Brenda Chignoli, la cultivadora cannábica. Foto: Sebastián Salguero / Archivo.
“Básicamente, la ausencia del Estado y la reglamentación mezquina de la ley de cannabis medicinal, que no reconoce a los cultivadores y a las miles de familias que tienen sus plantas para poder acceder a tratamiento, hace que quienes tenemos problemas de salud caigamos en manos de inescrupulosos, que caen al mundo cannábico como si fueran meteoritos cuando ven el negocio”. La que habla es Brenda Chignoli, activista cannábica, cultivadora y dosificadora. En varias oportunidades participó de sesiones del Congreso de la Nación, aportando desde su experiencia para pensar una nueva legislación que no considere a la planta como “droga” y a sus usuarios “narcos”.
Esta semana el gobierno sancionó sólo tres de los doce artículos de la ley que autoriza la investigación médica y científica del cannabis medicinal, aprobada hace seis meses gracias al trabajo de cultivadores y pacientes. Quienes quieran acceder a un tratamiento, deben inscribirse en un protocolo de investigación, “cual conejillos de indias -dice Chignoli- para acceder a las dosis”.
También esta semana, el diario Día a Día dio a conocer las escuchas judiciales realizadas al médico Carlos Laje, autoproclamado “creador” de la clínica cannábica, que el último año extendió sus franquicias por todo el país. Laje está arrestado junto a seis de sus colaboradores desde fines de agosto. En su contra hay una causa abierta a raíz de las denuncias de tres de sus pacientes. La fiscal de Carlos Paz, Jorgelina Gómez, los imputó de “comercialización de estupefacientes” porque considera que los goteros que Laje vende a 1500 pesos en sus franquicias, contiene THC, el psicoactivo de la planta que provoca el “colocón”.
La noticia generó malestar en el mundo del activismo cannábico. “El problema no es el THC. El problema es la falta de conocimiento sobre el abordaje de los tratamientos y el desconocimiento sobre cómo usar los activos de la planta en cada paciente”, dice Brenda, referente de la organización Manuel Belgrano.
En mayo, la Justicia Federal de Córdoba tomó una medida inédita y devolvió a los pacientes de Chignoli los goteros con aceite cannábico que habían sido incautados en un operativo policial. Brenda presentó al Juzgado Federal N°2 historias clínicas de pacientes y entre ellas, incluía casos de pacientes en los que usaba el THC. Pese a que para le ley se trata de algo ilegal, la Justicia reconocía en parte una realidad concreta: que hay familias enteras que acuden al cannabis para paliar sus dolencias, cuando la farmacología no les ofrece una mejor calidad de vida.
“Lo de Laje generó mucho daño en el movimiento cannábico. Significa un retroceso de años, porque había logrado cierta legitimidad, incluso tratamos el tema del THC en las Audiencias Públicas del Congreso, pero todo esto significa un retroceso”, sostiene.
“Lo que no se puede hacer con el THC es estandarizar. Aplicar la misma dosis para todos los pacientes, como sé que se hacía. Su uso depende de varios factores: edad, masa corporal, diagnóstico. Incluso las dosis se van ajustando a lo largo del tratamiento”, explica. “Pero el problema no es Laje, es la falta de regulación. Y la expulsión de quienes viven esta realidad. Mucha gente no lo sabe, pero el conocimiento no lo tienen los médicos en Argentina. Pueden haber hecho una especialidad, pero no cuentan con la experiencia fáctica con la planta. Y es difícil dosificar si no se conoce a los activos de la planta”, agrega.
El problema no es Laje, es la falta de regulación. Y la expulsión de quienes viven esta realidad. Mucha gente no lo sabe, pero el conocimiento no lo tienen los médicos en Argentina.
Para la activista, la principal mezquindad de la ley es que, al dejar afuera el auto cultivo, el cultivo colectivo y la producción interna, se está dejando afuera al conocimiento que se acumuló en años y años de experiencia. “¿El auto cultivo es la solución?”, se pregunta y luego responde: “No. Es sólo una herramienta que los cultivadores enseñamos a las familias como salida a una emergencia. Pero si los cultivadores quedan fuera del debate, perdemos la posibilidad de abastecimiento interno”, avisa.
En las escuchas que se hicieron públicas, Laje dice cosas como: “Los narcos no pagamos impuestos”, o se refiere a su empresa como “Organización Montonera Cannábica”. La fiscal y la Fuerza Antinarcóticos de la Policía de Córdoba ven en eso una auto confesión. Los guía una mirada punitivista sobre el asunto. Pero las afirmaciones de Laje tienen mucho de sarcasmo y poco de confesión.
El médico Carlos Laje.
Brenda prefiere -y exige- leer la problemática desde una perspectiva de salud pública. “Nosotros como cultivadores decimos que queremos pagar impuestos. Cuando Laje dice que los narcos no pagan impuestos, no refleja de ningún modo el pensamiento cannábico“, sostiene. Y agrega: “Esto causa mucha amargura y desilusión, pero a la vez visibiliza la falta de intervención del Estado, demuestra que la ley es mezquina y poco inclusiva, y que no se mira con ojos de salud pública”. Según la mujer, este movimiento judicial generó un “desbande” de pacientes que buscan en los cultivadores una salida para tener su medicina. “Las organizaciones damos respuestas, pese a la inseguridad jurídica que padecemos”, dice.
Hace más de un año, estuvo cerca de Laje en los inicios de la “clínica”. “Él vino y nos preguntó cuál era nuestro sueño. Le dijimos que contar con una clínica con las condiciones para hacer tratamiento con cannabis. El problema era la gente desesperada que se agolpaba en las organizaciones sociales pidiendo aceite de cannabis. Nuestro objetivo no era el negocio, era dar respuesta a la ausencia del Estado, que sigue estando ausente, más allá de que haya reglamentado tres artículos”. Laje finalmente lanzó su empresa en soledad. Ahora, desde que está detenido, otra vez hay una demanda de pacientes que buscan en los cultivadores y las organizaciones una salida.
DIPUTADA
La diputada nacional por Entre Ríos Carolina Gaillard (FpV), integrante de la comisión de Salud, coincide con Brenda en que “la reglamentación de la Ley de Cannabis Medicinal es restrictiva y no contempla todas las aristas del tema, que es lo que se planteó en el debate en el recinto. Ha imperado la postura del Ministerio de Seguridad por sobre una mirada del Derecho a la Salud”. Agregó que seguirán “trabajando legislativamente para modificar la ley y permitir el autocultivo por parte de pacientes, que es la única vía de acceso que existe en nuestro país para el tratamiento con cannabis para aliviar su dolor y mejorar su calidad de vida, hasta tanto el aceite sea elaborado por los laboratorios de producción pública. Es fundamental que el Estado proteja y acompañe a los pacientes, y deje de criminalizarlos y perseguirlos”, expresó.
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