El equipo de Católicas por el Derecho a Decidir de Argentina.
Ayer la Corte Suprema de Justicia de Tucumán absolvió a Belén, la joven que cumplió dos años de prisión por un aborto cuando ni siquiera sabía que estaba embarazada. El fallo dejó sin efecto la condena a ocho años de prisión que pesaba sobre ella.
En Córdoba, en tanto, las mujeres siguen sin poder acceder a un derecho que el Estado está obligado a brindar y que fue avalado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Se trata del derecho de interrumpir el embarazo que haya sido producto de una violación, como lo establece desde 1921 el Código Penal de la Nación en su artículo 86.
El 12 de abril se cumplirán cinco años desde que Portal de Belén interpuso un recurso de amparo y la justicia cordobesa, haciéndole lugar, suspendió la “Guía de procedimiento para la atención de pacientes que soliciten prácticas de aborto no punible” que debían aplicar los hospitales provinciales. A pesar que en 2014 la Fiscalía General de Córdoba emitió un dictamen a favor de su constitucionalidad, el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJ) sigue sin resolver y no ha producido avances en los últimos 12 meses.
En general, el aborto está prohibido en Argentina. Pero existen dos causales permitidas: cuando corre peligro la salud o la vida de la mujer gestante o cuando el embarazo proviene de una violación.
“En Córdoba el protocolo está suspendido solo en la causal de violación. Pero sin embargo el freno judicial ha impactado en el desconocimiento que tiene la población y algunos sectores de la salud, que no saben cómo actuar o no tiene respaldo”, dijo a ENREDACCIÓN la abogada Silvia Juliá, de Católicas por el Derecho a Decidir, querellantes a favor del aborto.
La última acción del TSJ data de un año atrás. Emitió un decreto por el que informa que las instituciones o personas que quieran aportar opiniones expertas en la causa bajo la figura “amigos del tribunal” ( amicus curiae ), deberían hacerlo en un plazo de 15 días hábiles. Desde entonces, no ha habido novedades. El Cuerpo de Abogadas Feministas de Córdoba (CAF) se presentó en esa ocasión. Una de sus integrantes es Samanta Funes. “El caso está en el TSJ sin que se resuelva. Evaluando el camino que han tomado, los jueces se expiden sobre cuestiones formales, por ejemplo analizan si el Ministerio de Salud tiene o no competencia para resolver, pero no indagan sobre la cuestión de fondo, que es el derecho de las mujeres”, opinó en dialogo con este medio. “Cuando un tribunal no quiere meter la mano en el fuego –agregó– simplemente se va en cuestiones de forma. No quieren discutir si las mujeres tiene derecho o no”.
¿Qué sucede en los hospitales de Córdoba, mientras el protocolo sigue suspendido? Por lo pronto, instituciones públicas que no dependen de la provincia, como la Maternidad Nacional, aplican el protocolo nacional que se rige por el fallo de la Corte Suprema de Justicia. “Sin embargo, algunos grupos de corte conservador presionan sobre estas instituciones, principalmente porque los médicos filtran la información de los casos”, comentó Juliá.
Para la abogada de Católicas por el Derecho a Decidir la suspensión de un servicio médico importante para las mujeres se ha convertido un acto más de discriminación, por parte de la provincia. “Sin mencionar que judicializar significa hacer que algo siga siendo clandestino y eso repercute en más violencia e inseguridad para más mujeres”, expresó.
El fallo de la Corte tucumana reconoció que en el caso de Belén, los médicos del hospital Allende violaron el secreto profesional. Se trata de una obligación de los profesionales de la medicina, que se traduce en el derecho a la confidencialidad dentro de la Ley de Derechos del Paciente en su Relación con los Profesionales e Instituciones de la Salud. “El profesional no tiene ninguna obligación de denunciar situaciones de aborto; todo lo contrario. Sin embargo hacen publico algo que es un secreto para mujeres que llegan en condiciones críticas, con riesgo de vida”, aclara.
Para Funes, mientras el protocolo siga suspendido se aumenta clandestinidad y por ende, la desinformación. “Las mujeres no se animan a acudir a un hospital y los médicos tienen mucho miedo porque no tiene contención con sus padres. Esto repercute además en un negocio económico muy grande, porque los profesionales practican abortos por altos costos en sus clínicas privadas”, sostiene.
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