El edificio de la Jefatura de Policía de Córdoba.
Para el capo cómico Peter Capusotto la realidad siempre esconde un absurdo. El escándalo de la Policía de Córdoba es mayúsculo y la institución policial como el gobierno provincial tratan de tapar el sol con las manos. La gravedad de las declaraciones del segundo hombre en la línea de mando policial de Córdoba, Gustavo Folli Pedetta, es devastadora. Admite que las 1500 armas que se denuncian en una auditoría interna como faltantes, pueden efectivamente faltar, pero también podrían sobrar. No sabe o no quiere hablar. Y en una fuerza “armada”, donde prima la verticalidad funcional, si el jefe no sabe, ni controla, no manda. En cambio, si no quiere hablar, está “protegiendo” al cuerpo armado al que pertenece, una primacía inadmisible para el sistema democrático, donde las fuerzas armadas y de seguridad dependen del poder civil. Esto es, de la sociedad y de los ciudadanos.
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La Policía es una fuerza de seguridad, armada para proteger los derechos y la vida de los habitantes de la provincia. Salvando las diferencias, es como si, hipotéticamente, los presidentes Donald Trump (EE.UU) o Vladimir Putin (Rusia) recibieran un informe indicando que les faltan 10 misiles nucleares de sus arsenales y sale el sub-jefe de las Fuerzas Armadas diciendo que el informe era incompleto y que podrían faltar o sobrar misiles. Los responsables de cuidarlos deberían ser sancionados, sometidos a investigación judicial y excluidos de su función de modo inmediato. Sea por presunción de ineptidud, por falta de control de sus subordinados, o por la comisión de algún delito. Sería un peligro mundial, una crisis tan grande como ninguna de las que conocemos hasta ahora. Aquí no es un riesgo planetario, pero es un gravísimo problema para los cordobeses. Es una crisis, pero el gobierno provincial parece no querer darse cuenta que está sentado sobre un barril de pólvora y con la mecha encendida.
Es un ecuación que lleva al mismo sitio: Si las armas faltan, ¿dónde están? Si las armas sobran, no se sabe quién las tiene.
El primero desde la izquierda es el sub-jefe de Policía, Gustavo Folli Pedetta.
Es un ecuación que lleva al mismo sitio: Si las armas faltan, ¿dónde están? Si las armas sobran, no se sabe quién las tiene. En los dos casos hay incumplimiento de los funcionarios a cargo, que deben resguardarlas y tenerlas perfectamente identificadas. Se trata de un arsenal y como ha dicho en declaraciones radiales el ex ministro de Seguridad de la provincia durante las gestiones radicales, Arturo Capdevila, “las armas que no están, necesariamente las tiene la delincuencia”. Además de grave, revela la existencia de un gigantesco descontrol. Si fuera como dice Capdevila, ¿cuántos delitos se cometieron con armas que el Estado y la sociedad brindaron a la Policía para protegerla y garantizar sus derechos? Hay un daño real y un daño simbólico. El primero es objetivo y tangible, el segundo tiene que ver con el descrédito de las instituciones. Es intangible. Las instituciones funcionan sobre el supuesto del acto absoluto. No es admisible la falla porque el resultado es la pérdida de confianza en el Estado y sus herramientas. Vulgarmente, es quedarse sin autoridad. En el 99% de la vida de las sociedades, el poder se ejerce socialmente de modo simbólico y el uso de la fuerza es un recurso excepcional. Sin “autoridad moral”, ¿quién le hace caso a un funcionario o un agente estatal?
¿Cuántos delitos se cometieron con armas que el Estado y la sociedad brindaron a la Policía para protegerla y garantizar sus derechos? Hay un daño real y un daño simbólico.
Cabe realizar una aclaración informativa: de acuerdo a la información existente, entre la auditoría de 2017 y la de 2007 hay un faltante de 1.500 armas. El caso fue denunciado por el abogado Marcelo Touriño y es investigado por la fiscal Milagros Gorgas. Hasta anoche no había respuestas políticas.
Está claro que la provincia no tiene una política de seguridad adecuada y sostenible. Desde la dictadura la policía se puede afirmar que se auto gobierna. Sólo algunos tímidos actos de intervención, como el caso del Tribunal de Conducta Policial, no alcanzaron para modificar el núcleo de esa política. El peronismo no cambió o no pudo cambiar el punto de vista de los radicales sobre este punto y desde la primera gestión de José Manuel De la Sota en 1999, esta enorme fuerza manejó la seguridad a su antojo. Está claro que ese modo de gestionarla no tiene buen destino y es una deuda de las fuerzas democráticas.
Está claro que la provincia no tiene una política de seguridad adecuada y sostenible. Desde la dictadura la policía se puede afirmar que se auto gobierna.
Una muestra de los dramas de la autonomía policial lo puso en carne viva la huelga policial de diciembre de 2013 que culminó con saqueos y un muerto. Hay que sumarle el narcoescándalo, donde los hombres de la división que investigaba a los narcotraficantes apareció vinculada a negocios ilegales, aunque la Justicia Federal desestimó luego a parte de esos argumentos. Desde 2016 han sido numerosos los hechos en los que policías se han visto involucrados en hechos delictivos.
Con este nuevo y disparatado episodio queda demostrado otra vez que el autogobierno policial no es eficaz, además de peligroso. Es una obligación desmontarlo para evitar nuevos y mayores males.
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