Tres referentes del autodenominado espacio Revolución Federal fueron detenidos este jueves en el marco de una causa judicial en la que se los investiga por impulsar acciones violentas contra dirigentes políticos e incluso por sugerir la posibilidad de un atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Los detenidos son Jonathan Ezequiel Morel, referente y vocero de Revolución Federal, y los integrantes de ese espacio Leonardo Franco Sosa, Gastón Ezequiel Guerra y Sabrina Basile, hija del ex DT de la Selección Argentina, Alfio Basile, quienes pueden ser indagados este viernes.
Las detenciones fueron efectivizadas por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) por orden del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi en el marco de una investigación que permanece bajo secreto de sumario y que fue delegada en el fiscal Gerardo Pollicita.
Para los investigadores, las consignas y manifestaciones violentas protagonizadas por Revolución Federal desde mayo de este año pudieron haber funcionado como “caldo de cultivo, como el discurso de odio que desencadenó” el intento de asesinato de la vicepresidenta, según pudo saber Télam de fuentes judiciales.
Las detenciones se activaron luego de que Morel emprendiera un viaje en micro a Paraná, Entre Ríos, lo que para los investigadores implicó un riesgo para la investigación, según detallaron a Télam fuentes del caso.
Morel fue detenido en la ciudad entrerriana, mientras Sosa y Guerra fueron encontrados en sus respectivos domicilios en provincia de Buenos Aires en el marco de una serie de 11 allanamientos realizados por la PSA.
En los allanamientos se secuestraron teléfonos celulares, computadoras y otros dispositivos electrónicos, además de materiales útiles para la fabricación de bombas incendiarias, según pudo reconstruir esta agencia.
Los detenidos pueden ser acusados de organizar o formar parte de agrupaciones que tuvieren por objetivo imponer sus ideas a la fuerza o infundir temor en otras personas, según explicaron a Télam fuentes con acceso a la investigación.
El artículo 213 bis del Código Penal establece que “será reprimido con reclusión o prisión de tres a ocho años el que organizare o tomare parte en agrupaciones permanentes o transitorias que, sin estar comprendidas en el artículo 210 de este código, tuvieren por objeto principal o accesorios imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor, por el solo hecho de ser miembro de la asociación”.
También se les achacaría la supuesta incitación a la violencia colectiva contra grupos de personas o instituciones y la incitación a la persecución o el odio contra una persona o grupos de personas a causa de su raza, religión, nacionalidad o ideas políticas.
Las detenciones habían sido solicitadas por el fiscal Pollicita a través de un extenso dictamen que le presentó el martes al juez Martínez de Giorgi, en el que enumeró distintas manifestaciones violentas convocadas por Revolución Federal como así también las declaraciones públicas, amenazantes, esgrimidas por sus referentes.
Esta agencia pudo averiguar que entre las manifestaciones enumeradas se encuentra la marcha de las antorchas convocada el 25 de mayo de este año frente al Congreso de la Nación bajo consignas tales como “Basta de Cristina”, “Basta de Alberto”, “Los vamos a sacar” y “Van a correr”.
Otra de las manifestaciones invocada por el fiscal fue la realizada en Plaza de Mayo el 9 de julio bajo consignas como “Es hora de accionar” y “Es ahora o nunca”, a la que Morel asistió con una guillotina de utilería de grandes dimensiones.
También fueron considerados por el juzgado y la fiscalía los mensajes publicados por los acusados en sus redes sociales, sus expresiones en medios de comunicación y las propuestas que realizaron en diálogos que transmitieron por Twitter Space, una herramienta utilizada para conferencias o diálogos virtuales.
El 26 de agosto, por caso, durante una de esas charlas que fue titulada “Hay que pudrirla”, una persona que se supone era Morel proponía infiltrarse entre la militancia kirchnerista que manifestaba su apoyo a la Vicepresidenta en la puerta de su casa, para llevar a cabo un ataque, algo que efectivamente ocurrió cinco días después cuando Sabag Montiel intentó asesinarla.
“Hoy por ejemplo veía cómo Cristina saludaba a La Cámpora y a la militancia y decía, lástima que a mí ya me conocen la cara porque si no sabes cómo me infiltro ahí una semana y espero a que baje… si a mí no me conocieran los nenes de La Cámpora yo voy te canto ahí la marcha peronista 7 días seguidos y en cuanto puedo paso a la historia”, decía uno de los participantes de esa conversación pública.
Esa información fue presentada en el expediente por el titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Agustín Rossi, quien además aportó las grabaciones de otras conversaciones públicas publicadas en redes sociales en las que se hablaba de la posibilidad de atentar contra el presidente Alberto Fernández.
La vicepresidenta Fernández de Kirchner interviene como querellante en este expediente en el que es representada por los abogados José Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal, quienes además la asisten en la causa en la que se investiga el intento de magnicidio, que tramita en el juzgado de María Eugenia Capuchetti.
En el escrito presentado el lunes pasado, cuando solicitó ser tenida por querellante, la vicepresidenta sostuvo que veía “probable” que existiera algún tipo de vinculación entre la organización Revolución Federal y las personas acusadas de haber querido asesinarla.
“Es probable que el accionar del grupo no se limitara a amenazas, instigaciones y preparación de delitos en abstracto, sino que haya participado específicamente en el intento de atentado en mi contra”, sostuvo la dos veces Presidenta en el escrito que sus abogados le presentaron al juez Martínez de Giorgi.
En aquel escrito, la Vicepresidenta también puso el foco en el posible financiamiento de esa organización que tiene como referente a Morel, el dueño de una carpintería que en el último tiempo recibió pagos millonarios de parte de Caputo Hermanos, una empresa integrada por hermanos del exministro del Gobierno de Juntos por el Cambio Luis Caputo, aunque no por él.
La ruta de ese dinero y su destino final está también bajo investigación de la justicia, que hoy dispuso allanar tanto la sede porteña de la firma Caputo Hermanos como la de dos fideicomisos a través de los cuales se canalizaron los pagos a la carpintería de Morel.
Caputo Hermanos realizó el miércoles por la noche una presentación espontánea para ponerse a disposición de la justicia y asegurar que los pagos realizados a Morel y sus socias de la carpintería fueron por trabajos realizados de los que se adjuntaron fotos.
Entre otras decisiones que tomó el juez Martínez de Giorgi, está la de plantearle a distintos colegas de Comodoro Py que se inhiban de seguir interviniendo en causas por acciones violentas llevadas a cabo por miembros de Revolución Federal y que le remitan las causas para poder investigarlas todas juntas.
> Con información de TÉLAM.
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