Finalmente, la Corte Suprema de Estados Unidos decidió denegar el “Certiorari”, que es un recurso presentado por los abogados defensores de Víctor Saldaño en ese país. El trámite fue un pedido especial para que el máximo tribunal estadounidense se abocara nuevamente al caso y analizara la sentencia del segundo juicio al cordobés, donde había sido condenado nuevamente a muerte. Ahora, sólo queda una vía para evitar que lo ejecuten en Texas, Estados Unidos, donde permanece en el corredor de la muerte desde hace 24 años: que el gobierno de Donald Trump acate la resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que reclama conmutar la pena por los vicios racistas de ambos juicios.
Lo sucedido es lógico puertas adentro del sistema judicial estadounidense, porque haber hecho lugar al recurso de revisión, hubiera implicado reconocer la existencia de un proceso judicial desbalanceado contra el argentino. El planteo había sido patrocinado por el abogado Jonathan Miller.
Cabe recordar que, el miércoles último, en Quito, Ecuador, la CIDH había reclamado al gobierno de EE.UU., que cumpla con sus resoluciones (equivalentes a sentencias judiciales) y “conmute” la pena de muerte de Saldaño.
La CIDH instó “a Estados Unidos de América a cumplir con las recomendaciones emitidas en relación con los derechos humanos de Víctor Saldaño. Estados Unidos está sujeto a las obligaciones internacionales derivadas de la Carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre desde que ingresó en la OEA en 1951. En consecuencia, la CIDH insta a Estados Unidos a respetar plenamente sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos”. Dicho de otro modo, plantea que el gobierno de Donald Trump debe sacar a Saldaño del corredor de la muerte y anular su condena a muerte.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
Saldaño tiene 46 años, 24 de los cuales ha estado encarcelado, la mayor parte en el llamado “Corredor de la Muerte”, a la espera de su ejecución, por lo que su estado psicológico es grave. El argentino fue acusado del asesinato del comerciante estadounidense Paul Ray King en 1995, dos veces condenado a muerte, y dos veces anuladas esas sentencias por la CIDH, por las concepciones racistas de la Justicia estadounidense. La primera anulación, derivó en un nuevo juicio, cuyo resultado y proceso fue nuevamente cuestionado por la CIDH, y este mandato es el que todavía no ha sido cumplimentado por el gobierno estadounidense.
Dice la CIDH que “en el Informe de Fondo No. 24/17, la Comisión recomendó a Estados Unidos otorgar a Víctor Saldaño una reparación efectiva, incluyendo la revisión de su juicio y condena; conmutar su pena; trasladarlo fuera de dicho corredor; que el Estado asegure que sus condiciones de detención sean compatibles con su dignidad humana, y que se proporcione debida atención a su salud mental”.
Recuerda también que “el 18 de marzo de 2017, la CIDH adoptó el Informe de Fondo N°24/17, en el cual concluyó que Estados Unidos es responsable de violar los derechos a la vida, libertad y seguridad, integridad, igualdad ante la ley, a un juicio justo, a la protección contra la detención arbitraria, y al derecho a un proceso regular de Víctor Saldaño”.
Y explica que “la Comisión concluyó que Víctor Saldaño no fue tratado conforme al principio de igualdad ante la ley, pues su raza y origen nacional fueron tomados en cuenta en el primer juicio de determinación de la pena. Asimismo, la CIDH determinó que Víctor Saldaño no contó con una defensa de oficio adecuada y que existieron múltiples barreras procesales que impidieron que sus reclamos fueran debida y oportunamente escuchados y resueltos, incluyendo los relativos a la aplicación discriminatoria de la pena de muerte en el primer juicio y a la consideración inadecuada a su salud mental durante el segundo juicio”.
Por su parte, el abogado de Saldaño ante la CIDH, Juan Carlos Vega, demando en la sesión plenaria de la CIDH, en Ecuador, que “los EE.UU. cumplan en un plazo de 30 días con las decisiones de la CIDH, en su informe 76/16 y dispongan la inmediata salida de Víctor Saldaño del corredor de la muerte y reconozcan y declaren que es técnicamente un inocente ya que el Sistema Judicial Americano (de Estados Unidos) nunca pudo probar legalmente su culpabilidad. Y que las dos condenas a muerte estuvieron impregnadas de racismo”.
También planteó que “los EE.UU. reparen integral y eficazmente a las víctimas por los inmensos daños causados por los 24 años de torturas por los tratos de penas inhumanos o degradantes”.
Y, por último, le solicitó a la CIDH que “denuncie la conducta del Estado americano de no cumplir con las decisiones de fondo de la CIDH, a la Asamblea de la OEA y al Alto Comisionado de Naciones Unidas en Derechos Humanos”.
