre de 2023, que “sin perjuicio de ello, (el TOF N°1) entendió también que, aunque el 25 de abril de 1977 se verificó una irrupción ilegal en las oficinas de la empresa Mackentor por parte de las Fuerzas Armadas —que paralizó la actividad—, el delito de usurpación se agotó en sus efectos el día 2 de mayo del mismo año, cuando -por orden judicial- el Juez Federal (Zamboni Ledesma) designó a un auxiliar judicial para intervenir en el funcionamiento de la empresa de mención. Ello, a los efectos de poder examinar los libros y la documentación contable de las empresas, en atención a la presunción de que subvencionaban económicamente las actividades ilícitas de organizaciones subversivas”.
Dicho de otro modo, para el TOF N°1 de aquel momento, la ilegalidad se había extendido una semana y un día (del 25 de abril al 2 de mayo); luego, la intervención de Zamboni Ledesma trajo la legalidad y, en consecuencia, la usurpación y destrucción posterior de la empresa no estuvo conectada al delito de lesa humanidad -la ocupación militar de la empresa, y el secuestro y tortura de sus directivos-. El primero de julio, la nueva composición del TOF N°1 entendió que se había acabado el tiempo de proteger el accionar de los empresarios y el sistema judicial en este caso.
Para los jueces del TOF N°1 quedó probado que Mackentor primero fue usurpada por los militares del III Cuerpo de Ejército el 25 de abril de 1977 y que la intervención judicial dispuesta el 2 de mayo de ese mismo año por el juez federal de entonces, Adolfo Zamboni Ledesma, cómplice de la dictadura cívico militar, se encuentra “vinculada” con el “crimen de lesa humanidad” (violación de derechos humanos -los secuestros, detenciones, torturas, desapariciones-, delitos que son imprescriptibles). Es decir, que la usurpación y la intervención formaron parte del mismo acto, por lo que al declarar su nulidad se caen como en un dominó los sucesos y resoluciones judiciales posteriores hasta el presente (rescinción del contrato del acueducto Villa María-San Francisco; la readjudicación de la obra en favor de la constructora Supercemento, en ese momento con participación del Grupo Macri; la compra de la fábrica de caños que era propiedad de Mackentor por parte de Supercemento; y los juicios posteriores que inició su principal accionista y fundador de la compañía, Natalio Kejner). Dicho de otro modo, fueron ilegales. En un siguiente paso, la Justicia deberá determinar ahora la “extensión” de los daños a reparar (indemnización) a las víctimas.
LAS INSCRIPCIONES
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