El abogado de Mackentor, Juan Carlos Vega, se abraza con “los mackentor”, como llama a los que hicieron de la constructora una de las más importantes del país en los años 60’ y 70’ y a sus familiares. Aquella felicidad duró hasta el 25 de abril de 1977, cuando los militares del III Cuerpo de Ejército, al mando de Luciano Benjamín Menéndez cayeron sobre la compañía y sus hacedores. Durante 48 años buscaron y esperaron justicia y en 27 de ellos con el patrocinio de Vega, el representante de quien fuera su presidente y fundador, Natalio “Talo” Kejner. Vega sonríe: “Hemos logrado algo que no se había podido probar nunca en el derecho argentino, que los grupos económicos se beneficiaron del Terrorismo de Estado. Se probó que Supercemento fue el gran beneficiario del saqueo de Mackentor y que Supercemento, a mi juicio, participó de un sistema de corrupción de la obra pública mucho más salvaje que el de la causa de Vialidad”.

Mackentor es una constructora usurpada y vaciada por los militares el 25 de abril de 1977. El Tribunal Oral Federal N° 1 de Córdoba acaba de resolver después de 48 años de impunidad que Mackentor fue usurpada por los militares durante la dictadura cívico-militar y que el juez Adolfo Zamboni Ledesma encubrió esa acción, la de Obras Sanitarias de la Nación, la de la empresa Supercemento que se quedó con la principal obra de la compañía (el segundo acueducto Villa María-San Francisco) y la fábrica de caños de alta presión Juan Macagno. También, que jueces y funcionarios judiciales protegieron los efectos de esa acción y dispararon una montaña de actos jurídicos ahora ilegales. Vega conversó telefónicamente con ENREDACCIÓN algunas horas después de la audiencia.
¿Cuál es su percepción del veredicto dictado por el TOF N°1?
Respecto del fallo, ratificar lo que dije en el alegato del 18 de junio. Siento que estamos ante jueces independientes e imparciales (el TOF N°1 presidido por Carolina Prado e integrado por Cristina Giordano y Facundo Zapiola). Las víctimas habíamos sufrido arbitrariedad de parte de la Justicia durante décadas, las víctimas habíamos buscado justicia y no la habíamos obtenido. No lo digo yo, lo dijeron la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el juez Mariano Borisnky de la Cámara Federal de Casación Penal. Después de tanto tiempo, esta sentencia nos satisface.
¿Qué alcance tienen las nulidades dictadas por el tribunal?
Es la primera vez que hablamos de actos judiciales nulificados durante el Terrorismo de Estado y durante la democracia. De actos judiciales producidos hace 47 años y de actos jurídicos de absoluta corrupción en la obra pública durante la dictadura militar. Esta catarata de nulidades abre escenarios jurídicos insospechados, nunca transitados por la Justicia argentina. Por ejemplo, qué va a pasar con la quiebra de Mackentor. ¿Van a tener que devolver lo cobrado los que se beneficiaron de su caída? ¿Se va a hacer cargo el gobierno provincial o deberá hacerlo el Tribunal Superior de Justicia? ¿Qué se va a hacer con los jueces que declararon la quiebra a sabiendas de que se trataba de un crimen de lesa humanidad? ¿Se los va a sancionar? ¿Se les va a dejar pasar lo que hicieron? ¿Qué va a hacer Supercemento cuando sea notificado de la nulidad de la rescisión del contrato del acueducto Villa María – San Francisco y de la reasignación de la obra a su favor? Las consecuencias de la nulidad en el derecho son teóricamente claras: Renace el acto nulo. Pero cuando no puede renacer debe ser reparado, nace la obligación reparatoria. Como siempre, nosotros iremos a fondo con el derecho y con la ley y sin ningún favoritismo partidario.
Las nulidades, el hecho de que se pruebe la vinculación de los grupos económicos con el Terrorismo de Estado… Este proceso judicial tiene logros significativos. ¿Qué opinión tiene de estos hechos? ¿Marcarán el destino de otros casos similares?
Hay que recordar que en la apertura de este caso dispuesta por la CIDH aparecen los grupos económicos que se beneficiaron con el Terrorismo de Estado. Esta causa tiene un material probatorio único y completo. La diferencia con Papel Prensa es el trabajo de los abogados. Nosotros lo hicimos ajustados a derecho y profesionalmente. En Papel Prensa nunca lograron probar el crimen de lesa humanidad y que la transferencia del paquete accionario hubiese sucedido en el itinerario del crimen de lesa humanidad. ¿Por qué no se logró? Por falta de competencia de los abogados, no por falta de sostén político. Ni siquiera por falta de verdad. En cambio, nosotros fuimos prolijos y siempre trabajamos ajustados a derecho. Por eso, por primera en Argentina y en el sistema interamericano se produce una declaración de tantas nulidades y una de ellas afecta a uno de los grupos económicos que mayor fortaleza tenía en el negocio de la obra pública durante el Terrorismo de Estado y que más se benefició. Se logró probar lo que no se pudo probar en la querella de Papel Prensa, de la ESMA y de la megacausa de La Perla. Es algo que no se había podido probar nunca en el derecho argentino. En el caso Mackentor se probó que Supercemento fue gran beneficiario del saqueo de Mackentor y que Supercemento, a mi juicio, participó de un sistema de corrupción de la obra pública mucho más salvaje que el de la causa de Vialidad.

¿Qué imaginas que hubiera dicho Talo Kejner si hubiera conocido esta sentencia?
Talo kejner era mi amigo, un hombre de una integridad moral a prueba de todo. Esta sentencia es en homenaje a él. Primero debíamos obtener la verdad histórica de lo ocurrido, en homenaje al Talo y a todos los que hicieron Mackentor. La sentencia es para ellos.
[EL VEREDICTO]
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[COBERTURA]
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[HISTORIA DE UN CALVARIO]
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VER Caso Mackentor: Presentan denuncia penal contra cuatro legisladoras y una vocal del TSJ.
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VER El mandato moral de Talo Kejner.
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VER Corrupción y Terrorismo de Estado: el caso Mackentor llegó a la Corte Suprema.
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