El Bloque Juntos UCR presentó un proyecto de ley que propone, frente a denuncias por violencia de género en el ámbito del Estado, que “la denunciante tenga la opción de elegir ser trasladada del lugar habitual de cumplimiento de sus funciones o permanecer en el mismo cuando el agresor cumpla sus funciones o tareas en el mismo lugar. De darse este último supuesto, de manera inmediata a la opción elegida, se comunicará al agresor su traslado a dependencia o área de manera tal de garantizar el cumplimiento efectivo de las medidas”.
La iniciativa, plantea que “cuando la denunciante pertenezca a las fuerzas de seguridad no podrá sufrir ningún tipo de menoscabo sobre el total de ingresos percibidos por todo concepto en su condición de operativa, durante el último mes anterior a la denuncia formulada y mientras dure la vigencia de las medidas adoptadas”.
El legislador Dante Rossi expresó que “el proyecto tiene por objeto avanzar y acompañar un proceso en el cual fundamentalmente los movimientos de mujeres luchan por la ampliación de derechos y el reconocimiento hacia personas que históricamente sufren discriminación”.
Agregó en ese sentido, que “nos referimos a la necesidad de dotar de especial protección a mujeres víctimas de violencia de género en sus diversas modalidades”.
Rossi explicó que “la reforma propuesta avanza sobre aquellas modalidades, salvo la denominada doméstica, la cual cuenta con una regulación normativa específica, y pretende incorporar en un marco jurisdiccional único a las mismas en pos de evitar el peregrinar de mujeres víctimas o sujetas a hechos de violencia que se ven obligadas a recorrer pasillos incesantemente hasta que logran que tomen su denuncia”.
Indicó el legislador que “las violencias por razones o motivos de género se basan en una relación desigual de poder y que afecta o violenta los derechos humanos de las mujeres y que es ejercida no solo por particulares sino también por agentes o profesionales y funcionarios del Estado”.
También señaló que “estamos en presencia de una modalidad de violencia que se perpetra desde el Estado o por sus agentes, y que suele generalmente ser silenciada justamente por el espacio en el que se desarrolla, esto es, entes, organizaciones o la misma administración o cualquiera de sus poderes y en cualquiera de sus competencias dentro de la organización federal de la República Argentina”.
El legislador resalta que “la violencia de género en cualquiera de sus modalidades, genera consecuencias no solo en el plano individual, con la afectación concreta de derechos fundamentales y humanos de las mujeres, sino también en la sociedad en su conjunto, que ve reproducirse a roles y estereotipos que justifican y avalan las desigualdades de las mujeres”.
Dice por último, que “las desigualdades incluso a las que son sometidas después de realizar las denuncias, con todo lo que ello implica, profundiza las diferencias económicas, remunerativas e incluso y como consecuencia en las tarea de cuidado”.
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