El fiscal general de Córdoba, Juan Manuel Delgado, solicitó al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que emita dictamen favorable a una cautelar que solicita la suspensión de la aplicación de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), medida cuestionada por el ex legislador y titular de la ONG católica Portal de Belén, Aurelio García Elorrio (Encuentro Vecinal).
Sin plazos, será el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) el que definirá el pleito. Es decir, si adopta o no el punto de vista de Delgado, quien aceptó la legitimidad de García Elorrio para litigar, pidió que se acepte la cautelar de Portal de Belén, y solicitó que se suspenda el aborto legal.
El TSJ tiene pendiente resolver la recusación contra el Fiscal General, que elevaron la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps), la Asociación Civil por el Derecho a Decidir (Católicas por el Derecho a Decidir) y la Clínica de Litigio de Interés Público (Clip). Consideran que Delgado ya adelantó opinión sobre el tema.
Sin embargo, Delgado emitió su dictamen sin esperar que el TSJ resuelva si correspondía o no su apartamiento y para evitar la nulidad de su dictamen, sumó como firmante a uno de los fiscales adjuntos, Pablo Bustos Fierro.
Un dato a tener en cuenta es que la causa principal todavía no subió al TSJ y sigue en poder de los jueces de la Cámara Contencioso Administrativa de Primera Nominación Ángel Antonio Gutiez, Gabriela Cáceres y Leonardo Massimino, quienes en abril admitieron el amparo, pero rechazaron la cautelar y dieron lugar a la apelación de Portal de Belén, sobre la que ahora opinó Delgado.
García Elorrio y el Portal de Belén han litigado históricamente en contra del derecho al aborto y esta nueva cautelar se suma a una treintena de presentaciones judiciales que se hicieron cuestionando la legislación nacional, en distintos lugares del país, que no avanzaron en la Justicia.
“El acceso a la interrupción legal y voluntaria del embarazo tiene plena vigencia en la provincia de Córdoba, igual que en todo el territorio nacional, a pesar de los intentos por obstaculizar su acceso mediante judicializaciones abusivas y abiertamente improcedentes”, aclaró en un comunicado Católicas junto a Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps) y Clínica Jurídica de Interés Público Córdoba.
EN CONTRA
La diputada nacional Gabriela Estévez (Frente de Todos) expresó su “enérgico repudio al posicionamiento del Fiscal General de la Provincia de Córdoba, sin por ello soslayar la gravedad institucional que representa que el Fiscal dictamine estando recusado -sin esperar que el TSJ resuelva dicha recusación- y que encima se filtre el dictamen antes de darlo a conocer a las partes y por los canales correspondientes. Este dictamen es parte de una nueva embestida contra nuestros derechos, y, fundamentalmente, contra nuestro derecho a la vida. El Fiscal General no puede ignorar que desde la implementación de la IVE ya no se registran más muertes por abortos clandestinos en Córdoba. Es intolerable que el Fiscal General utilice su rol institucional para sumarse a la campaña anti-derechos que nos quiere hacer volver a un pasado en el que las mujeres y las personas con capacidad de gestar moríamos en la clandestinidad como resultado del abandono y la persecución del Estado. Que les quede claro: a la clandestinidad no volvemos nunca más”.
Por su parte, la precandidata a senadora nacional por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT), Laura Vilches anticipó que va promover un jury contra Delgado por expedirse sobre el tema, al sostener que estaba inhibido de intervenir con la recusaciones pendientes de resolución.
En tanto, la legisladora provincial, Luciana Echevarría (MST-FIT Unidad) anunció que presentará un pedido de juicio político al Fiscal General, Juan Manuel Delgado, luego que emitiera un dictamen en favor de impedir la vigencia de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (I.V.E.). Así lo informó a través de un comunicado de prensa.
Señaló que “es inadmisible que la persona que tiene a su cargo nada más y nada menos que la defensa del interés público y el derecho de las personas, desconozca de manera tan grosera las leyes fundamentales de nuestro país”.
Indicó finalmente que “la Constitución Nacional y los tratados internacionales -con jerarquía constitucional- consagran expresamente el derecho de las mujeres y cuerpos gestantes a decidir sobre nuestros propios cuerpos. Que el Fiscal General de la provincia los desconozca es motivo más que suficiente para pedir el juicio político a Delgado”.
Finalmente, el radical Dante Rossi también adelantó que pedirá el juicio político contra Delgado. En ese sentido, opinió que “Delgado se arroga una representación que no tiene, él adelantó en la comisión de Asuntos Constitucionales, antes de su nombramiento, esta posición y ya entonces advertimos que es nocivo para la democracia una persona que pone por encima su propio pensamiento e ideología a los intereses de los cordobeses, él tendría que velar por el interés público, no guiarse por sus opiniones confesionales”.
VER DICTAMEN – FISCAL GRAL – CAUSA GARCÍA ELORRIO CONTRA IVE.
>> COBERTURA
VER Con el voto del peronismo, el PRO y parte de la UCR, fue avalada la designación de Delgado.
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