La Justicia buscará incrementar las medidas de protección de víctimas de violencia familiar.
Las Cámaras en lo Criminal y Correccional y los Juzgados de Ejecución Penal de la capital cordobesa podrán entregar el botón antipánico y solicitar el acompañamiento de personal de la Policía Barrial, en aquellos casos en que se dispongan penas de ejecución condicional o se le otorgue salidas transitorias al agresor, siempre que estos casos estén inmersos en un contexto de violencia de género. Lo dispuso el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJ), mediante el Acuerdo Reglamentario N° 1539.
La decisión se adoptó luego del trabajo conjunto llevado adelante por la Oficina de Coordinación de Violencia Familiar (OVF), dependiente del TSJ; el Ministerio de Justicia de Derechos Humanos; y el Ministerio de Seguridad, ambos de la Provincia de Córdoba, a fin de brindar mayor protección a las víctimas de este flagelo.
El acuerdo, además, amplía las facultades del equipo técnico de la Oficina de Atención Centralizada para el Tratamiento de las Causas de Violencia Familiar en la Etapa de Juicio (OAC) para practicar la evaluación a las víctimas de violencia familiar inmersas en violencia de género y concluir respecto de la viabilidad de entrega del botón antipánico, en aquellos casos en que exista un riesgo alto.
Según el caso, estos profesionales también podrán recomendar el inicio de la etapa de seguimiento por parte de la Policía Barrial. Dicha instancia estará a cargo de una nueva dependencia denominada “Oficina de Enlace”, que funciona bajo la órbita de la Dirección de Control de la Policía Barrial. Esta dependencia tendrá a su cargo la tarea de garantizar las respuestas de seguimiento durante el plazo y la frecuencia dispuesta por el magistrado interviniente. Para ello receptará y derivará las solicitudes, supervisará su aplicación y realizará evaluaciones periódicas en base a la construcción de información sobre los procesos de seguimiento realizados por el personal de los cuadrantes de la Policía Barrial de la ciudad de Córdoba.
Esta resolución entrará en vigencia una vez finalizada la etapa de capacitación, que estará a cargo de la Oficina de Coordinación de Violencia Familiar del TSJ.
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