Cabe recordar que el Gobierno y los gremios habían pactado un 30% de incremento a pagarse en tres tramos: 15% con los haberes de febrero, 5% con los haberes de abril y 10% con los haberes de julio.
La medida oficial alcanza a todos los empleados del Poder Ejecutivo: equipo de Salud Humana, docentes, Escalafón General, jerárquicos, personal de la Policía de la Provincia, Servicio Penitenciario y Fuerza Policial Antinarcotráfico, como así también el resto de los regímenes escalafonarios de la Administración Pública Provincial.
El comunicado de prensa del Ejecutivo, señala que “en el caso de los docentes se otorgará, además, con los haberes de mayo y en adelante un incremento mensual de $5.000 por cargo y por cada 15 horas cátedra, como complemento del Fondo Nacional de Incentivo Docente – FONID, en función de la decisión del Gobierno Provincial de fortalecer el sistema educativo provincial en el regreso a las aulas tras dos años de pandemia”.
Agrega la información que “esta medida tiene como objetivo proteger el poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores, teniendo en cuenta la evolución de los precios de los bienes y servicios de la economía argentina desde la segunda quincena del mes de marzo y la situación de la macroeconomía en general”.
También apunta que “con esta iniciativa, el Gobierno asegura que los incrementos salariales se mantengan por encima de la inflación esperada, previendo retomar las negociaciones salariales correspondiente al segundo semestre del año en el mes de Agosto”.
Por su parte, la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) cuestionó la decisión oficial: “En respuesta a la solicitud del conjunto de los gremios estatales, de reapertura de la mesa de negociación salarial, el Gobierno de la provincia de Córdoba resolvió unilateralmente liquidar con los haberes del mes de mayo el pago del 10% de aumento salarial correspondiente a julio”.
Mientras que la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), entidad que no es convocada a la negociación salarial por la Provincia, pese a las resoluciones administrativas y judiciales que disponen su legitimidad, había rechazado el 30% de aumento para el semestre y reclamado un piso salarial de 90 mil pesos. En esa línea convocó a un paro de actividades el próximo 26 de mayo.
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