Trabajadores estatales realizaron una acción sorpresiva de protesta frente a las cabinas de peaje de la autopista Córdoba-Villa Carlos Paz. La manifestación buscó visibilizar el rechazo a la denominada Ley de Equidad Jubilatoria N° 11.087, impulsada por el gobernador Martín Llaryora y aprobada por la Legislatura provincial al cierre de 2025.
Los participantes, provenientes de sindicatos como la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC), la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (AGEPJ), el Sindicato Único de Obreros y Empleados Municipales (SUOEM), el Sindicato Regional de Luz y Fuerza (SiReLyF) y el Sindicato de Empleados Públicos (SEP), entre otros, expresaron su oposición a la norma que, según denuncian, incrementa los aportes tanto para trabajadores activos como para jubilados, modifica el cálculo de los haberes jubilatorios y genera, a futuro, menores salarios y jubilaciones por mayores descuentos progresivos.
Roberto Cristalli, titular de la UEPC, destacó desde el lugar que se trató de un reclamo pacífico y sin interrupción total del tránsito. “Rechazamos esta Ley 11.087, que no sólo nos aumentó los aportes a los trabajadores activos, sino también a los jubilados; y cambió el cálculo del haber jubilatorio”, afirmó Cristalli, quien advirtió sobre el impacto negativo a largo plazo en los ingresos.
Por su parte, Lucía Bonafé, secretaria de Organización de la AGEPJ, cuestionó el nombre de la ley: “Lejos de ser distributiva o equitativa, interviene sobre el bolsillo para resolver el aparente déficit de la Caja”. Agregó que “el déficit no se resuelve con ajuste, sino con diálogo y reglas claras”, y exigió transparencia en las cuentas del sistema previsional.
La protesta se enmarcó en un plan de acción acordado por los gremios, que ya habían anticipado medidas sorpresivas durante enero para presionar por respuestas. Los sindicatos insistieron en la necesidad de abrir una mesa de diálogo urgente, implementar políticas estructurales –como la generación de contratos genuinos para sumar aportantes– y demandaron al Gobierno nacional el envío de los fondos correspondientes a la Caja de Jubilaciones de Córdoba. Afirmaron que la unidad gremial, la lucha en las calles y las vías legales serán clave para defender salarios, jubilaciones y el futuro de los trabajadores.
La acción generó demoras vehiculares, con filas de varios kilómetros y bocinazos de apoyo por parte de algunos automovilistas. Los manifestantes entregaron folletos y mantuvieron la medida por aproximadamente una hora y media, entre las 10 y las 11:30, sin reportes de interrupción completa del tránsito.
En respuesta, la empresa Caminos de las Sierras S.A., concesionaria de la Red de Accesos a la Ciudad de Córdoba (RAC), presentó una denuncia penal contra los gremios involucrados por obstrucción de la circulación vehicular. Según la presentación judicial, la manifestación de entre 350 y 400 personas bloqueó carriles en el sentido Córdoba-Villa Carlos Paz, generando caos vehicular y riesgos de siniestros en una zona crítica de desaceleración. La denuncia invoca el artículo 194 del Código Penal, que reprime el entorpecimiento del transporte terrestre, y solicita la investigación correspondiente, con habilitación de feria judicial y la constitución de la empresa como querellante particular para prevenir hechos similares.
—
SUSCRIBITE A DOSSIER360.
HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.
RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.
CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.
