El tribuno de cuentas del Frente Cívico en la Municipalidad de Villa Carlos Paz, Gustavo Molina, denunció este miércoles que la coordinadora General de Gabinete, Soledad Zacarías, se autoconcedió un ascenso en un cargo de planta municipal, violando la ordenanza N°5922.
El decreto, el primero de 2025, lleva, además, la firma del intendente Esteban Avilés. El documento, explica Molina a través de un comunicado, “surge de un convenio firmado a finales del año pasado entre el Ejecutivo y el sindicato de empleados municipales, en el que se incluye un ascenso para varios agentes municipales de la planta permanente”.
Agrega que “lo que ha llamado la atención es que Soledad Zacarías, quien firmó el decreto en su calidad de secretaria, también se benefició directamente con un ascenso, siendo empleada de planta permanente. Esta situación es considerada como una contradicción con la Ley de Ética Pública y los principios de transparencia que deben guiar la gestión de un funcionario público”.
Molina expresó su disidencia por escrito, destacando que “el decreto se contrapone a la Ordenanza N°5922, específicamente en los artículos 5 y 11”. Además, señaló que Soledad Zacarías lleva más de nueve años ocupando distintos cargos políticos y jerárquicos, dejando de lado las tareas propias de su puesto como empleada de planta permanente. “En este instrumento legal, la secretaria actúa como juez y parte”, advirtió Molina.
Puntualmente, la ordenanza establece el Código de Ética Pública de la principal ciudad del valle de Punilla. En el artículo 5 apunta que “(…) El funcionario público debe actuar con rectitud y honradez, procurando satisfacer el interés general, desechando todo provecho o ventaja personal obtenidos por sí o por interpósita persona”.
Mientras que en el 11, indica que “el funcionario público no debe realizar actos discriminatorios en su relación con los ciudadanos o con los demás agentes de la administración municipal. Debe otorgar a todas las personas igualdad de trato en igualdad de situaciones. Se entiende que existe igualdad de situaciones cuando no median diferencias que, de acuerdo con las normas vigentes, deban considerarse para establecer categorías o una prelación. Este principio se aplica también a las relaciones que el funcionario mantenga con sus subordinados”.
“La Ley de Ética Pública establece que un funcionario no debe participar en decisiones que lo beneficien directamente, ya que esto supone un evidente conflicto de intereses. Sin embargo, el decreto que otorga ascensos no solo incluye a Zacarías, sino que también fue firmado por ella misma”, concluye Molina.
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