Un proyecto de ley presentado por el legislador provincial, Javier Bee Sellares (UCR), modifica el Código Procesal de la Provincia de Córdoba para establecer un Régimen de Protección de Denunciantes, Testigos y Víctimas de los Delitos contra la Administración Pública tipificados en el Código Penal.
Se trata de los delitos de cohecho y tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, fraude, exacciones ilegales y enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados.
“Será una herramienta sumamente importante en el combate contra la corrupción como sucede en democracias consolidadas. A nivel regional, Bolivia, Chile y Perú son los ejemplos de países que han impulsado reformas en sus legislaciones en materia de protección de denunciantes”, afirma el autor del proyecto.
“La falta de protección y medidas de seguridad para los denunciantes de buena fe de hechos de corrupción retroalimenta el sistema y aumenta los índices de comisión de estos actos delictivos, generando, por lo tanto, mayores niveles de impunidad. Con este proyecto se incentivará a aquellos que poseen información o son testigos de actos de corrupción y que se encuentran temerosos a represalias contra su persona o sus allegados a que se acerquen a las autoridades competentes a informar estos hechos”, explicó el legislador.
Según la fundamentación, la sanción de esta iniciativa implicará el cumplimiento de normas incluidas en Tratados Fundamentales ratificados por la Argentina en materia de lucha contra la corrupción, como son la Convención Interamericana Contra la Corrupción, y la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción.
En nuestro país, en el ámbito del Ministerio de Justicia funciona en la actualidad el Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados creado por Ley N° 25.764, que cuenta con medidas de protección en las causas de secuestro, secuestro extorsivo, narcotráfico y terrorismo.
