Los lotes vendidos se encontraban ubicados en los márgenes del río.
El abogado Cristian Moyano, asesor letrado de la Municipalidad de Pilar, en el Departamento Río Segundo, fue detenido ayer por la mañana por orden de la fiscal Patricia Baulies.
La funcionaria judicial adoptó la medida por considerar que Moyano entorpece la investigación de una causa por Administración Fraudulenta Calificada y Abuso de Autoridad que involucra al mismo Moyano, al intendente de la ciudad Diego Bechis; al ex secretario de Gobierno, Martín Biagiole; a los concejales Pedro Botta; Rodolfo Rodríguez Zamudio; Carlos Inaudi Villegas y Ana Canalis; y al ex secretario de la juventud Pablo Guío.
La causa se inició por una denuncia de los ediles de la oposición después que el Concejo Deliberante de la ciudad aprobará la venta de 11 hectáreas de la costanera de la ciudad en una sesión realizada en forma extraordinaria.
La ordenanza permitió fijar un precio de venta de las tierras en un millón de pesos y se justificó especialmente en el bajo valor de esa tierra, por considerarla no apta para edificar y con pocas condiciones de uso de tierra.
La fiscal ordenó, oportunamente, la realización de una pericia geológica y una tasación del valor de la tierra. La primera determinó que al menos 5 de las 11 hectáreas vendidas son aptas para edificar sin ninguna mejora; y las seis restantes solo demandan una obra de contención para calificar su uso. En tanto se determinó que el valor de mercado de la tierra al momento de la venta era de al menos 56 millones de pesos. Con esos documentos la funcionaria judicial decidió las actuaciones en la causa, y en las últimas semanas por nuevos elementos de investigación incorporados determinó que existe peligro procesal por parte de Moyano, (que además de asesor letrado municipal actuaba como defensor de los imputados) y ordenó su detención.
Por su parte, el concejal radical Lucas Tosco le dijo a Cadena 3 que “nosotros realizamos la denuncia por venta a precio vil. Se vendieron 11 hectáreas a un millón de pesos, a pagar 300 mil en efectivo y siete cuotas de 100 mil pesos semestrales. Considerando que el precio era mayor, hicimos la denuncia pertinente en la Fiscalía de Río Segundo”.
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