La legislatura de Córdoba aprobó la ley que autoriza las apuestas y el juego online. El proyecto fue presentado por un grupo de cinco legisladores de la UCR-PRO encabezados por Orlando Arduh (UCR), y obtuvo la mayoría que requiere la sanción legal con los votos que aportó el bloque de Hacemos por Córdoba.
Esta propuesta ha sido severamente cuestionada por las iglesias y particularmente por la pastoral sobre adicciones del Arzobispado local. El argumento de la ludopatía se coloca en el centro de éste señalamiento, y el particular daño que esta adicción produce asociada a la pobreza.
Una situación similar, con argumentos parecidos, se planteó hace 21 años cuando el Gobierno de José Manuel De la Sota privatizó el organismo público que explotaba los juegos de azar en la Provincia y luego terminó otorgándoselos al Grupo Roggio en sociedad con el Grupo Caruso, cuya concesión aún continúa.
La aprobación legislativa, en aquel momento, terminó estableciendo un límite geográfico para la instalación de los locales de juego, slots, bingos, ruletas, etc. fuera del radio del departamento Capital, como si esto restringiera la “tentación al juego” de las personas de menos recursos.
De la experiencia recogida en nuestra provincia, y en el resto del país en estos últimos 25 años se puede agregar al análisis por los menos dos temas fundamentales:
a- Los juegos de azar son considerados internacionalmente como actividad vinculada al lavado de recursos financieros provenientes de actividades ilícitas;
b- La incidencia distorsiva del empleo de los recursos provenientes del juego en el financiamiento de las campañas electorales.
La Unidad de Información Financiera (organismo del Estado Nacional) así lo trata en su resolución 199/11 sobre Encubrimiento y Lavado de Activos de Origen Delictivo, estableciendo medidas y procedimientos que deben observar las personas físicas o jurídica que como actividad habitual exploten juegos de azar, en virtud de lo regulado por la ley 25246, articulo 20.
Las leyes sobre financiamiento de las campañas electorales, tanto en el orden nacional como provincial, expresamente prohíben los aportes de este tipo de concesionarios del Estado. Paradójicamente ambas se encuentran suspendidas en su aplicación y los jueces electorales no parecen muy interesados en observar su aplicación.
La sola mención de los grupos antes nombrados a cargo de la explotación del juego en la Provincia de Córdoba es evidencia suficiente de la envergadura del escandaloso acto perpetrado en la Legislatura.
Ninguna de estas cuestiones antes enunciadas aparece ni siquiera mencionada en el veloz tratamiento de esta ley y mucho menos en su articulado.
El legislador Orlando Arduh (UCR, JxC).
El Gobierno de Juan Schiaretti hacía tiempo que estaba interesado en imponer en la agenda el juego online y, sorpresivamente, contó con este proyecto presentado por el legislador Orlando Arduh, conocido por ser un hombre vinculado al manejo de las finanzas partidarias de la UCR.
No es la primera vez, que temas de gran importancia para la agenda de los sucesivos gobiernos “cordobesistas”, tanto de José De la Sota como de Juan Schiaretti, después de pasar largo tiempo en maceración preparando a la opinión pública, sorpresivamente son presentados por legisladores opositores, trasladando al interior de estas fuerzas los intercambios de culpas y reproches, y subalternizando los debates.
El gobernador Juan Schiaretti.
Ha pasado innumerables veces, pero selecciono dos momentos principales:
1- El proyecto de privatizaciones de Epec, Banco de Córdoba y el Juego, presentado por el Gobernador De la Sota en el año 2000 a la Legislatura, por entonces bicameral.
Después de ser aprobado en la Cámara de Diputados con el rechazo de la oposición, paso a la Cámara de Senadores, en la cual la UCR y el entonces FREPASO contaban con la mitad mas uno de los miembros y todos sus integrantes habían rubricado un documento de rechazo del mismo, situación que aseguraba de hecho el rechazo de la ley privatizadora.
Súbitamente, el día anterior a su tratamiento, el Senador Jorge Bodega, integrante del Frepaso, presentó un proyecto que proponía la concesión por treinta años al capital privado de la EPEC, y la incorporación mayoritaria de capital privado al Banco de Córdoba y la Lotería del Estado.
Al día siguiente el Senado Provincial, aprobó sobre tablas el Proyecto del Senador Bodega, a mano alzada. Esta es la popularmente conocida como ley Bodega.
2- El proyecto de Reforma de la Constitución Provincial presentado por el Partido Justicialista, que fue rechazado por los bloques de la UCR y del Frepaso en abril de 2001.
A solo semanas de ratificar ésta posición el Comité Provincial de la UCR, su presidente Miguel Nicolás, y el presidente del Bloque de Senadores de la UCR, Martin Ambort, presentaron un nuevo proyecto que planteaba la necesidad de la reforma de la Constitución. En el capítulo correspondiente al Poder Legislativo, proponían en forma coincidente al PJ, el sistema unicameral. Con la novedad de que la misma debía comenzar a funcionar a partir de diciembre de ese mismo año 2001, para lo cual debía establecerse la caducidad de la legislatura que tenía mandato hasta el 2003. Con el acuerdo celebrado en la trastienda, los senadores de la UCR pusieron el proyecto en el escenario público y el Senado aprobó sobre tablas y por aclamación, ante la atenta mirada de De la Sota presente en el recinto de sesiones, la convocatoria de la Convención para la reforma de la Constitución con el único tema habilitado que era la modificación del capítulo legislativo. En la misma norma se establecía la caducidad de los mandatos de los legisladores de ambas cámaras.
José Manuel De la Sota. (Foto: Gentileza).
Hoy el tema de la legalización del juego online adquiere una enorme importancia por su gravedad, social, política y económica.
A las certeras críticas formuladas por las iglesias acerca del daño social que puede agigantar este tipo de apuestas y juegos de azar online, es fundamental agregar las observaciones de los organismos públicos de control de lavado de activos como la UIF y establecer claramente los limites al ingreso de recursos monetarios provenientes del juego en las campañas electorales, fijando mecanismos de incompatibilidades entre estas actividades y las funciones públicas.
Éstas son discusiones imprescindibles a dar hoy en nuestra sociedad y que deberían recoger sus instituciones representativas.
Hace dos décadas el cordobesismo instauró un mecanismo que obturó el debate informado y la participación social inaugurando el “método Bodega”, que estableció un sistema hegemónico que invariablemente suma a un grupo opositor como socio-beneficiario subordinado.
* Carlos Vicente es abogado laboralista.
>> COBERTURA
—
—
