El problema argentino es político, social y judicial. Lo económico es la fiebre, pero no la enfermedad. En la década de 1980, éramos el país con el mayor ingreso per cápita en América; hoy, el tercero. Somos el país de menor crecimiento en su producto interno bruto (PIB) en 40 años. Uno de los de mayor inflación en el mundo. El de mayor pobreza acumulada.
El default de deuda soberana argentino fue el más grande del siglo 20. Sería de muy mala fe hablar sólo de incompetentes gobernantes o de programas económicos equivocados. Hubo 14 años de gobiernos neoliberales (Carlos Menem-Mauricio Macri) y 14 años de gobiernos de izquierda bolivariana (Néstor Kirchner, Cristina Fernández-Alberto Fernández). Idénticos fracasos en términos de crecimiento económico, inflación y pobreza.
SISTEMA DE ACUMULACIÓN
Estamos en presencia de un único sistema de acumulación de poder político, económico y sindical impregnado de corrupción y con impunidad garantizada por la Justicia. Este es el momento histórico de cambiar. La corrupción en la Argentina no es un simple delito penal o un crimen trasnacional. Es el fundamento de los procesos de acumulación de poder.
En la Argentina de 2022, resulta difícil encontrar poderes políticos, económicos o sindicales que no estén impregnados de corrupción. Ese modelo de poder atraviesa la grieta y tiene impunidad garantizada por la Justicia.
Un plan plurianual en serio, que genere seguridad jurídica, no puede limitarse al déficit fiscal, al ajuste salarial, a los plazos de pago de la deuda y a las sobretasas de interés.
Como dice el presidente Alberto Fernández, hay que tener memoria. El default de deuda soberana de 2001 fue aplaudido por la clase política y sindical de la época y trajo un 60 por ciento de pobreza y de indigencia y una caída del PIB de casi el 20%.
Tardamos 10 años en recuperarnos de esa caída.
Memoria de que toda esa “defaulteada” con aplausos fue íntegramente pagada 15 años después con intereses y honorarios millonarios en dólares. Los fondos buitre ganan siempre.
CINCO COMPROMISOS
-1: Déficit fiscal progresivo, con plazos y montos proporcionales a los ingresos fiscales y respeto al ingreso per capita de los argentinos.
-2: Fijar como limite a la toma de deuda externa el 43% del PIB argentino (Tratado de Maastricht).
-3: Reformar el Código Penal y el Código Procesal Penal Federal, declarando que la segunda instancia es sentencia definitiva y de cumplimiento efectivo. Esta reforma de los códigos termina con la vergüenza de la impunidad de los delitos del poder y colabora de manera eficaz en la seguridad jurídica con los compromisos de pago de deuda argentina.
-4: Imponer la regla consagrada por la Convención Americana sobre Derechos Humanos de alta “autoridad moral” para la designación de jueces y funcionarios públicos. El cinismo argentino elitista que rechaza a la moral como fundamento del derecho deberá leer muy bien los tratados de derechos humanos.
-5: Cumplir con la resolución 1/18 de Bogotá, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y crear una estructura estatal independiente de lucha contra la corrupción siguiendo en esa materia el ejemplo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde).
Es necesaria una única ley de ejecución simultánea, siguiendo la técnica legislativa de los tratados de derechos humanos que contienen en un mismo cuerpo legalidad sustancial y procesal.
LA PARTE DE LA CORRUPCIÓN
El ajuste inevitable para pagar la irresponsable deuda externa debe pasar por las riquezas acumuladas por la corrupción y no por los salarios o las jubilaciones.
De nada sirven programas económicos brillantes en una sociedad que en un 82% desconfía de la Justicia.
Paolo Mauro, economista del Banco Mundial, elabora un modelo matemático que muestra el impacto de la corrupción en el crecimiento del PIB.
Los argentinos debemos entender de una buena vez que la corrupción es economía y no un simple pecado religioso ni una broma política. Con alta corrupción, no existe ninguna posibilidad técnica de crecimiento económico ni de lucha contra la inflación o contra la pobreza.
El Informe de la Comisión de Expertos del Colegio de Abogados de Córdoba de octubre de 2018 estima que los sobrecostos en la obra pública argentina (25% a 30%) representaron 30 mil millones de dólares en 10 años.
Este es el sistema de poder que debemos cambiar a la hora de firmar un plan plurianual de pago de deuda externa. No será nada fácil, porque la fuerza de ese sistema de poder atraviesa la grieta. Pero nuestros gobernantes deberán entender que esta nueva crisis de deuda es al mismo tiempo una ventana de oportunidad para cambiar un modelo de poder que sólo genera decadencia en una sociedad que obstinadamente sigue defendiendo a la democracia.
VER OTROS ARTÍCULOS DE JUAN CARLOS VEGA.
* Juan Carlos Vega es abogado y sociólogo y ex presidente de la Comisión de Legislación Penal de Diputados de la Nación.
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