El médico Carlos Laje.
Para la fiscal de Villa Carlos Paz Jorgelina Gómez, a cargo de la fiscalía Antinarcotráfico de la ciudad serrana, médico Carlos Laje, creador de la clínica de la marihuana en la ciudad de Córdoba, es responsable de comercializar estupefacientes. Por eso, le dictó prisión preventiva. Seguirá detenido en la cárcel de Bouwer.
La medida alcanza a las otros seis imputados en la causa, entre las que se cuentan colaboradores del médico y personas que han exteriorizado públicamente su posición a favor de la producción y consumo medicinal de cannabis. Ellos son: Héctor Walter Mariño, Paola Jordana Toranzo Gil, Fernanda Daniela Moyano, María Paula Culaciati, Toribio Aragón y Fernando Moroni. Hay dos personas prófugas.
La fiscal los acusa de comercialización de estupefacientes y de confabulación para delinquir, aunque Laje y su equipo vendían cannabis para uso medicinal. Al parecer, la justicia provincial tomó un camino represivo y más riguroso que el de la Justicia Federal respecto de los casos de producción de marihuana y sus derivados para uso medicinal.
Laje es uno de los principales referentes nacionales en la temática del uso medicinal de la marihuana, una práctica aprobada por el Congreso Nacional a través de la ley 27.350 sancionada en abril de 2017.
LO QUÉ DICE LA FISCAL
“Durante un período de tiempo (…) que puede establecerse entre el once de septiembre de dos mil dieciséis y el treinta de agosto de dos mil diecisiete, en un lugar que no se ha podido determinar con precisión pero presumiblemente sería en la ciudad de Villa Carlos Paz, los coimputados Carlos Fernando Laje Vallejo, Héctor Walter Mariño, Paola Jordana Toranzo Gil, Fernanda Daniela Moyano, Jorge Luis Lillo (actualmente prófugo), Gimena Ruz (actualmente prófuga), María Paula Culaciati, Toribio Aragón y Fernando Moroni, se pusieron de acuerdo para conformar una organización con el propósito, compartido y conocido por todos ellos, de cometer ilícitos (…) más concretamente la comercialización de aceites, cremas, tinturas y cepas de cannabis sativa, sustancias que se encuentran incorporadas al Anexo I del decreto 69/2017 de fecha 25/01/2017, en el renglón 75, como cannabis y resina de cannabis, extractos y tinturas de cannabis, por lo que atento las previsiones del art. 77 del Código Penal constituyen estupefacientes, todo ello con ánimo de lucro”.
Agrega que “los coimputados se organizaron dividiendo y coordinando sus tareas de tal manera que conformaron una red que funcionaba a través de oficinas administrativas ubicadas en la ciudad de Villa Carlos Paz y Córdoba, las cuales eran el centro operativo, un laboratorio ubicado en la ciudad de Córdoba, diferentes cultivadores, y treinta y cuatro Centros a los que denominaron y publicitaron como “Clínicas del Cannabis”, ubicados en las ciudades de Villa Carlos Paz, Córdoba, Río IV, entre otras”.
Los co-imputados operaban de la siguiente manera, describe la fiscal: “En los Centros se fijaban turnos a pedido de personas que padecían diferentes dolencias físicas, se organizaban reuniones grupales, -de alrededor de quince personas aproximadamente-, las cuales eran dirigidas presumiblemente por médicos que formaban parte de la organización, los que tras escuchar a los “pacientes” les prescribían el tipo de aceite de cannabis sativa que debían tomar, y luego les vendían un frasco de dicho aceite a cambio de la suma de un mil quinientos pesos ($ 1.500,00). El aceite de cannabis sativa que contenían dichos frascos era extraído de la resina aportada por los cultivadores de cannabis sativa, quienes eran los encargados de proveer a la organización dicha materia prima para la elaboración del aceite, crema, etc., lo que se procesaba y envasaba en el laboratorio sito en calle La Rioja N° 152, Planta Alta, B° Centro, de la ciudad de Córdoba, Departamento Capital, desde cual se distribuía el producto hacia todo el país”.
Finalmente señala como agravante de la operación y argumento de la prisión preventiva, que “(los imputados) vendían diferentes productos con contenido de Δ9-THC a gente con padecimientos físicos graves, en algunos casos crónicos, con la promesa de que sanarían su afección y que en muchos casos, por el contrario, se vieron intensificados sus síntomas; que en esta ciudad de Carlos Paz cumplía la función de médico una persona con título veterinario, matriculada en dicho colegio, llegando esta organización a proveer cannabis a aproximadamente cinco mil personas y todo movilizado con una única finalidad que es el provecho económico; ello nos permite pronosticar que la pena a imponer sería superior al mínimo”.
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