El Concejo Deliberante de Córdoba Capital aprobó una ordenanza que obliga a los inspectores municipales a presentar declaraciones juradas anuales. También sancionó otra iniciativa, que determina que los inspectores también deberán someterse a un test de control sobre el consumo de drogas.
La normativa plantea la obligación de presentar declaraciones juradas patrimoniales a funcionarios y agentes municipales con funciones de inspectoría y que intervengan en habilitaciones y autorizaciones, señala el proyecto sancionado.
El proyecto fue iniciado por los concejales de la UCR, el Pro y el Frente Cívico y modifica el inciso 5 del artículo 1° de la Ordenanza N°10495, referida a la Declaración Jurada Patrimonial de Funcionarios y Agentes Municipales.
“Este aporte que generamos desde la oposición busca sumar mayor transparencia y control en el ámbito de la Municipalidad de Córdoba”, explicó el concejal Juan Balastegui (UCR), uno de los impulsores.
“Todos los agentes municipales que cumplan tareas de inspección y que estén relacionados con las habilitaciones de negocios estarán obligados a presentar la declaración jurada patrimonial una vez al año”, remarcó el edil.
“Se trata de una herramienta más con la que cuenta el Poder Ejecutivo que, en conjunto con la creación del Ente (de Control de Habilitaciones), busca combatir los distintos hechos de corrupción que fueron de conocimiento público el año pasado”, agregó Balastegui.
CONSUMO DE SUSTANCIAS
También fue aprobado un proyecto del concejal Diego Casado (PJ), que incorpora el artículo 5° ter y modifica el segundo párrafo del artículo 10 de la Ordenanza N° 10754 -Código de Ética para el Ejercicio de la Función Pública-, “referidos a los agentes con funciones de inspectoría que intervengan en el otorgamiento de habilitaciones, autorizaciones y control de establecimientos comerciales”. Puntualmente, la modificación exige examen sobre consumo de drogas a los inspectores municipales.
Casado dijo en su intervención que “en lo que respecta con pedirle un examen toxicológico a cada uno de los agentes municipales, tiene que ver con algo que dijo la Dra. Nilda Gait, sobre que alguien que debe tomar decisiones no puede hacerlo si ha consumido. Esta normativa no es segregatoria, queremos que el vecino esté bien atendido sin ofender a una persona que tiene una problemática de consumo y por ende problemas de salud”.
El viceintendente Javier Pretto y los concejales durante la sesión de este jueves. (Foto: Prensa).
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