Distintas organizaciones sociales, cátedras de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y la Universidad Católica de Córdoba (UCC), centros vecinales, el colectivo El Derecho de los Barrios y la ONG Red Ciudadana Nuestra Córdoba, entre otras, exigen “participación y transparencia en el (debate sobre el) nuevo proyecto de Ordenanza de Planificación Urbana”. El documento que fue presentado ante la Comisión de Desarrollo Urbano del Concejo Deliberante de Córdoba Capital, donde comenzó a abordarse la iniciativa del Departamento Ejecutivo municipal, manifiesta “preocupación ante un eventual tratamiento del mismo sin participación de los vecinos de los barrios afectados y sin transparencia sobre su contenido”.
Agrega el texto que lleva la firma de decenas de organizaciones, que “si bien se valora la intención de ordenar el crecimiento urbano mediante herramientas normativas, advertimos que el proyecto carece de elementos esenciales para asegurar una planificación verdaderamente democrática, integral y ambientalmente sustentable”.
También asegura que “entre los principales cuestionamientos se destacan la falta de articulación con un plan urbano integral, la ausencia de mecanismos reales de participación ciudadana, la omisión de la evaluación ambiental estratégica exigida por ley, y el uso discrecional de convenios urbanísticos, sin criterios claros de control, redistribución ni transparencia”.
El documento critica, además, “la falta de protección del patrimonio barrial, la desregulación en áreas sensibles y el riesgo de desplazamiento de vecinos en zonas donde se promueve la densificación”.
Entre sus propuestas, se destaca que plantea “agregar instrumentos que garanticen la participación temprana de organizaciones vecinales en las instancias de evaluación de los convenios/concertaciones; que se especifiquen los mecanismos procedimentales, regulatorios de los instrumentos de planificación; y que los proyectos inmobiliarios incluyan cuotas de vivienda social o económica”.
El documento es una respuesta al proyecto de ordenanza que impulsa el gobierno local, en el que propone un nuevo y amplio marco para regular una serie de instrumentos urbanísticos. La iniciativa oficial “integra planificación, concertación público-privada y sostenibilidad” y “apunta a ordenar el crecimiento urbano, con participación ciudadana y reglas claras para desarrollistas”.
El proyecto, elaborado por la Secretaría de Desarrollo Urbano, articularía “nuevas herramientas con normativas ya vigentes, como las ordenanzas de Ocupación del Suelo (N° 8256), Uso del Suelo (N° 8133), Fraccionamiento del Suelo (N° 8060), Patrimonio Urbano Arquitectónico (N° 11.190 y N° 12.202), y las Bases para el Plan de Ordenamiento del Área Intermedia y Periférica (N° 13.131)”.
Hasta ahora, el gobierno local ha actuado en tándem con el empresariado desarrollista y no ha sentado en la mesa de decisiones a otros actores, como los vecinos. El proyecto oficial ingresó para su tratamiento legislativo en un contexto de fuertes protestas y acciones vecinales contra el municipio y las empresas por el avance de mega desarrollos inmobiliarios, comerciales y de servicios en distintos puntos de la ciudad, que incluyen presentaciones judiciales.
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