La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) convocó a un paro activo para este martes 9 de enero en toda la provincia. La medida de fuerza es contra los despidos en el Estado provincial, que afectan a distintas áreas, pero tienen su foco principal en el sector salud y en todo el territorio cordobés. También reclama la convocatoria a paritarias salariales.
ATE señaló que, hasta el momento, el registro de cesantías es el siguiente:
-200 despidos en Salud.
-85 en Senaf.
-21 en la Agencia Córdoba Cultura.
-12 en el Polo de la Mujer
“Va a ser una medida de fuerza acorde a la respuesta que debe darle a un gobierno provincial que está despidiendo masivamente en Salud, en SENAF, en el Polo de la Mujer, y en todo el territorio provincial”, dijo Federico Giuliani, secretario General de ATE Córdoba.
“Rechazamos también el relato oficial que pretende imponer que los despidos son justificados porque las y los despedidos son ñoquis, vagos o militantes de determinado gobierno. No, son trabajadores probados que cumplen sus funciones, no son una planilla excel, detrás hay familias. Todos estos despidos son injustos porque el gobierno no puede acreditar ninguna falta real, nadie está despedido por justa causa”, expresó Giuliani.
El ministro de Salud, Ricardo Pieckenstainer, que proviene del sector de prestadores privados de la salud, luego de una reunión mantenida con los directivos de los 44 hospitales provinciales, había justificado los despidos en “la baja productividad” del sistema de salud público.
Giuliani agregó que “(el gobernador, Martín) Llaryora está perpetrando un ajuste en Córdoba en sintonía al impulsado por el presidente Javier Milei en el ámbito nacional”.
También apuntó que el gobierno deja desamparados sectores completos de la Administración Pública, por ejemplo, como consecuencia de “los despidos en la SENAF que vacía de profesionales el organismo”.
El dirigente gremial planteó que “no mueve el amperímetro reducir el costo de salarios de 200 mil pesos en la SENAF o 350 mil pesos en Salud. No vemos el ajuste en la política que habían anunciado. Y si encima le agregamos el supuesto superávit de más de 900 millones de dólares que dijo haber dejado (el ex gobernador Juan) Schiaretti. No vemos que falte plata como dice Llaryora. Alguien está mintiendo acá”.
Luego explicó que “estamos convocando a una Jornada de Lucha con paro activo para el 9 de enero, en todo el Estado provincial y en todo el territorio cordobés, para ir a una jornada de lucha que plantea ATE Nacional el 15 de enero. Y todo esto nos sirve para juntar fuerza y calentar motores de cara al paro general del 24 de enero, que se va a realizar en toda Argentina, por el proceso de ajuste que se da en el Estado nacional, de igual manera a lo que sucede en el Estado provincial y lo que decanta naturalmente en los municipios”.
PARITARIAS
Giuliani recordó que “las medidas de acción gremial que llevará a cabo ATE en lo que resta de enero tienen por objetivo reincorporar a la totalidad de las y los despedidos, pero también están dirigidas a la democratización de las relaciones laborales. ATE es un sindicato con casi 100 años de historia y la personaría gremial Nº 2 y tiene que estar en la mesa paritaria. Con Schiaretti y con Llaryora, ATE está siendo ilegalizado y se genera esta perspectiva de negociación solamente con el unicato sindical”.
Por último, demandó “la convocatoria a las paritarias como marca la ley”, con participación de ATE.
QUÉ DIJO EL GOBIERNO
El gobierno de la provincia había dicho el martes 2 de enero pasado que todos los trabajadores con “contratos de servicios” en la Administración Pública fueron dados de baja a partir del 31 de diciembre. La información fue dada a conocer por el secretario General de la Provincia, David Consalbi, a través de un comunicado de prensa.
Decía el comunicado oficial que “la Secretaría General de la Gobernación informa que el pasado 31 de diciembre de 2023 vencieron los contratos de servicios de agentes que se encontraban vinculados en el ámbito de la Administración Pública Provincial”.
Agregaba que “esta clase de contratos tiene vigencia por un tiempo determinado y posee fecha de caducidad, por el cual su término opera de pleno derecho y no debe sorprender a quienes se encontraron vinculados por este instrumento”.
También señalaba que “los responsables de cada jurisdicción evaluarán en su nueva estructura orgánica la necesidad del área y aquellos servicios que se consideren indispensables serán objeto de análisis”.
Sin embargo, en la noche del jueves 4, a través de un nuevo comunicado de prensa, el Ejecutivo expresó que “bajo la premisa de hacer eficientes los recursos humanos de los equipos de salud, se impulsan decisiones con el objetivo de mejorar el acceso a la salud de los cordobeses” y justificó las cesantías en “la baja productividad” del sector salud.
EL ESCENARIO
La medida es un nuevo capítulo del ajuste de las cuentas provinciales que puso en marcha el gobernador Llaryora pese a que la administración del ex gobernador Juan Schiaretti anunció que había dejado recursos en caja por valor de 932 millones de dólares.
El último miércoles de 2023, la Legislatura provincial aprobó una suba del 2% a los aportes de la Caja de Jubilaciones, con opción a otro porcentaje igual; y del 1% para el Apross -la obra social estatal-. La misma iniciativa faculta al Apross a establecer un aporte solidario regular y a constituir un fondo complementario con el aporte mensual de los afiliados y beneficiarios para atender enfermedades emergentes, tratamientos prolongados, prácticas y tecnologías innovadoras.
Por otro lado, si bien la Provincia pagó en diciembre el incremento inflacionario de 12,9% del mes de noviembre de 2023, en línea con la paritaria salarial firmada en septiembre de 2023, desconoció el acuerdo en lo relativo a la inflación de diciembre de 2023. Según distintas consultoras económicas, el IPC de diciembre podría llegar a un incremento de entre 25 y 30%. El informe mensual del Centro de Almaceneros de Córdoba midió en diciembre, en Córdoba, una inflación de 30,4%. Es el primer dato en ese sentido. Mientras que la Dirección de Estadísticas de CABA anunció este lunes, que el IPC del último mes del año en la capital argentina fue de 21,1%. Ahora, el Gobierno convocaría a los sindicatos del sector público a una nueva negociación a partir del 15 de enero próximo.
El ajuste provincial es un coletazo del plan económico del gobierno nacional. La devaluación del peso de 119% en diciembre pasado, desató una fuerte escalada inflacionaria por la veloz traslación del dólar a precios internos. A ello, se agregaron las fuertes medidas de ajuste del gasto público nacional y la eliminación de la obra pública y de las transferencias a las provincias.
Este conjunto de políticas se suma a la disminución de los giros coparticipables al conjunto de los distritos por la eliminación del impuesto a las Ganancias de cuarta categoría a los trabajadores y la eximición del pago del IVA a productos de la canasta básica, disposiciones resueltas por el anterior gobierno nacional de Alberto Fernández y el ministro de Economía, Sergio Massa. La disminución de los envíos correspondientes a estos dos impuestos alcanza en Córdoba a los 7 mil millones de pesos mensuales.
El PJ provincial negoció la llegada de Osvaldo Giordano a la ANSES y Franco Mogetta a la Secretaría de Transporte buscando darle volumen político y sostén territorial al nuevo Gobierno. El PJ provincial negoció la llegada de Osvaldo Giordano a la ANSES y Franco Mogetta a la Secretaría de Transporte buscando darle volumen político y sostén territorial al nuevo Gobierno. Al igual que el Pro liderado por el ex presidente, Mauricio Macri, y el partido del gobernador salteño, Gustavo Sáenz, forman parte del gobierno nacional. Se trata de una alianza de “baja intensidad”.
En ese marco, los legisladores nacionales que responden al ex gobernador, Juan Schiaretti, y a Llaryora, los dos principales dirigentes del PJ cordobés, darían apoyo, en general, a la Ley Ómnibus que envío el gobierno nacional al Congreso, aunque rechazarán el capítulo referido a retenciones. Mientras que este lunes, junto a otras provincias, iniciaron negociaciones con el gobierno nacional para modificar el tramo referido a la producción y uso de biocombustibles.
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