El jefe del interbloque de diputados de Juntos por el Cambio, Mario Negri, criticó el “megaproyecto” de ley sobre emergencia pública. “Busca desguazar al Congreso a través de una enorme delegación de facultades. También hay que señalar que los grandes perjudicados de este proyecto, son los jubilados”. Afirmó también que “la gente votó equilibrio de poder y el Gobierno, lamentablemente, está buscando una concentración de poder”.
Negri encabezó una reunión de legisladores y asesores de la principal bancada opositora con el exministro de Hacienda, Hernán Lacunza, para analizar los detalles de la iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo, que contiene 86 artículos.
Pero más allá de este análisis exhaustivo, el radical se expresó en contra de la amplia delegación de facultades al jefe de Gabinete contenida en el texto.
“Detrás de un título grandilocuente se esconde la declaración de la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social, que conlleva una delegación de facultades del Congreso al Ejecutivo que supera ampliamente a la que se dispuso en la ley de emergencia de 2002”, explicó el diputado radical.
“Nos sorprende semejante delegación de facultades porque no estamos atravesando una crisis como la que se inició en 2001. Quieren llevarse facultades hasta prácticamente desguazar al Congreso. Además, advertimos que, en muchos casos, las pretendidas cesiones de algunas facultades establecidas en el proyecto de ley rayan la inconstitucionalidad”, señaló Negri.
Dijo además que “los grandes perjudicados de la norma enviada por Alberto Fernández son los jubilados, pese a que dijeron que eran los principales beneficiarios, ya que al suspender la fórmula que establece la manera de calcular la movilidad previsional por seis meses no garantiza que los jubilados vayan a mejorar su situación con respecto a la ley de movilidad que se sancionó en 2017 en este Congreso”.
En ese sentido agregó que “en el proyecto de Alberto Fernández el esfuerzo lo hacen los jubilados. La Corte Suprema estableció que las jubilaciones debían tener una fórmula de actualización. Ahora quieren suspender esa fórmula justo cuando recibirían un aumento con el que casi estarían pisando la inflación”.
Finalmente denunció que “las facultades que pide el Ejecutivo en el artículo 85 para rediseñar los organismos descentralizados de la Administración Pública Nacional -en total 70- supera a las facultades de la ‘Ley Dromi’ del menemismo; nos parece una exorbitancia”.
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