El Partido Obrero en el Frente de Izquierda, presentó este lunes 25, un proyecto de ordenanza para establecer un bono de $20.000 y un salario mínimo de $100.000 para más de 3500 trabajadores precarios que desempeñan tareas en el municipio.
La concejala del FIT, Cintia Frencia, explicó que “el descalabro económico en el país agudiza la crisis social en nuestra ciudad. Los índices de desocupación y precarización laboral se han disparado, dejando al 46% de la población del Gran Córdoba bajo la línea de la pobreza. Para mitigar esta crítica situación, y en consonancia con el plan de lucha nacional que impulsa la Unidad Piquetera, presentamos un proyecto por un bono de $20.000 para becarios, servidores urbanos, promotores, monotributistas, contratados y pasantes que desempeñen tareas en la municipalidad de Córdoba, como así también para trabajadores de cooperativas que desempeñen tareas para los Centros Verdes, Centros de Acopio y Transferencia, y todo trabajador que cumpla funciones en el municipio, bajo cualquier modalidad de contratación precaria”.
Frencia dijo que “estamos hablando de al menos 3.500 trabajadores que desempeñan tareas centrales para el funcionamiento del municipio, por un ingreso bajo la línea de la indigencia”.
Explicó que “en este universo se contabilizan a dos mil servidores urbanos que hacen mantenimiento y desmalezado en los espacios públicos, tareas operativas en los CPC, y trabajo en la obra pública, por una beca de $18.000. En la misma línea se encuentran 300 miembros de 9 cooperativas que trabajan en los Centros Verdes, Centros de Acopio y Centros de Transferencia municipales por una remuneración de $20.000”.
También incluyó a “centenares de monotributistas, contratados, promotores y becarios que no llegan a la canasta de pobreza. Por eso en el mismo proyecto proponemos un aumento salarial de emergencia que lleve los ingresos de estos trabajadores arriba de los $100.000 de la canasta básica, y avanzar hacia el pase a planta”.
“Con una política de precarización laboral y ataque a la planta municipal, el gobierno de Llaryora hace la punta en materia de reforma laboral y ajuste fiscal, con consecuencias preocupantes no solo para los trabajadores afectados sino para la prestación de servicios esenciales al conjunto de los vecinos”, planteó la edil de la izquierda.
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