El desafío de la narcocriminalidad en Rosario impacta y conmociona. Cuatro crímenes, dos de ellos ejecutados con balas de la Policía de Santa Fe, en cinco días, todas de personas que, según las primeras investigaciones, no tienen ninguna vinculación con el narcotráfico, erizan la piel de los argentinos. El nivel de operatividad y alcance de estos grupos de asesinos también demuestra que no se trata de una amenaza menor y coyuntural. Está claro que cuando quieren matar, pueden matar y que, además, tienen una audacia importante, como la de extorsionar a las autoridades del Estado asesinando a personas que no forman parte del aparato estatal, tanto administrativo como de seguridad. Hasta este momento, ninguna organización delictiva mafiosa había desafiado al Estado nacional o el de alguna provincia hasta este punto.
Desde su asunción, el gobernador Maximiliano Pullaro (UCR, Juntos por el Cambio) ha intentado condicionar la operatividad de las bandas narcos, volviendo más rigurosas las condiciones de encierro de los jefes y delincuentes encarcelados para que no sigan delinquiendo desde el interior de los penales, y recargando, con efectivos de la Policía de Santa Fe y de fuerzas de seguridad nacionales, la ciudad de Rosario, epicentro del drama. En los hechos, tanto las autoridades provinciales como nacionales difundieron con amplitud que los crímenes narcos habían caído de 33 a 6 comparando el mes de febrero de 2023 con el de febrero de 2024. Sin embargo, lo ocurrido ahora, en represalia por las condiciones de detención en los penales santafesinos, revela que no todo era color de rosa y que se trataba de un éxito pasajero.
El gobierno santafesino cree que el gobierno nacional debería destinar más gendarmes a Rosario y el Ministerio de Seguridad, según pública La Nación en una nota que firma el periodista Germán de los Santos, un especialista en temas de narcotráfico, cree que Pullaro debe meter mano en la Policía santafesina para bajar los niveles de corrupción. Pone como ejemplo, que en las cuatro zonas en las que opera Gendarmería, las fuerzas nacionales no puede compartir datos con la Policía local porque estos terminan donde no deberían.
Lo que sí resulta un paso adelante, es la conformación de un comité de crisis con participación de los gobiernos nacional, santafesino y de Rosario; de todas las fuerzas de seguridad, las nacionales y las locales; y del sistema judicial. Permite inferir la decisión de una acción mayor y coordinada, algo que, hasta ahora, no necesariamente sucede. Eso también es positivo.
Argentina tiene una experiencia traumática en su historia, que fue el golpe cívico-militar de 1976, la instauración del Terrorismo de Estado, y el hecho de que desde el Estado se cometieron delitos de lesa humanidad. Ese ADN permanece en el eje de la acción de las fuerzas de seguridad que, en general, responden a un doble comando, el estatal y el de conexión con el delito común. Por eso, la respuesta al desafío narco no puede ser desde la idea de la violencia autoritaria como advierten los discursos oficiales, sino desde el aprendizaje de la Argentina democrática. Es decir, la respuesta debe ser excepcional porque el adversario manifiesta un poder de fuego que trasciende la capacidad de Santa Fe, pero debe estar encuadrada dentro de las reglas del Estado de derecho.
Un año atrás, el 3 de marzo, con el ataque a un supermercado de la familia de Antonella Rocuzzo, la mujer de Lionel Messi, analizábamos que la tragedia que dispara el “Narco” no puede ser abordada con soluciones simplistas y marketineras, o con declaraciones altisonantes y oportunistas. No se trata sólo de un problema punitivo. Las fuerzas de seguridad nacionales se encuentran en Rosario desde 2014, cuando aterrizaron allí de la mano del entonces ministro, Sergio Berni. Luego, Patricia Bullrich, que propone, incluso, apelar a las Fuerzas Armadas para resolver el drama, llegó a caminar por Rosario al frente de decenas gendarmes y prometió “mano dura” para resolver el problema. Pese a ello, una década después, la escala de la situación ha crecido hasta límites insospechados y el punto de partida sigue siendo el mismo.
Quizá el aprendizaje de esa experiencia sea que no es sólo un problema de seguridad, aunque esa sea la cuestión que surge primero por el drama de las imágenes y el sufrimiento que imponen los crímenes. Pero la autoridad estatal está obligada a tomar decisiones racionales y democráticas y de la dimensión necesaria, es decir con la graduación de fuerza que la situación requiere. Eso, desde principios de siglo y hasta el momento, fue mal merituado.
Hace un año, el examen de la situación indicaba la necesidad de soluciones excepcionales. Esto es, esfuerzos fuera de lo habitual. Decisiones importantes. Compromisos profundos entre los distintos actores del sistema social y democrático. También esfuerzos de rango nacional, no sólo local. Ese marco hoy es urgente e imperioso.
LA SOLUCIÓN EXCEPCIONAL
Santa Fe tiene una Policía “filtrada” por el narcotráfico como surge del hecho de que dos de los crímenes de los últimos días se concretaron con balas de la Policía. Más evidencia, imposible. Es lo que señalan, además, distintos especialistas, que resaltan el hecho de que se “privatizó” el uso de la fuerza (pasó del Estado -la policía- a las bandas narcos). Esto es, que la policía dejó de tener el “monopolio de la fuerza” y efectivos de esa fuerza convergen con la delincuencia de modo activo o liberando territorios. Por eso, la violencia ocurre, sobre todo, en barrios empobrecidos, de noche y con la participación de las bandas narcos. Por eso, aparecen policías involucrados en diferentes negocios ilegales (robos, juego ilegal, drogas, contrabando, etc.). Este modo organizativo no es un fenómeno exclusivo de la provincia litoraleña, funciona con una lógica similar en otros distritos del país.
A su vez, otra clave es que Rosario se levanta sobre el litoral del río Paraná y es territorio de numerosos puertos, la mayoría privados, sin control estatal. El río y los puertos son centrales para explicar el volumen del negocio “Narco”, que excede al “mercado” rosarino y se extendería a Paraguay y Brasil, manejado por “mafias” de esos países. También es punto de tránsito al mercado europeo y como en el caso de los 1650 kilos de cocaína incautados en agosto de 2022, en un galpón en el barrio empalme Graneros, también a Dubai, en Medio Oriente.
Mientras que en términos económicos -el rosarino- es un espacio geográfico donde la renta agraria se convierte con la velocidad de la luz en renta inmobiliaria y de su prima mayor, la financiera. Una fuente política rosarina relató para el artículo escrito en 2023, que en las “cuevas financieras” de la ciudad se entremezclan empresarios, narcos y banqueros. Es decir, convergen las “rentas”, borrando las fronteras del dinero conseguido de modo legal e ilegal. Lo mismo sucede en la “noche” rosarina, donde los hijos de unos y otros van a los mismos lugares a disfrutar de la miel del dinero. Es hipocresía a full.
Para enfrentar el drama que dispara el “Narco” se hace necesario hacerle frente en todas las dimensiones, las de seguridad, las judiciales, las jurídicas, las políticas, las económicas, las culturales y las sociales. Es obvio, que hay decisiones y acciones que son urgentes -como controlar la calle o “limpiar” la Policía de Santa Fe, incluida su intervención-, y otras de mediano y largo plazo -como construir “futuros” para los jóvenes empobrecidos o enfrentar el lavado de activos-. Lo que es seguro, es que son excepcionales, porque el problema no puede reducirse a los pibes que son la mano de obra barata del negocio. Sería ir directo al fracaso, que es lo que está sucediendo hasta el momento.
El Estado democrático debe tomar todas las decisiones, con acuerdos amplios, y llevar adelante una política en varias dimensiones al mismo tiempo para tener algún nivel de éxito. Ocupar la calle es transitorio e ineficaz si los negocios narcos siguen ocurriendo, si los lavadores de dólares continúan operando sin dificultades, y si la sociedad, la política y el aparato estatal miran para otro lado o se entremezclan con el “narco”.
Argentina se enfrenta a un problema convergente al de la violencia narco, que es el del grave y acelerado deterioro social. El empobrecimiento masivo que impone el actual modelo económico en marcha (57% según el Observatorio de la Deuda Social Argentina, que es mayor aún entre los niños, niñas y adolescente) es una bomba de tiempo. El problema narco no puede ser atacado exclusivamente como un problema de seguridad, tal como propone la ministra Bullrich, que además quiere involucrar al Ejército en la disputa. Las Fuerzas Armadas no pueden hacerlo por la legislación vigente y porque están preparadas -poco o mucho- para hacer frente a amenazas externas, no internas como las del narcotráfico. Los tanques, para decirlo de manera figurativa, no pueden hacer nada en las calles rosarinas.
Bullrich, el presidente Javier Milei y la ultraderecha argentina proponen un Estado mínimo, pobre y sin capacidad de regulación e intervención. Es todo lo contrario a lo que se requiere para enfrentar al narcotráfico. No sólo por el desafío a la seguridad, sino por el desafío multidimensional que provoca este flagelo. El problema más importante que afronta el país hacía adelante para intentar enfrentar el problema, es superar este corset ideológico.
Por ejemplo, se necesita Estado frente a la necesidad de intervenir sobre el corazón del negocio narco rosarino, que es el río Paraná, sus puertos y la hidrovía, que la conectan con el mundo, y que ha permitido a los “narcos” crear una burbuja de poder mayor al local. Tambien porque Milei representa en la gestión del Estado al poder financiero -bancos, fondos buitres, fondos de inversión, capital inmobiliario, etc.-, que es un poder que, estructuralmente, promueve la libre circulación de capitales y la menor cantidad de regulaciones estatales y de dependencias públicas que los controlen y persigan. Un sistema de esas características es lo que necesitan las bandas narcos para un negocio que necesita “blanquear” enormes cantidades de dinero obtenido ilegalmente.
A ello, hay que agregarle el problema de salud pública, que es el derivado del consumo de sustancias ilícitas que produce la creciente actividad narco y que afecta a miles de familias sin respuestas estatales para el tratamiento de sus seres queridos.
Las fotos a lo Nayib Bukele van a servir para nada si el Estado no “seca” el negocio del narcotráfico en Rosario. La experiencia internacional demuestra que este negocio ilegal y clandestino, es capaz de sobrevivir y modificar su apariencia todas las veces que sea necesario, e incluso de aumentar su poder de fuego a partir del desafío que le plantee el Estado. El mercado al que abastecen es el que genera semejante capacidad de acción y de medios. Por eso, a mediano plazo, es más importante desarmar las bases de sustentación económica y social de este negocio que la cantidad de gendarmes y policías disponibles para atacarlo.
Se requieren respuestas excepcionales, racionales, consensuadas, multidimensionales, y de corto, mediano y largo plazo. De lo contrario, el sufrimiento colectivo va a ser cada vez mayor.
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