En un nuevo capítulo del conflicto laboral que sacude a Petroquímica Río Tercero, los trabajadores, representados por el Sindicato del Personal de la Industria Química y Petroquímica (SPIQyP), rechazaron de plano la propuesta de flexibilización laboral presentada por la empresa. En tanto, para agilizar las negociaciones se abrirán mesas informales de diálogo con el objetivo de encontrar una salida al conflicto.
El enfrentamiento tuvo un nuevo episodio este lunes 11 de agosto de 2025 durante una audiencia en la delegación Río Tercero de la Secretaría de Trabajo. Mientras tanto, en la portería de la planta, los empleados, junto a organizaciones sindicales y sociales de la provincia, se concentraron en un acto de solidaridad. En la audiencia, la empresa insistió en medidas de flexibilización que, según el SPIQyP, vulneran el convenio colectivo vigente y comprometen derechos esenciales como la salud y la seguridad laboral.
La presión de los trabajadores, que sostienen asambleas permanentes de 12 horas en el interior de la planta, obligó a la empresa a proponer estas mesas de diálogo. Sin embargo, el sindicato dejó claro que no cederá en sus demandas principales: la reincorporación de los despedidos, el pago completo de las indemnizaciones y la liquidación total de los salarios de julio, de los cuales solo se abonó el 60% a una parte de los empleados, mientras que los 124 despedidos no han recibido nada, pese a que los despidos están en suspenso por una conciliación obligatoria que vence el 18 de agosto.
Mientras, la Justicia porteña autorizó recientemente la apertura de un concurso preventivo de acreedores para reencauzar una deuda estimada en 30 millones de dólares, que incluye las indemnizaciones de los trabajadores despedidos. Este proceso legal busca evitar la quiebra, permitiendo a la empresa reorganizar sus finanzas y negociar con sus acreedores. Sin embargo, la firma anunció que planea retomar la producción en los próximos días con los más de 130 trabajadores que aún conserva, aunque todos sus procesos productivos permanecen paralizados por decisión propia.
En octubre de 2024, la empresa detuvo la producción de TDI, su principal producto, con el argumento de “falta de competitividad”, y despidió a 120 operarios. Ahora, con los 124 despidos de julio, el conflicto escaló, y los trabajadores denuncian que la empresa no solo incumple con los pagos, sino que busca imponer condiciones laborales desfavorables.
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