Fenómeno extraño y contradictorio sucede en Córdoba, y en otros puntos del país. Sectores del movimiento obrero (en algunos casos dirigentes sindicales, que ocupan cargos legislativos), movilizan y salen a través de distintos medios de comunicación a manifestar abiertamente su rechazo a los proyectos de reforma laboral, que impulsan sectores políticos de derecha en Argentina.
Sin embargo, tanto en la provincia de Córdoba, como en otras provincias e incluso a nivel nacional, se vienen presentando desde hace años, proyectos de leyes impulsados por ciudadanos y por legisladoras y legisladores que abordan problemáticas realmente trascendentales para la vida de quienes trabajan, sin lograr el apoyo de representantes legislativos, incluidos los del movimiento obrero.
Eso sucede, por ejemplo con estos temas: violencia laboral (flagelo que termina ocasionando graves y en otros casos acaba con la vida quienes la padecen), alimentación saludable (para prevenir enfermedades derivadas del sedentarismo y la inadecuada ingesta alimentaria en el ámbito laboral), modificación de la ley 14250 (Convenciones Colectivas), y prohibición de apps extranjeras (ante la competencia laboral desleal y evasión ttibutaria que ocasiona estas plataformas ilegales), entre muchas más.
El caso testigo en la provincia de Córdoba es el proyecto 18973L16 que fuera presentado por el entonces Legislador Ezequiel Peressini (FIT) en la Legislatura Unicameral en el año 2016, iniciativa en la que participé en su elaboración.
Cosechó el apoyo de más de una veintena de adhesiones de sindicatos, de centrales obreras nacionales, de organizaciones religiosas, y del Defensor del Pueblo de la Provincia, y fue declarado de interés general por ocho (8) facultades de la Universidad Nacional de Córdoba (Derecho, Psicología, Ciencias Económicas, Artes, entre otras).
A pesar de tener el consenso de los sectores universitarios, sindicales, religiosos, y oficiales, quienes legislan en nuestra provincia ni siquiera se dignaron a tratarlo en Comisión nunca.
En mi carácter de autor del proyecto, presenté innumerables notas pidiendo el tratamiento del mismo.
Nunca tuve respuesta alguna. Un simple ciudadano, nunca tuvo respuesta de quienes se dicen nuestros representantes.
¿Nos representan realmente?
Cuesta entender que quienes no tratan este y otros proyectos que benefician a quienes trabajan en Córdoba, pretendan hacernos creer que están del lado del trabajador, y en contra de la reforma laboral derechista.
Personalmente, para nosotros, los ciudadanos, valen más los hechos que las palabras de quienes están en política sindical y partidaria.
En el Concejo Deliberante de Córdoba ha sucedido lo mismo con proyectos contra la violencia laboral y las apps extranjeras.
No se demuestra voluntad política para avanzar en las mismas, teniendo en cuenta que mejoran la vida de quienes trabajan en la capital cordobesa.
¿Entonces, qué sector político hoy verdaderamente representa la agenda de quienes trabajan?
La derecha insiste en seguir quitando derechos adquiridos, conquistas obreras y pretenden instalar la uberización de todas las actividades laborales (estatales y privadas), en nuestra Nación.
La finalidad es precarizar el trabajo, llevarnos a una forma de esclavitud laboral moderna, de sometimiento al poder político, de engrosar las ganancias de los sectores más ricos de Argentina a costa de seguir aumentando la pobreza y la indigencia de la clase obrera nacional.
En estos últimos días, hemos presentado dos nuevas iniciativas que benefician a la clase trabajadora de Córdoba en la Legislatura Unicameral. Se trata de los proyectos N° 33815L21 (presentado por el Bloque de Legisladores de Encuentro Vecinal Córdoba -Proyecto de adhesión a la Ley 26396 y a la Resolución 732/2016-), y el N° 33946L21 (presentado por la legisladora Luciana Echeverría – Proyecto de Ley Provincial contra la violencia laboral-que tiene la base del proyecto 18973L16).
Esperamos entonces, el acompañamiento del resto de los bloques legislativos para que sean Ley.
En el Concejo Deliberante de Córdoba, estamos a la espera de que se presente nuevamente el proyecto de Ordenanza 7432-C-19 (contra la violencia laboral), que perdió estado parlamentario.
Asimismo, pedimos que se trate el proyecto de Ordenanza contra apps extranjeras, presentado a instancias del secretario General del Sindicato de Peones de Taxi de Córdoba, Héctor Miguel Arias, hace meses atrás (que nunca se trató, ni avanzó).
Los cordobeses queremos que ambas iniciativas sean ordenanzas también.
Para no ser más de lo mismo, para no proceder como a quienes se critica en política, hay que proceder de forma diferente. Hace años, en Córdoba no avanzan iniciativas a favor de la clase trabajadora. En muchos de estos casos, dichos proyectos enumerados cuentan con adhesiones contundentes y tratan temas que son realmente importantes, por lo tanto requieren respuesta de quienes legislan tanto en la Unicameral y el Concejo Deliberante capitalino.
Es tiempo de que quienes legislan en Córdoba comiencen a representar también los intereses de la clase trabajadora cordobesa y avanzar en la aprobación de estos y otros marcos legales necesarios para la vida de las trabajadoras y trabajadores cordobeses.
* Carlos Emanuel Cafure es abogado, delegado del Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba y coordinador de la Intersindical Argentina.
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