Los polémicos dichos de la fiscal Palacios, quien aún sin tener pruebas deslizó que la familia de Abril Sosa (4) estaba involucrada en su desaparición y muerte, impulsaron a la legisladora Liliana Montero a presentar un pedido de Jury para que la destituyan.
La legisladora Liliana Montero presentó ayer un pedido de apertura de Jury ante el Jurado de Enjuiciamiento contra la fiscal de instrucción de Distrito 3 Turno 4, Claudia Palacios. También hará una presentación similar ante el Tribunal de Ética del Poder Judicial.
El accionar de la fiscal Palacios cobró trascendencia cuando le tocó investigar la desaparición y muerte de la pequeña Abril Sosa (4), el 15 de enero de este año, en barrio General Bustos.
En su momento, la encargada de la investigación formuló polémicas declaraciones al ser consultada por la prensa, en la que deslizaba la eventual posibilidad de que fueran los padres de la pequeña los involucrados en el crimen. “Posiblemente esté vinculado a un caso de drogas. Podría ser uno de los padres el vinculado al ajuste. Podría ser un ajuste de cuentas. Es una de las hipótesis más fuertes que tenemos. Por el momento, no sabemos nada de la nena”, dijo la fiscal en ese momento.
“Las declaraciones de la fiscal Palacios fueron manifestación de una acción arbitraria e ilegítima para con la contención familiar de la víctima y la debida sustanciación del enjuiciamiento criminal”, sostiene Liliana Montero en su denuncia.
La legisladora de Córdoba Podemos considera que la fiscal incurrió en “mal desempeño”, al considerar que sus declaraciones fueron “peyorativas, clasistas y discriminatorias”, entendiendo que resultan “una manifestación de una acción arbitraria e ilegítima para con la contención familiar de la víctima y la debida sustanciación del enjuiciamiento criminal”. La legisladora fue más allá al sostener que el accionar de la fiscal “ha comprometido no sólo una efectiva investigación penal preparatoria, sino también la observancia de esenciales garantías y derechos constitucionales e internacionales de protección jurisdiccional de la víctima y sus familiares”.
PUNTO POR PUNTO
En su planteo ante el Jury de Ejuiciamiento, Montero hace un inventario de los incumplimientos, infracciones y violaciones a normativas y procedimientos llevadas adelante por la fiscal. Y detalla:
- Vulneración del derecho de la víctima a la tutela judicial efectiva. Revictimización.
- Incumplimiento del mandato legal de efectiva protección de los derechos de las víctimas de violencia de género. Violencia mediática.
- La inobservancia de las Reglas Mínimas frente a Casos de Ausencia de Personas por Motivos Desconocidos.
- Infracción del marco de contención adecuado según la Normativa de Procedimiento para la atención a víctimas del delito.
- Violación de reglas del Código de Ética para Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de Córdoba.
Para la legisladora, del accionar de la fiscal Palacios “surge nítidamente la tentativa de culpabilización de la familia de Abril Sosa, en lugar de procurar una debida protección judicial a la persona que había sido perjudicada directamente por la comisión del delito como de sus familiares en tanto damnificados indirectos”.
Según montero, todos los dichos de la fiscal “se orientaron a poner el foco de la investigación en los papás de la víctima y no en el de los eventuales victimarios, en tanto responsables de tan aberrante crimen”.
Finalmente la Legisladora Montero entendió que se había violado el Código de Ética para Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de Córdoba, razón por la cual también dio participación al Tribunal de Ética de ese poder.
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