Legisladores nacionales de la oposición exigieron este jueves que la reforma laboral presentada por el Gobierno en el Senado inicie su tratamiento por la Cámara de Diputados, ya que incluye modificaciones tributarias, que de acuerdo a la Constitución Nacional sólo pueden ser abordada por la Cámara Baja.
El diputado Esteban Paulón (Partido Socialista, Provincias Unidas) presentó una nota formal ante la vicepresidenta Victoria Villarruel y ante el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, para que retiren el proyecto de Reforma Laboral del Senado y “lo presenten donde corresponde”.
“Mal arranque. La reforma laboral debe ir a Diputados”, escribió el socialista santafesino en su cuenta de la red social X, y agregó que “su ingreso por el Senado solo responde al capricho” de la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, de “capitalizar” su posible aprobación. Según argumentó, “el proyecto incluye reformas en cargas y contribuciones además de modificaciones en Ganancias e IVA”. Según la Constitución ese tema es una atribución de Diputados.
En la misma línea, la senadora nacional de Convicción Federal Carolina Moisés reclamó que la reforma laboral inicie su tratamiento en la Cámara de Diputados.
La jujeña subrayó que el proyecto de modernización laboral “incluye un capítulo impositivo (título XXIV)” y al final deroga una decena de leyes tributarias”, modificando IVA y Ganancias “expresamente”.
“El Senado no puede aceptar el ingreso de una iniciativa que, por mandato constitucional expreso, debe comenzar su tratamiento en la Cámara de Diputados”, indicó.
En ese sentido, advirtió que “la Constitución no es un trámite formal ni un obstáculo político” sino que estipula “las reglas de juego que garantizan el equilibrio institucional de la República”.
Al respecto, mencionó que el artículo 52 de la Carta Magna “establece con claridad que las leyes relativas a impuestos deben tener origen en la Cámara de Diputados”.
“Cualquier intento del Poder Ejecutivo de eludir este procedimiento desnaturaliza el sistema bicameral, vulnera competencias exclusivas, y puede anularse judicialmente el procedimiento”, alertó.
Para Moisés, “antes de debatir el contenido” de la reforma laboral existe “la obligación institucional de garantizar que el proceso sea constitucional”.
Finalmente, la senadora remarcó: “Defender la institucionalidad no es un capricho. Si cedemos en el procedimiento, cedemos en la Constitución. Y sin Constitución no hay derechos laborales, no hay justicia social y no hay República”.
De acuerdo a la Constitución Nacional, cualquier cambio en materia tributaria debe iniciar su trámite por la Cámara baja, aunque el Gobierno sostiene que este caso no se encuentra alcanzado porque no se está creando un nuevo impuesto.
CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.
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