Aquello que tiene tan pendientes a los educadores de escuelas públicas, el famoso “puntaje docente”, pareciera en algunos casos no tener tanta relevancia. Al menos eso se puede inferir si es que se confirma que los nombramientos son en muchos casos “a dedo” y sin respetar los números de orden por los cuales tanto se esmeran los trabajadores de las aulas.
En estos momentos, el área de Asuntos Legales de la cartera de Educación analiza una denuncia presentada por delegados de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), en la que -entre otras cuestiones- se documenta un supuesto nombramiento irregular de una docente para ocupar un cargo de maestra de jardín de infantes.
En Educación, los cargos se otorgan a través de un mecanismo denominado “acto público”. Esa modalidad pretende dotar de transparencia el acceso a los cargos públicos, ya que los docentes aspirantes a ocuparlos deben inscribirse en un registro, acreditar experiencia, capacitaciones, títulos y cursos (lo que se traducen en el famoso “puntaje”), y luego, a partir de ello, participar de manera presencial de las convocatorias que hace la Dirección de Recursos Humanos.
En estas convocatorias se deja sentado de manera previa el número de orden o puntaje mínimo que el postulante debe cumplir para poder participar del proceso de selección.
“La convocatoria para cubrir el cargo de Maestro de Jardín de Infantes era para postulantes hasta el número de orden 960”.
TRAMPOLÍN Y DESIGNACIÓN
El jueves 7 de mayo de 2015, esa dirección convocó a su Acto Público N°23 para cubrir los cargos de “maestro de grado” y “maestro de jardín de infantes”.
En el segundo de los casos, fijó como criterio que se podrían presentar los postulantes que hubieran quedado pendientes del acto público anterior, y hasta el número de orden 960 (ver imagen anterior). Es decir, nadie con un número de orden que superara el 960 podría aspirar a ocupar el cargo en discusión.
Sin embargo, con la misma fecha, es decir, ese mismo 7 de mayo de 2015, se designó para ese cargo a la postulante Jésica Victoria Arabela, consignando en el expediente de su nombramiento que la elegida alcanzaba un puntaje de 12.080, lo que le equivalía al número de orden 1.719. Es decir, se nombró a una postulante cuyo número superaba en 759 al mínimo previsto para el cargo que le otorgaron. Ello implicó que otras postulantes docentes que sí calificaban para ese cargo no fueran ni siquiera consideradas.
La postulante que finalmente fue designada para el cargo, ocupaba el número de orden 1719, muy por encima del máximo de 960 consignado en la convocatoria al Acto Público.
¿Por qué le dieron el puesto a esta postulante? “Es una situación que viene siendo habitual”, responde Gustavo Valenzuela, delegado gremial por ATE en Educación, quien ante la consulta de ENREDACCION señala que es frecuente que “algunos compañeros presten la firma para dar el cargo de designación de un maestro de grado, de jardín o de materias especiales, a postulantes que no les correspondían por el número de orden para el que estaban citados”.
-¿A cambio de qué se hacen estas designaciones irregulares?
-No lo sabemos. Hay casos de amistad, connivencia, prestaciones, favores. Puede ser cualquier cosa-, responde el gremialista.
PÓKER DE FIRMAS
En el caso puntual reseñado más arriba, se dio una circunstancia a la que alude Valenzuela, cuando señala que diversos empleados del área se ven obligados a firmar designaciones irregulares. En este caso, según consta en la denuncia presentada por ATE y refrendada hace 14 días por sus autoridades gremiales, la jefa de Sueldos y Legajos -área interna de RRHH- sería la que “pide” a diferentes agentes de su repartición que firmen las designaciones en lugar de ella.
Lo cierto es que con repasar algunos de los expedientes de designación de cargos docentes, se pueden verificar las diferentes versiones de firmas de Victoria Juárez, la funcionaria en cuestión. Descartado que la jefa de Sueldos y Legajos tenga múltiples personalidades, se puede inferir el escaso rigor con el que funciona el mecanismo de designación de los docentes de la provincia de Córdoba, en el cual diversos funcionarios o agentes firman documentos públicos en nombre de la misma persona.
Victoria Juárez es jefa del Área de Sueldos y Legajos. ENREDACCIÓN pudo constatar cuatro versiones diferentes de su firma.
De hecho, en la misma denuncia en la que se aluden a las irregularidades cometidas en el área que depende del cuestionado director de Recursos Humanos Miguel Barella, se agrega una presentación por abuso de autoridad y acoso laboral en contra de Victoria Juárez, quien supuestamente maltrató verbalmente y de forma desmedida a una de las empleadas de la repartición por haberse negado a firmar en su nombre y por haber pedido explicaciones ante una situación análoga a la señalada más arriba.
Victoria Juárez, la jefa del Área de Sueldos y Legajos.
“El acto público fue irregular”, describió la empleada ante la consulta de ENREDACCION, y pidiendo reserva de su identidad por temor a represalias mientras la denuncia se sustancia en las áreas internas de Educación. “La jefa venía dando órdenes para que se dieran los cargos de una manera irregular y en una fecha que no correspondía con la de la convocatoria. Como yo y mis compañeras nos negamos, ahí vino el maltrato y las amenazas”, contó la empleada.
Si bien no aportaron datos adicionales, desde el Ministerio de Educación confirmaron que se sustancia una investigación administrativa en el ámbito de la Dirección General de Asuntos Legales. Tal actuación fue “ordenada por la Oficina de Investigaciones Administrativas de Fiscalía de Estado de la Provincia, en relación a supuestas irregularidades como las mencionadas en la consulta periodística”, consignaron fuentes de ese Ministerio.
Esas actuaciones tuvieron inicio en septiembre de 2016, a través de los pedidos de informes y recepción de declaraciones “de agentes que pudieren aportar elementos de juicio para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades del caso, alcanzando las actuaciones a dejar también aclarado lo concerniente al uso indebido o reproducción de la firma de la jefatura de Sueldos y Legajos”, señalaron ante la consulta por el uso de la firma de la Jefa de Sueldos y Legajos, Victoria Juárez.
EL MIEDO A OTRO “REGISTRO”
Valenzuela por su parte destaca que una semana después de la presentación de la denuncia impulsada por ATE, el Ministerio de Educación convocó a la Comisión de Política Laboral y Salarial Docente, integrada por autoridades de esa repartición y también por representantes de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC). En esa reunión del 15 de octubre de 2015 se firmó un acta en la cual acordaron que en el procedimiento de los “Actos Públicos” para la cobertura de cargos docentes titulares, interinos y suplentes, se deberá contar con la presencia de un representante de la UEPC. Para el gremialista, “no fue casualidad que una semana después se hayan convocado para acomodar la situación, después de presentada la denuncia de la compañera”.
Y volvió a quejarse al decir que “están dejando que cualquier compañero firme en nombre de la funcionaria y no se controla nada. Cuando salte algo irregular como esto que estamos planteando, nadie se va a hacer cargo de nada”, sostuvo, comparando esta situación con la que se dio en el Registro de la Propiedad. “Cuando ahí se empezó a investigar la corrupción, un montón de compañeros quedaron pegados porque los habían hecho firmar documentación que correspondía a los funcionarios. No queremos que esto vuelva a pasar en Educación”, concluyó.
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