La aplicación de transporte Uber, que no tiene sede en Argentina, sigue operando pese a la decisión de la Justicia de Córdoba de dar curso a un recurso de amparo presentado por la Municipalidad de la capital provincial. La Cámara 2° en lo Contencioso Administrativo había instado a la compañía multinacional de origen estadounidense, que deje de prestar servicio hasta que se resuelva la cuestión de fondo. Esto es, si Uber es legal o ilegal.
Mientras, taxistas y remiseros marcharán este martes al mediodía hasta el Concejo Deliberante para reclamar que se incremente el valor de las sanciones a los choferes de Uber y remiseros que sean detenidos en la vía pública.
Por su parte, el edil radical Lucas Cavallo presentó un proyecto para llevar el valor de la sanción económica a 72000 mil pesos.
Hasta el momento, el municipio lleva secuestrados en la primera semana de operaciones de Uber a ocho autos, a los que les aplicó el artículo 160 del Código de Convivencia Municipal, con sanciones que van desde las 30 a las 60 Unidades Económicas Municipales. Cada UEM representa el valor de 8 litros de nafta súper, por ese motivo, las sanciones van desde 11.625,60 hasta 23.251,20 pesos.
Que el Concejo Deliberante tenga que considerar una modificación del valor de las multas, tiene que ver con que suspendió con la ordenanza 12919, las sanciones que establecía en su artículo 82 la ordenanza 12859. El monto de estas multas es mucho más elevado y parten desde 72 mil pesos.
Ayer, se sumó al conflicto en terreno judicial, que un chofer de Uber, realizó ayer una presentación en la Justicia donde reclama que le permitan continuar con la actividad. La identidad no trascendió. Con el no acatamiento de la disposición judicial y la decisión de presentarse a través de un chofer para ir contra el planteo municipal, Uber produce una escalada del conflicto.
El hombre cuenta con el asesoramiento legal del estudio jurídico Carranza Torres y rechaza los planteos judiciales que sostienen que es ilegal la aplicación de transporte que conecta a pasajeros con conductores particulares.
El escrito precisa que el servicio que se desarrolla por medio de la aplicación, es legal y que se trata de una prestación privada, no pública. En esa línea, afirma que la actividad no está alcanzada por la ordenanza 12.859, que establece el marco regulatorio para el servicio de taxis y de remises.
Dice también que “ejerciendo su derecho de propiedad, tienen intención de optimizar sus activos, (…) pero no son prestadores, ni dependientes bajo ninguna forma de un servicio público”.
VER Uber desembarcó en Córdoba y viene ganando “la guerra” del transporte.
VER Uber y otras Apss funcionan como un Estado paralelo.
LO QUÉ ESTÁ EN DISCUSIÓN
-Uber dice que no es un transporte público y que su actividad no puede estar regulada por la ordenanza 12859, que establece las reglas de funcionamiento de taxis, remises y remises de lujo.
-La Municipalidad junto a taxistas y remiseros considera que Uber viola las disposiciones de la ordenanza y que su funcionamiento es ilegal.
-La Justicia provincial aceptó un recurso de amparo de la comuna para que Uber cese su funcionamiento hasta resolver la cuestión de fondo (si la actividad se encuadra o no en la ordenanza 12859).
-Un chofer de Uber presentó un recurso judicial para poder trabajar y dice que el servicio no es público, sino privado.
