La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH Regional Córdoba) repudió este jueves la represión policial a manifestantes contra el DNU del presidente Javier Milei y exigió la liberación de las cinco personas detenidas por la Policía de Córdoba. El documento lleva las firma de los co-presidentes de la entidad, Mabel Edith Sessa, Luis Baronetto, Alfredo Schclarek Curutchet, y Carlos Vicente.
La APDH señaló que la protesta era pacífica, y denunció que “la policía comenzó a hostigar y violentar a los manifestantes, disparando balazos de goma, a los palazos y utilizando gas pimienta, hechos que configuran un actuar represivo de extrema gravedad, que violenta derechos constitucionales fundamentales”.
El organismo de Derechos Humanos agregó que “como defensores del respeto por los derechos humanos y los valores de la democracia, nos invade una gran preocupación la aplicación en nuestra provincia de Córdoba, de las medidas emanadas del Ministerio de Seguridad de la Nación mediante el dictado de la Resolución 943/2023 de fecha 14/12/2023, donde claramente de manera inconstitucional se establece un Protocolo para el Mantenimiento del orden Público ante el corte de vías de circulación”.
Dijo también el protocolo fue “aplicado en el día de la fecha en Córdoba, en una protesta pacífica y replicada en varias provincias, sin visos de represión en otras partes del país”.
Recordó más adelante que “como es notorio, en Córdoba se ha legitimado una suerte de criminalización de la protesta social contra dirigentes sindicales y de organizaciones sociales, llevados a cabo por parte del gobierno anterior y el actual, también de sectores del Poder Judicial, con imputaciones y procesamientos a manifestantes; como también del plan de reprimir a los sectores que reclaman contra el ajuste y por mejoras en las condiciones de vida; lo que hoy se agrava ante la difícil situación económica y social que atravesamos, con estas medidas inconstitucionales de parte del gobierno nacional, avaladas por el local”.
Posteriormente, resaltó que “criminalizar y reprimir a los sectores populares, sólo recorta las garantías constitucionales como son el derecho a manifestarse y a la libertad de expresión”.
La APDH Córdoba “viene denunciando prácticas ilegales de represión, espionaje a organizaciones y dirigentes populares, además de las tareas de inteligencia por parte de la policía cada vez que se realizará alguna movilización, que incluye la actuación de infiltrados y personal de civil”.
Finalmente, expresó que “en estas épocas donde la democracia se ve amenazada por sectores negacionistas que reivindican al terrorismo de Estado y sus prácticas, desde la APDH Córdoba entendemos que deben realizarse acciones políticas que involucren a todos los actores de la sociedad civil, para que Nunca Más haya regímenes o políticas antidemocráticas violatorias de los Derechos Humanos”.
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