Liliana Montero, Juan Pablo Quinteros y Aurelio García Elorrio. Foto: @4PAgenda / Gentileza.
Juan Pablo Quinteros, legislador del Frente Cívico, Liliana Montero (Córdoba Podemos) y Aurelio García Elorrio (Encuentro Vecinal) están en Curitiba, Brasil, para entrevistarse con el fiscal Deltan Dallagnol. El juez Sergio Moro y el fiscal Dallagnol han sido fundamentales para descubrir la trama de corrupción que involucra a las grandes compañías constructoras brasileñas en el caso conocido como el Lava Jato. Básicamente establecieron que estas empresas pagaban sobornos para obtener contratos de obra pública, sobre todo, a través de la petrolera Petrobras en Brasil. Sin embargo, la red de corrupción se habría extendido a todos los países donde estos grupos empresarios operaron, entre los que se encuentran Argentina. Los hechos investigados allí, se sucedieron entre 2005 y 2014.
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Aquí, la Justicia investiga los hechos sucedidos en Buenos Aires y en obras licitadas por el gobierno nacional, mientras que el fiscal Sergio Rodríguez está realizando una investigación preliminar de la ramificación Córdoba. Los principales casos investigados en nuestro país son los soterramiento del tren Sarmiento, la venta de Transener a Electroingeniería, y las obras de AySA en Tigre y Berasategui, entre otros convenios. También son investigadas distintas empresas que actuaban como socias de las brasielñas, como IECSA, Benito Roggio, o Electroingeniería. También es investigado por haber recibido un pago de 850 mil dólares, girado por uno de los “cueveros” o “cambistas” que las empresas utilizaban para hacer los pagos, el jefe de la ex SIDE, Gustavo Arribas.
“Lamentablemente Argentina no pudo avanzar en convenios de cooperación. Nadie está contestando sobre causas argentinas. Hay un mundo de rumores pero no hay datos concretos y ciertos”, dijo Quinteros. En Brasil, además de entrevistarse con funcionarios judiciales, presentarán un escrito pidiendo a la Justicia brasileña que investigue el caso Córdoba dado que la obra de los gasoductos licitada en 2008 y adjudicada en 2009, iba a ser realizada con financiamiento del BNDES.
Quinteros dijo también que “las piezas del rompecabezas son suficientes pero sin el auxilio de la Justicia no lo vamos a poder hacer. Tenemos una gran expectativa de que sea en Brasil donde encontremos la llave que abra esta puerta”.
“El lunes nos reuniremos con el fiscal Dallagnol donde le solicitaremos la intervención en la causa. Tenemos que tener una insistencia suficiente para llamar la atención en la causa. Llevamos mucha información”.
“El lunes nos reuniremos con el fiscal Dallagnol donde le solicitaremos la intervención en la causa. Tenemos que tener una insistencia suficiente para llamar la atención en la causa. Llevamos mucha información” (Juan Pablo Quinteros).
Concretamente, existen dos líneas de trabajo de los legisladores:
-En el registro que llevaba el arrepentido Alberto Youssef, la obra de los gasoductos de Córdoba aparece mencionada cuatro veces y figura un pago de casi 37 millones de dólares.
-También ha sido condenado en el Lava Jato, el comunicador político Joao Santana, que participó de las campañas electorales para gobernador de José Manuel De la Sota de 1998, 2003 y las PASO 2015, cuando fue pre-candidato presidencial. Los legisladores quieren saber si existen evidencias sobre quién pago esas campañas electorales.
La plata de los sobornos de la que habla el cambista Youssef, salió del BNDES (Banco Nacional de Desarrollo de Brasil), que es un banco público brasileño. Es dinero de los ciudadanos brasileños, por eso deben investigar esta causa”.
“La plata de los sobornos de la que habla el cambista Youssef, salió del BNDES (Banco Nacional de Desarrollo de Brasil), que es un banco público brasileño. Es dinero de los ciudadanos brasileños, por eso deben investigar esta causa”, le explicó Quinteros a ENREDACCIÓN cuando decidieron viajar a Curitiba.
“En el país -explica Quinteros- lo denunciamos ante el fiscal nacional de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez, en Buenos Aires, porque en la obra están involucrados fondos nacionales. La jurisdicción federal también debería intervenir en este caso”.
Juan Pablo Quinteros, legislador provincial del Frente Cívico. Foto: You Tube.
El caso de los gasoductos troncales está siendo investigado por segunda vez por la Justicia Anti-corrupción de la provincia de Córdoba, luego de una presentación del gobierno provincial. En una primera intervención, casi dos años atrás, había sido desestimada la denuncia de los legisladores Quinteros, Montero y García Elorrio. El argumento básico del rechazo es que en el planteo los legisladores indicaron que el soborno había sido pagado por OAS, una de las constructoras que participó de la licitación, pero los trabajos fueron adjudicados a Andrade Gutiérrez. Por lo tanto, la Justicia consideró que OAS no podría haber pagado coima y perder la licitación, como sucedió. Lo cierto, es que los brasileños actuaban como un “Club de la Obra Pública” en Brasil y otros países. Esto es, se presentaban a las licitaciones con acuerdos previos y “la coima” podía ser viabilizada por cualquiera de los involucrados.
Así lo expresa en su resolución sobre las dos obras de saneamiento que contrató AySA (Agua y Saneamiento Ambiental) en Tigre y Berasategui, el fiscal Federico Delgado. Allí señala que los directivos de Odebrecht reconocieron el pago de sobornos. Agrega que Odebrecht y Camargo Correa se presentaron en las dos licitaciones para las dos obras, y luego se repartieron cada una de ellas, una en particular. Y por último, indica que “en ambas obras se detectaron, entre otras cosas, sobreprecios, modificaciones en los presupuestos originales, incumplimiento de los tiempos pactados en los contratos, diferencia en la calidad de los bienes, importaciones de bienes más caros que los de la industria nacional y falta de certificaciones y de documentación que acredite el real estado de las cosas”.
El modus operandi es similar al de Córdoba con las licitaciones 1 y 6 de 2008. Ambas contaron con la participación de dos compañías de Brasil: OAS y Andrade Gutiérrez. No hubo otros jugadores. Las dos licitaciones comprendían gasoductos diferentes, pero finalmente a través de un dictamen interno del gobierno, se sugirió unir las dos obras y Andrade Gutiérrez, que había sido adjudicataria de la licitación 1/2008, ofreció un descuento del 4% para quedarse con las dos licitaciones. La obra fue finalmente adjudicada en junio de 2009 y el contrato firmado en septiembre.
Lo que nunca explicó la Justicia, es porque si en Brasil y otros países del mundo habían actuado juntos, aquí no lo hicieron.
EL REGISTRO DE YOUSSEF
El cambista arrepentido, Alberto Youssef registró cuatro pagos, pero uno solo tiene completado el casillero con el monto. Allí dice 60 millones de Reales, que en ese momento (15 de diciembre de 2008) equivalían a unos 37 millones de dólares. El pago es a beneficio de OAS y se realiza a un tal “Luis Leandro”. Según el registro de Youseff el soborno se pagó. Los otros tres no tienen monto de dinero asignado.
El cambista arrepentido, Alberto Youssef registró cuatro pagos, pero uno solo tiene completado el casillero con el monto. Allí dice 60 millones de Reales, que en ese momento (15 de diciembre de 2008) equivalían a unos 37 millones de dólares.
“Necesitamos que la Justicia nacional y la internacional (de Brasil) se pregunte por la causa de Córdoba y conocer los nombres reales de los seudónimos que aparecen en las transacciones, para saber quiénes son los que recibieron las coimas. Por eso Youssef tiene que contar”, detalló Quinteros.
“Youssef, el principal delator en el proceso judicial del mayor caso de corrupción de Brasil, se acogió al beneficio de la delación premiada, con lo cual todo lo que se le pregunte en relación a la causa tiene la obligación de decir la verdad, sino se le cae el acuerdo”, afirma el legislador.
“Lo que queremos lograr es que le pregunten por Córdoba. En esta causa se investigan a Dilma Rousseff, a Lula Da Silva, a Hugo Chávez, a Juan Manuel Santos y a otros presidentes, probablemente Córdoba en todo este escenario sea un hecho menor para ellos, pero para nosotros es fundamental saber la verdad de esos 36 millones de dólares que dicen que vinieron para Córdoba, en 2008, para la obra de los gasoductos que terminó cayéndose y siendo adjudicada luego y muy rápidamente a la empresa Odebrecht”.
VER otros artículos publicados por ENREDACCIÓN sobre este tema:
–El caso de los sobornos de Odebrecht tiene un capítulo en Córdoba.
–Odebrecht en Córdoba: Quién es Rodney Carvalho.
–El “Club de la obra pública” de Brasil también hizo negocios en Córdoba.
–Odebrecht: Parecidos y diferencias entre la planta de agua de Tigre y los gasoductos cordobeses.
LO PRINCIPAL
-Odebrecht, OAS, Andrade Gutiérrez y Camargo Correa, entre otras compañías, formaban parte de una red de corrupción, donde pagaban sobornos para obtener obras públicas en Brasil. De este modo, habrían financiado el sistema político de ese país. La operación se denomina “Lava Jato”.
-Los detenidos al declarar ante la Justicia y adherir a la Ley del Arrepentido, revelaron que que pagaron coimas en Brasil y otros países, entre ellos Argentina. Las operaciones fueron hasta 2014.
-En los testimonios que se conocen, aseguran haber pagado 37 millones de dólares en Argentina. Se presume, por el tiempo en que sucedieron los hechos, que los destinatarios principales fueron funcionarios del kirchnerismo y en particular del Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la Nación.
-En Argentina son investigadas distintas obras en las que participó Odebrecht, entre ellas el soterramiento del Tren Sarmiento y los trabajos de saneamiento de AySA en Tigre y Berasategui.
-El cambista Alberto Youssef llevaba un registro pormenorizado de sus operaciones. Allí figura un pago de 37 millones de dólares para la obra de los gasoductos cordobeses. Figuran seudónimos, no aparece el nombre verdadero de los receptores de los pagos indebidos.
LA POSIBLE MECÁNICA DE LOS HECHOS
-La obra de los gasoductos fue adjudicada originalmente en 2009 a la UTE liderada por Andrade Gutiérrez e integrada también por IECSA y BRITOS S.A.
-El gobierno nacional por las diferencias con el gobernador José Manuel De la Sota, no autorizó a la provincia a tomar créditos internacionales para financiar las obras y la adjudicación se cayó.
-La nueva licitación tuvo como ganador en 2016 a Odebrecht. La constructora brasileña está haciendo en este momento más de 600 kilómetros de gasoductos. Esta vez, la obra fue adjudicada por Juan Schiaretti.
-Los legisladores denunciantes señalan que, al operar juntas todas las empresas brasileñas denunciadas en este caso, es relativo que la obra fuera adjudicada la primera vez Andrade Gutiérrez (en 2008/2009) y la segunda a Odebrecht (2015/2016). Dicho de otro modo, habría una continuidad del hecho inicial y los beneficiarios serían los mismos.
QUÉ ES EL LAVA JATO
Marcelo Odebrecht el dueño de la compañía. Fue condenado y consiguió una reducción de pena a cambio de colaborar con la Justicia.
En marzo de 2014, la Policía Federal de Brasil realizó el operativo ”Lava Jato” en seis estados, deteniendo a 17 personas, entre ellas al cambista Alberto Youssef, acusado de ser el cabecilla de una trama de corrupción. Tres días después de la detención de Youssef cayó Paulo Roberto Costa (Ex director de Petrobras). Los testimonios de ambos desde la cárcel fueron la base para el resto de las detenciones y los detalles de la operación de compra de voluntades. Con los meses serían detenidos los principales directivos de, entre otras, las empresas Odebrecht, OAS y Andrade Gutiérrez, que negociarían penas menores a cambio de información. Youssef le entregó al Juez Moro el listado de setecientas cincuenta obras públicas donde fue intermediario de los sobornos. Cada obra tiene el contacto de la empresa que ofrece la coima para ganar la licitación, la descripción de la obra, el monto ofrecido y, en principio, falta el nombre de quien la recibió.
En Brasil, la gran mayoría de los pagos ilegales se ofrecían por obras de la empresa Petrobras. En cambio, fuera de su territorio ofrecieron pagos a través de la “Caja Dos”, o caja paralela, a funcionarios para hacer obras públicas en Panamá, Venezuela, Perú, y Argentina. Por el período en que suceden, 2005 a 2014, en principio, los principales involucrados en el país son funcionarios de la gestión kirchnerista. En Córdoba, los hechos denunciados se producen durante las administraciones de Juan Schiaretti y José Manuel De la Sota.
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