Los obispos de la provincia de Córdoba emitieron una carta abierta contra el aborto y subieron la presión contra los senadores en general y los tres cordobeses en particular, que hasta ahora buscaban una tercera posición con el objetivo de recoger algunos reclamos, como el de la objeción de conciencia institucional, pero que a la vez, si prospera obligaría a un nuevo tratamiento en la Cámara de Diputados de resultado incierto.
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Por otro lado, la carta revela el temor de la Iglesia Católica a que finalmente sea aprobada la ley, que ayer mostraba una elevadísima paridad entre promotores y opositores y donde el dictamen de mayoría -ya sea a favor o en contra- dependerá de los que hasta ahora no han dado a conocer su posición o de lo que hagan los cordobeses Laura Rodríguez Machado y Ernesto Martínez. Según diferentes relevamientos el resultado hasta ahora es de 23 en contra y 22 a favor, con cinco senadores que no se han pronunciado aún y los cordobeses que defienden su propia iniciativa, que hoy por hoy tiene pocas posibilidades de avanzar.
Es una jugada que también expone una posición de extrema dureza frente al sistema democrático y sus instituciones, cuyo funcionamiento hasta el momento no había sido cuestionado, ni por la Iglesia, ni por otros actores sociales, políticos o culturales relevantes.
También expresa una sobreactuación, dado que -por ejemplo- la iglesia italiana no argumentó que ese país exista una dictadura pese a que el aborto es legal allí.
La carta lleva la firma de Carlos José Ñáñez (Arzobispo de Córdoba), Adolfo Uriona (obispo de Río Cuarto), Sergio Buenavena (Obispo de San Francisco), Samuel Jofré (obispo de Villa María), Ricardo Araya (obispo de Cruz del Eje), Gustavo Zubbrigen (obispo prelado de Deán Funes), Ricardo Seirutti (Obispo auxiliar de Córdoba) y Pedro Torres (obispo auxiliar de Córdoba).
En algunos de sus principales tramos dice que “en 1983, a poco de haber retomado el camino de la democracia, los obispos argentinos publicaban el documento “Dios, el hombre y la conciencia”. Estábamos saliendo de un período oscuro: pocas veces en la historia joven de nuestro país se había avasallado la dignidad de la vida como entonces. Los obispos nos invitaban a reconstruir nuestra Nación a partir de sus bases morales y culturales más profundas. Proponían para ello un examen de conciencia (que en la actualidad sigue siendo necesario) para que cada uno pudiera identificar su responsabilidad y un compromiso nuevo con la dignidad de todo hombre”.
Agregan que “hoy vivimos en democracia. Podemos así expresarnos con libertad, e incluso peticionar a nuestros gobernantes para que tengan en cuenta los legítimos puntos de vista de los ciudadanos”.
Planean luego que “los obispos de las seis diócesis presentes en el territorio cordobés, sentimos el deber de expresarnos acerca de la propuesta de los senadores de nuestra provincia sobre la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Dicha ley cuenta con la media sanción de Diputados, y los senadores tienen la grave responsabilidad de dar su voto sobre ella. A nadie se le oculta la importancia, complejidad y gravedad de la materia sobre la que están legislando: la dignidad de la vida, tanto del ser humano en gestación como de la madre gestante”.
Señalan que “con respeto y la mayor claridad posible, les hacemos llegar estas observaciones que se detienen en los aspectos éticos de la propuesta” y puntualizan que “reconocemos, ante todo, la oportunidad de incluir expresamente la objeción de conciencia institucional. Insólitamente, la ley con media sanción, mientras admite, aun con incomprensibles restricciones, la objeción individual, prohíbe taxativamente la objeción institucional. Parece que no hubiéramos aprendido nada de los dramas vividos en el siglo XX en el mundo y en la patria. Creemos que la propuesta de los senadores cordobeses es un aporte importante en esta delicada materia, pero resulta insuficiente”.
Opinan que “el contexto hace que llegue tarde y no resuelva el tema de fondo, en sus dos vertientes: en primer lugar, cómo acompañar el drama de las mujeres que han sufrido violencia o abandono, y que viven un embarazo no querido; en segundo lugar, y es lo más decisivo, cómo legitimar la injustificable muerte de un inocente”.
Más adelante manifiestan que “nos parecería desacertado el voto de los senadores aprobando el proyecto. Es más, consideramos que no expresa ni el sentir de muchos cordobeses, ni el rico cimiento jurídico a favor de la vida de nuestra Constitución Provincial”.
Por último afirman que “creemos que una democracia que no respete toda vida humana se convierte visible o encubiertamente en dictadura de los que ostentan más poder porque cuando no se respeta la vida del más débil la libertad se convierte en ocasión de dominio y arbitrariedad”.
QUE DIJERON LOS SENADORES CORDOBESES
“Lo de los obispos fue un exceso”, afirmó ayer Ernesto Martínez ayer en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), donde las juventudes políticas de Cambiemos organizaron un debate con sus dos senadores (Martínez y Rodríguez Machado). Martínez puntualizó que “entendemos que es un avance cultural que la Argentina se merece porque buena parte de los países desarrollados tienen despenalizado el aborto”.
Respecto de la carta de los obispos, dijo que se trata de un “razonamiento erróneo”. “¿Si se aprueba la legalización del aborto es dictadura y si no se aprueba es democracia?”, preguntó retóricamente. En ese marco, dijo que algunos términos de los obispos fueron “imprudentes, extremos”.
Laura Rodríguez Machado afirmó que “la problemática del aborto debe ser atendida desde la salud pública. Gracias al presidente (Mauricio) Macri, el aborto ya no es un tabú. Más allá de cómo salga la votación del 8 de agosto (el día de la votación en el Senado), algo cambió para siempre en Argentina. Sabremos de qué hablamos cuando hablamos de aborto. Sabremos por lo que pasan miles de mujeres”.
Por su parte, Carlos Caserio le dijo a Cadena 3 que “la opinión de los obispos me parece válida, como cualquier opinión. Me estoy moviendo con libertad y honestidad intelectual. Creo que los senadores y diputados tenemos que legislar para toda la sociedad. Hay una realidad inocultable, que miles de mujeres deciden deshacerse de su embarazo”.
Sobre el pedido de legisladores cordobeses de instruir el voto y la calificación de “inconstitucional” del proyecto, Caserio afirmó que “la ley no obliga (a abortar). Es una posibilidad, y por lo tanto el planteo de los legisladores provinciales no tiene ningún fundamento”.
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